Más ajuste y devaluación
POR FORO ECONOMÍA Y TRABAJO
Atendiendo a los antecedentes de los actores, la fase de “recrudecimiento monetario” e intervención en el mercado cambiario determinada por Javier Milei, que ejecutan el ministro de Economía Luis Caputo y Santiago Bausili [1], presidente del Banco Central, obligan a resaltar una hipótesis, aun considerando otras, sobre su objetivo: garantizar a los fondos de inversión, grupos financieros y otras corporaciones empresarias los dólares de sus colocaciones especulativas, más el notable resultado obtenido a consecuencia de la mega devaluación de diciembre, para que puedan fugarlos del país.
Esto conlleva una presión mayor sobre el tipo de cambio debido a la salida de dólares, que pone a la Argentina en las puertas de una nueva devaluación de la moneda nacional y una híper-recesión. No pueden ignorarse, a la vez, las exigencias de una devaluación, por un lado, del Fondo Monetario y, por otro, de los agroexportadores para liquidar la cosecha.
Así, se promueve, con el círculo vicioso de fuga de capitales, endeudamiento y ajuste fiscal, la economía del desastre que, como siempre, en favor de los negocios de los muy ricos y las grandes corporaciones, pagamos la inmensa mayoría de los argentinos.
El sendero estructural
La manifiesta precariedad de la estrategia financiera del gobierno, su incapacidad para conseguir los dólares para cubrir las necesidades de la economía y los vencimientos de la deuda nos llevan a puntualizar aspectos determinantes de su política económica y monetaria, así como sus efectos sobre la economía real en general. En particular sobre la industria, la construcción, la pequeña y mediana empresa, el cooperativismo y —esencialmente— sobre las y los trabajadores activos, con o sin empleo formal, los jubilados y pensionados.
La caracterización de la trayectoria del gobierno, a mediados de julio de 2024, amerita mencionar como hechos relevantes:
- La sanción de la Ley 27.742 denominada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que incluye la delegación en el Ejecutivo de facultades legislativas inconstitucionales e impone un grave retroceso en materia de derechos de los trabajadores, legalizando el fraude laboral; además, consagra un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para constituir enclaves fiscales en el territorio nacional, condenando al Estado argentino a litigar fuera de la natural jurisdicción nacional ante cualquier exceso o incumplimiento.
El RIGI supone excesivos beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios, con estabilidad por 30 años, con sus propias normas y sin obligación de liquidar sus exportaciones a partir del quinto año de ejecución del proyecto o de abastecer al mercado interno.
- La simultanea aprobación en el Congreso de la Ley 27.743 Medidas Paliativas y Relevantes —que incluye un blanqueo de capitales que premia la evasión y tiene medidas tributarias regresivas, como la reinstalación del impuesto al salario—, que, combinada con la anterior, permite sortear la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos.
- La validación de la vigencia del inconstitucional DNU 70/23, pues la mayoría de la Cámara de Diputados no se abocó al estudio de sus efectos perjudiciales para la economía nacional, entre otros el desmantelamiento de nuestro sistema de precios internos, liberándolos, habilitando un alza brutal de los alimentos, medicamentos, tarifas de gas y energía, internet, telefonía celular, insumos para la producción y otros bienes o servicios esenciales para la vida y la producción.
- La firma del denominado Pacto de Mayo, que es una actualización del neoliberal y anacrónico Consenso de Washington en un mundo multipolar.
- El Presidente Javier Milei declama la eliminación del déficit fiscal, no por vía de mayores ingresos, sino por el achicamiento del Estado. Mientras la realidad dice que no se logra la estabilización del mercado de cambios ni la recomposición de las reservas del BCRA, y se convierte en deuda pública el déficit fiscal y la llamada “bomba de las Leliq” (letras de liquidez del Banco Central-déficit cuasi fiscal).
