“Nos unimos o nos fundimos”

( Por Andrés Miquel) El primer Día del Trabajador de la era Milei juntó a empresarios y trabajadores. «Hablamos el mismo idioma», dice Daniel Rosato de Industriales PyMEs Argentinos.

“Hay que marcarle al gobierno que va por mal camino porque están en riesgo nuestras empresas.” Al frente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato explica la razón que motivó al colectivo de empresarios a marchar junto a la CGT el 1 de mayo, donde también participó el gobernador Axel Kicillof. Desde su mirada, en caso de que las políticas de Javier Milei continúen en esta dirección, en pocos meses el desempleo crecerá exponencialmente. Recuerda que se está replicando el modelo económico de los años noventa, por lo que será más barato importar que producir: “Donde hoy se necesitan 300 empleados se van a necesitar tres en una oficina”.

Rosato es dueño de una papelera en el Parque Industrial Plátanos, en el municipio de Berazategui. Afirma que todas las medidas tomadas por el Gobierno nacional, empezando por la devaluación de Luis “Toto” Caputo en diciembre de 2023, llevaron a las PyMEs industriales manufactureras a un estado crítico. 

De las más de 50 mil PyMEs de esta categoría que hay en el país, casi el 50 por ciento están en la provincia de Buenos Aires.

Según el último informe del Observatorio de IPA, a nivel nacional se perdieron 16.780 puestos de trabajo en PyMEs industriales en lo que va del gobierno de Milei. Cerca de la mitad fueron en la provincia.

Este escenario, explica Rosato, es producto de una batería de medidas del Gobierno nacional que, a raíz de la mencionada devaluación, redujeron el poder adquisitivo de los trabajadores en el primer trimestre de gestión libertaria en un 24 por ciento. Esto, indica el informe de IPA, desplomó el consumo y la actividad manufacturera.

El propio ministro de Economía de la provincia, Pablo López, publicó hace pocas horas el dato oficial que mide la caída de la actividad industrial bonaerense. «El diagnóstico de la recesión se agrava», escribió López al mostror que el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera arrojó que en enero la actividad cayó más de un 15 por ciento. 

Por eso el dirigente industrial considera que “hay objetivos en común con la CGT, porque queremos evitar el cierre de fábricas, porque dentro de seis meses la situación va a ser dramática”. A su vez, coincide con la premisa que días atrás expuso el asesor del Ministerio de Trabajo bonaerense Luis Roa en una nota publicada por este medio: “El derecho laboral no crea ni destruye empleo, eso lo hace la economía”.

Con esta bandera y a la espera de continuar fortaleciendo el lazo con la central obrera, Rosato apunta que la etapa de reunirse con secretarías y funcionarios sin poder de decisión quedó atrás: “Hay que ir donde se toman las decisiones políticas, que es el Ministerio de Economía o con el Presidente”.

Mismo idioma

A pesar de algunas diferencias o falta de coincidencia sobre algunas cuestiones, Rosato asegura a Buenos Aires/12 que con la CGT hoy “habla el mismo idioma”.

«Hoy lo sindicatos reciben a las empresas que les explican las suspensiones, que habrá achiques de jornadas laborales y que les avisan que cuando se levante el cepo nos invaden los productos importados”, argumenta el referente empresarial.

Considera que, junto a los gremios, se debe armar un “frente de lucha” basado en acciones concretas. “No se trata solamente de hacer gestiones, hay que actuar, porque las gestiones quedan en los escritorios”, remarca. 

Rosato indica que el pedido al Gobierno nacional es la conformación de una mesa de diálogo con las PyMEs y la CGT para “poner sobre la mesa la crisis que estamos viviendo”. Esta situación es una consecuencia de medidas como la caída de un 80 por ciento en la inversión pública que tiene un efecto multiplicador en el resto de los niveles de la actividad manufacturera, señala el informe de IPA.

“Si no hacemos nada, los dirigentes seremos responsables”, afirma Rosato, y sostiene que no marcha ni se reúne “por la foto”. “Necesitamos que en el gobierno entiendan que van a destruir industria nacional”, señala.

Cuenta que, por estos días, son muchos los empresarios que, habiendo vivido los años noventa, pretenden bajar la producción y comenzar a importar. “Como Estado me debes dar las condiciones para producir porque si no me hundís”, afirma. “Si la energía acá en vez de 10 la pago 20, los impuestos me representan el 60 por ciento del costo, y el financiamiento es más caro mientras Brasil invierte 60 mil millones de dólares con aportes no reembolsable para generar PyMEs, es difícil”, esgrime el presidente de IPA.

