Llevarán al Senado un documento contra las privatizaciones, el desmantelamiento de organismos públicos, los cambios a las leyes laborales y los incentivos a las inversiones, que afectarán negativamente a trabajadores y empresas nacionales.
( Por Raúl Dellatorre/ Página 12/ Director de Motor Económico ) A través de un «pronunciamiento unitario», más de 15 organizaciones pyme representativas del sector harán público este martes su rechazo al proyecto de Ley Bases y Principios del gobierno nacional, destacando su oposición a las privatizaciones y desmantelamiento de organismos públicos, a reformas de la legislación laboral «en beneficios de grandes empresas y en perjuicio de los trabajadores» y al régimen de incentivos a grandes inversiones extranjeras «en perjuicio de las empresas nacionales existentes».
Las entidades convocantes solicitarán al Senado «el rechazo liso y llano de la denominada ley Bases, en razón de que el proyecto no prevé ni establece posibilidad alguna de aplicación de los mínimos presupuestos básicos propios de un país con una industria soberana en desarrollo, que sea innovadora y proveedora de puestos de trabajo calificados».
Ya hubo contactos con integrantes de la cámara alta, no sólo del bloque de Unión por la Patria sino también con aquéllos que, si bien son opositores, mantienen posiciones «dudosas» frente al proyecto de ley. «Algunas respuestas son sorprendentes, aunque parezca mentira, nos decían que entre los legisladores prevalece la idea de que el proyecto es apoyado por todas las pymes, por la incorporación del régimen de empleo simplificado, el blanqueo y algún otro punto. Nos costó convencerlos de que eso no es cierto, aunque sabemos quienes trabajan para armar esa burbuja», contó uno de los referentes y motorizadores del encuentro unitario de las pymes.
Esto ocurre en el marco de un derrumbe sin precedentes de la producción industrial en tan poco tiempo como el transcurrido desde el inicio del actual gobierno. Y en un cuadro de situación en el que ni las grandes empresas, como en el caso de las terminales automotrices, se salvan, aunque son sus proveedores pymes los que pagan la peor parte.
Esta semana se conocieron los datos oficiales sobre actividad industrial para el mes de marzo. Según describe David Cufré en su Panorama Económico de este sábado en Página/12, «los 16 bloques fabriles terminaron el mes con menos producción que el año pasado, y el 90 por ciento de los 68 subsectores que forman parte de cada bloque también sufrieron el derrumbe. Solo esquivaron la contracción un puñado de rubros vinculados a la industrialización agropecuaria, como la molienda de oleaginosas o la producción de agroquímicos, que en 2023 tuvieron números muy negativos por la sequía».
La descripción refleja claramente la situación actual. Pero a ello se suma la proyección de especialistas y cámaras empresarias, que anticipan que el año podría terminar con un desplome inédito cercano al 30 por ciento», según señala la nota mencionada.
El entramado pyme sufre las consecuencias y, en más de un caso, casi como una agonía. Las circunstancias explican, en gran medida, que se esté alcanzando en este caso un ejercicio de unidad en la respuesta como quizás, lamentablemente, hace mucho tiempo no ocurría. Los articuladores de ese esfuerzo señalan que ya hay 15 organizaciones respaldando, «pero se van sumando más a cada momento».
Por ahora, la lista de participantes del llamado a resistir la ley Bases incluye a Asamblea Pyme (Apyme), Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer y la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe (FISFE), entre las más conocidas a nivel nacional. La última es además integrante de peso de la Unión Industrial Argentina, con una vicepresidencia regional a su cargo.
Además de las mencionadas, también convocan otras organizaciones de más reciente formación (Movimiento Productivo 25 de Mayo, Frente Productivo Nacional, Confederación Federal Pyme Argentina), del asociativismo (Mesas de Asociativismo y Economía Social, MAYES), varias uniones industriales locales (Berazategui, San Martín, Moreno) y parques industriales (Plátanos, provincia de Buenos Aires).
Uno de los borradores del documento que ya circula entre las entidades, que el martes se presentará en un encuentro convocado bajo la consigna «Sin pymes no hay desarrollo # Frenemos la ley», señala:
«El proyecto de ley “Bases» no debe ser aprobado por, entre otros, los siguientes motivos:
a) Habilita privatizaciones de empresas públicas o la reducción de sus funciones y capacidades, cuando no la mera eliminación de empresas y de organismos públicos de notoria importancia para el desarrollo productivo de nuestro país, como el INTI y el CONICET.
b) Reforma la totalidad de la legislación laboral en beneficio de las grandes empresas y en perjuicio de los trabajadores y, en consecuencia, de la Micro, la Pequeña y la Mediana Empresa;
c) Extiende de modo automático los plazos y las condiciones de las concesiones energéticas en favor de los grandes concesionarios;
d) Establece un régimen de beneficios a grandes inversiones (RIGI) -sin tener en cuenta que las inversiones sustentables dependen fuertemente de la demanda y no de ventajas arancelarias, impositivas o legales- en perjuicio de las empresas nacionales existentes y en condiciones que habilitan el lavado de capitales provenientes del narcotráfico u otros orígenes ilegales. Y que significan una inaceptable entrega de nuestros recursos naturales y la primarización de la economía local;
e) Reinstala la fallida experiencia del régimen de jubilaciones privadas, lo que pulveriza el poder de consumo de la población en detrimento del universo Pyme».
«Por ello, los representantes del empresariado nacional PyMe, luego de un análisis crítico del total del contenido de la denominada ley “Bases”, solicitamos enfáticamente de las y los senadores nacionales su rechazo liso y llano», concluye.
Más que un llamado de atención, el mensaje de las organizaciones pyme es un grito desesperado, reflejo de la situación de un núcleo clave en el entramado productivo y social del país.