Acumulación de deuda pública
Así es que, en el primer semestre del año, la deuda pública se incrementó en 65.001 millones de dólares; la mayor parte en títulos del Tesoro en pesos, pero ajustables por inflación (la conversión de pesos a dólares lo hace la misma Secretaría de Finanzas de la Nación), pues el gobierno decidió entregar títulos de deuda por el déficit fiscal del año 2023 e intenta solucionar el desarme de esa “bomba de las Leliq” traspasando toda la deuda al Tesoro de la Nación, es decir, armando otra.
Se estima que, del total de la deuda publica así acumulada, unos 18.000 millones de dólares tienen un seguro de liquidez denominado puts. Este permite al tenedor vender el bono asegurado (título público) y obliga al Banco Central a comprárselo al valor del día previo y emitir pesos, con lo que el crecimiento de la base monetaria (la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el BCRA) depende más de la venta de esos títulos del Tesoro, que de emitir para financiar el déficit fiscal.
A la vez, mediante el DNU 594/24, el gobierno aumenta el gasto presupuestario en el corriente año en 38.876.036 millones de pesos (es un aumento del 70,5% sobre el presupuesto vigente), y en su financiamiento contabilizan el endeudamiento de 9.495.756 millones de pesos, de los cuales 7.005.172 millones de pesos son colocaciones de títulos del Tesoro de la Nación en moneda nacional, 1.516.684 millones en títulos de deuda en el mercado externo y 973.900 millones de pesos son adelantos transitorios del BCRA.
A esa suma se le debe agregar que —con la firma de Javier Milei— el DNU 602/2024 crea la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) a cargo del Tesoro de la Nación por 20 billones de pesos, para comprar los encajes remunerados de los bancos. El monto de los intereses que devenguen esas LeFi será depositado por la Secretaría de Hacienda de la Nación en el BCRA (tal lo establece el artículo 6 del DNU 602/2024), e implica un gasto fiscal mensual de no menos de 700.000 millones de pesos (siempre y cuando la inflación no se dispare), suma que, acumulada hasta fin de año, no es menor a cuatro billones de pesos.
En simultáneo, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, presentó el día 15 de julio de 2024 un requerimiento ante el presidente del BCRA, Santiago Bausili, para que informe si es cierto que, en el mes de junio de 2024, fueron enviados lingotes de oro de las reservas internacionales de la autoridad monetaria al Banco de Basilea o a otra institución del exterior, como prenda o cesión en caución, para recibir como contrapartida un crédito en divisas. Se estima que el Banco Central tiene en oro alrededor de 4.700 millones de dólares, de los cuales en el Banco de Basilea ya habría el equivalente a unos 500 millones de dólares, más los 450 millones que se sospecha que se trasladaron ahora. El también diputado nacional Palazzo solicitó saber si esto es así, si hubo un Acta de Directorio del Banco Central, si se abrió el expediente correspondiente, si se le comunicó a la Sindicatura del BCRA y en base a qué atribuciones y facultades se adoptó la medida y por qué razones.
Política monetaria y cambiaria
Con relación a la política cambiaria, el BCRA compra dólares en el Mercado Único y Libre de Cambio (mercado oficial de compra y venta de divisas) y la emisión de pesos equivalente comenzó a ser esterilizada con la venta de dólares en el mercado de contado con liquidación (CCL).
Esto implica que por cada dólar que compra en el mercado oficial, el BCRA emite 930 pesos al cambio actual y los reabsorberá vendiendo en CCL (que cerró, el día jueves 18 de julio de 2024, a 1.325,09 pesos). El mercado de CCL es el mercado de fuga de capitales, compran títulos y acciones o reciben directamente dólares para sacarlos del país.
Así aumenta la oferta de divisas en el CCL, lo que también constituye indirectamente una presión a los acopiadores y comercializadores de granos, que según las Cámaras que los nuclea, retienen exportaciones por 42 millones de toneladas, por un valor de 15.000 millones de dólares. Estos a su vez reclaman para liquidarlas una devaluación, por la que también presiona el Fondo Monetario atento a los vencimientos de la deuda.