“Vamos junto a la CGT a pedirle al Gobierno nacional y vamos a ir al Congreso para que los legisladores trabajen pensando en la gente y que no les importe su quintita”, sentencia Rosato.   

“Esto ya se vivió”

Rosato justifica su postura antagónica a la visión macroeconómica que plantea Milei tomando como referencia la Ley de Bases que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. “El régimen de inversiones está pensado para las grandes empresas, está pensado para desarticular los controles sobre las importaciones, porque a los grandes los van a beneficiar con la quita de impuestos, pero a las PyMEs no”, indica el titular de IPA.

En varias ocasiones repite que “esto ya se vivió” en alusión al gobierno de Carlos Menem. “Apertura de importaciones, un tipo de cambio apreciado como fue la convertibilidad, y una búsqueda de grandes inversiones que, con la quita de aranceles a las importaciones y a las exportaciones, van a traer los insumos desde su país de origen y se van a llevar los dólares”, remarca.

La postura de Rosato se basa en los 64 artículos de los 265 que componen la Ley de Bases están destinadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Les quita el impuesto PAIS a las grandes empresas durante 30 años y hasta podrán traer maquinaria usada, ¿cómo se pueden ser competitivas las PyMEs con estas condiciones?”, se pregunta el empresario.

El RIGI impulsado por el Gobierno nacional también fue criticado por Elio del Re, titular de la Asociación Industriales de Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En una opinión publicada en el diario Perfil, el dirigente asegura que “los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15 y el 35 por ciento del valor total de los bienes”.

Rosato tiene la misma lectura y advierte la dificultad de poder modificar este rumbo para la economía cuando, por ejemplo, empresas como Techint que ostenta una situación monopólica en el mercado del acero “tienen funcionarios en el Gobierno nacional”.

Las PyMEs tenemos el costo de los monopolios, por eso el Estado debe dar herramientas para que bajen esos costos”, pide Rosato. Además del acero, menciona los casos del aluminio, el cemento o el polietileno, que luego de la devaluación de diciembre duplicaron sus precios. “El kilo de acero en el exterior lo venden a poco más de un dólar y en Argentina a 4 dólares”, apunta.

También resalta el elevado precio de la energía. “En Argentina vale un 50 por ciento más que el precio internacional, por eso, repito, debe estar el Estado porque si no nunca vamos a poder competir”, señala. Al respecto, agrega que las últimas facturas de luz llegaron a tener más de un 500 por ciento de aumento para fábricas en la categoría T3 de consumo de servicio eléctrico.

En el mismo informe de IPA se resalta que, durante los años del menemismo, hubo una reconfiguración del mercado laboral que llevó al desempleo por encima de los dos dígitos. Según el documento y a partir de datos recabados del INDEC, el promedio de la desocupación entre 1974 y 1990 estuvo en el 4,5 por ciento, para luego incrementarse a un promedio del 12 con picos cercanos al 20 por ciento.

Recién en 2003 inicia un ciclo que recién en 2015 pudo volver a los niveles de principios de los años noventa. En 2016, con la asunción de Mauricio Macri, el desempleo volvió a subir y en 2019 superó los dos dígitos nuevamente.

¿Se resuelve con la reforma laboral?

Rosato remarca la flexibilización laboral no es sinónimo de creación de empleo. “En absoluto”, responde ante la consulta. “Por más que haya una reforma, si cierra la empresa la gente se queda sin trabajo”, advierte.

“Si no puedo exportar pasa lo que está pasando ahora, donde el Gobierno nacional va a recaudar menos porque no entran dólares, se deprime el mercado interno y cae el poder adquisitivo de los trabajadores”, enumera el titular de IPA.

De todas maneras, destaca que hay que hacer modificaciones en el plano laboral. “Puede funcionar para que quienes tienen trabajadores en negro tengan facilidades para blanquearlos sin multas o la creación del fondo que garantiza el pago de una indemnización para cuando una empresa entra en crisis, no puede pagar, y arranca un juicio que tarda mucho tiempo para el trabajador”, afirma.

Pero es claro: “No coincido con la idea de que una reforma como la que se hace haga que de un día para el otro se salga corriendo a tomar gente”.

Insiste con que el Estado debe generar las condiciones económicas y dotar de herramientas a la industria nacional que fomente su crecimiento el cual, a su vez, tendrá como resultado la ampliación de la masa laboral.

De todas maneras, su perspectiva es pesimista: “Por el camino que vamos esto no va a pasar”.