Es poco probable que los exportadores le vayan a vender al BCRA al tipo de cambio oficial (930 pesos) para que, a su vez, la autoridad monetaria los revenda a 1.455 pesos. Esto no sucedió nunca y no vemos que vaya a suceder “voluntariamente” en el presente.
El gobierno, con el pretexto de achicar la brecha entre ambos mercados (el oficial —MULC— y el paralelo —CCL—), empeña los lingotes de oro para que quienes compraron títulos en pesos (y ganaron fortunas con ello por la inflación desde diciembre de 2023) ahora puedan transformar esa súper ganancia en dólares y fugar ese capital. Ese es el mecanismo precario de endeudamiento y fuga que propicia Javier Milei, ante la imposibilidad de acceder al crédito internacional.
Economía real
En términos macroeconómicos, el Poder Ejecutivo se encuentra en serias dificultades para cerrar las cuentas del año. Sin capacidad de fijar el tipo de cambio, con compromisos de pago de deuda hasta fin del año 2024 de alrededor de 13.000 millones de dólares [2] y ante la negación del FMI de conceder al país una ampliación del crédito.
Mientras tanto, el costo de la errática política económica de estos siete meses muestra retracción de la actividad, sostenimiento de la inflación, aumento del desempleo, destrucción de empleos y deterioro de los salarios reales.
Un documento de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) muestra que la recesión tiene un potencial explosivo en el mundo del trabajo. Basado en información que recolectaron los delegados sindicales de 36 gremios entre 61.728 empresas de 18 sectores diferentes, fue presentado el 11 de julio por Ricardo Pignanelli, que preside la CSIRA, junto a los secretarios generales de los sindicatos que la integran. Lo hicieron en presencia de cinco gobernadores, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Gerardo Zamora. Las conclusiones son impactantes: el 90% de las empresas del sector experimentó caída de ventas con relación a diciembre, el 80% redujo personal con despidos, suspensiones o jubilaciones anticipadas y solo el 56% puede pagar los sueldos en término.
Contra la campaña publicitaria del oficialismo sobre la recuperación de la actividad en “V”, la crisis se espiralizó en los últimos dos meses y la cantidad de gremios que declara haber sufrido suspensiones escaló del 34,4% al 60%. En ese lapso, el 90% de las industrias decidió recortar las horas extra, los retiros voluntarios (que encubren despidos) aumentaron: si en mayo las empresas que declaraban haberlo implementado eran el 56,5%, ahora son el 80%. En la industria, las expectativas (el otro gran activo que vendía Milei) son parte del pasado: el 95% considera que en los próximos seis meses la situación será peor.
El resultado es una constante declamación de logros políticos en convivencia con una política monetaria errática que considera el funcionamiento de la política macroeconómica como si fuera una máquina donde no hay personas; en tanto, su aplicación produce un empeoramiento de las variables financieras, económicas y sociales además de un gobierno, ya sin tiempo, que no resuelve en ninguno de los ámbitos.
La proclamada profundización del esquema monetario, expuesta por el Presidente y su ministro de Economía, consiste en un intento extremo de reducir a cero la emisión de dinero, para así lograr, por la falta de pesos en el mercado, que se frene la demanda de dólares y desaparezcan los aumentos de precios. Este diagnóstico surge de una visión fundamentalista de las autoridades que hace depender el comportamiento de los precios y la suba del dólar exclusivamente de la emisión monetaria.
Por experiencia y por un análisis económico más amplio, sabemos que no es así. En cambio, lo que es indudable es que esa política de ajuste monetario salvaje va a provocar una profundización de la recesión y una perspectiva claramente negativa, por lo tanto, para la actividad económica. Esta es una perspectiva admitida incluso por el ministro Luis Caputo en sus recientes encuentros con empresarios de sectores productores de bienes de consumo masivo, asumiendo como un mal menor la recesión, frente al objetivo de derrotar la inflación.
Lo que viene es más devaluación y ajuste
En ese contexto, es necesario advertir que, más allá de las dudas con respecto a si estas medidas podrán resultar o no en una baja de inflación y menor presión sobre el dólar, lo que es evidente y más preocupante es que frente a esa perspectiva de mayor recesión, el efecto inmediato sea la aceleración de los procesos de reducción de personal por parte de las empresas que venden sus productos, ya sea bienes o servicios, al mercado interno. Y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, en muchos casos, directamente su cierre.
En definitiva, las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía y el BCRA disponen el uso de las reservas del Banco Central para intervenir el mercado financiero. Los dólares disponibles se venden en el CCL, por lo que aseguran a los fondos de inversión de afuera junto a corporaciones económicas que operan en el país el acceso a estos dólares. De esta manera, Luis Caputo y el BCRA les están asegurando a los fondos financieros que ingresaron luego de la devaluación de diciembre de 2023 la salida del país luego de haber usufructuado la bicicleta financiera tras la última devaluación. Al no devaluar, Caputo está asegurando que sus habituales clientes que entraron a hacer tasa en dólares puedan realizar sus ganancias y pasarse de pesos a dólares para salir del país.
Es decir, el Ministerio de Economía y el BCRA, manteniendo el volumen y precio del CCL, facilitan que los Fondos de Inversión saquen todos los dólares resultantes de sus inversiones especulativas. Esto induce a concluir que las reservas del BCRA bajarán hasta que estos grandes especuladores puedan salir de la Argentina, llegando a un nivel de reservas mínimo que no deje otro camino que la renuncia de Caputo y su equipo económico, para luego producir una mega devaluación con un mayor ajuste fiscal.
Esto potenciará, hacia magnitudes sin precedentes, la crisis económica, social y política que estamos atravesando y nos lleva a reiterar la urgencia de aunar esfuerzos en pos de un acuerdo social y federal, con compromisos básicos expresamente definidos, basado en un plan común a los sectores nacionales y regionales del trabajo y la producción, para revertir la destructiva “terapia de choque” del gobierno, superar la dinámica de “economía del desastre” que nos está imponiendo y sobre todo responder a las necesidades impostergables de nuestro pueblo.
Ejes para un acuerdo social y federal
Recordamos los ejes necesarios del acuerdo social y federal que propusimos en marzo de 2024:
- La declaración de la emergencia alimentaria, con un programa de precios obligatorios asequibles que garantice la alimentación y consumos básicos de toda la población, desacoplando los precios internos de los de exportación.
- La inmediata recuperación del poder de compra de los salarios, jubilaciones, salario social complementario, y asignaciones familiares.
- Una renegociación integral a cargo del Congreso de la Nación (art. 75 de la Constitución nacional) de la deuda externa e interna, pues el Poder Ejecutivo no está ni facultado ni capacitado para ello. Con la condición de una estricta auditoría de estas, en particular de la contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, con comisión de fraude, sin aprobación del Congreso de la Nación y vulnerando el estatuto de ese organismo.
- Una reforma tributaria progresiva, para un equilibrio fiscal basado en la capacidad acorde a las ganancias reales de los contribuyentes y una coherente ley de coparticipación federal acorde con la población, el aporte al Producto Bruto Interno nacional y los índices sociales de cada provincia.
- Control del comercio exterior, estricta administración de las reservas del Banco Central y medidas cambiarias que vinculen nuestras relaciones económicas exteriores con el fortalecimiento del mercado interno y la moneda nacional.
- Impulso al ahorro nacional en un sistema financiero no especulativo, con una banca pública consolidada y una ley de servicios financieros que ratifique su carácter de servicio público.
- Un programa federal de industrialización, que incluya un plan de obras públicas de infraestructura, que coadyuve en la creación de empleo y en la ejecución de las inversiones necesarias para el desarrollo económico y social con justa redistribución del ingreso
