La idea de fondo es que no se profundice la protesta social, un hecho que aparece como inevitable.
( por Carlos Heller )
El presidente Javier Milei se mostró orgulloso por estar llevando a cabo el ajuste “más grande de la humanidad”, aunque al gobierno no le queda más remedio que admitir que estima que un 60% del mismo está recayendo en la “gente de bien”, contrariando las promesas de campaña. Una estimación optimista, dado que el brutal ajuste está impactando casi en su totalidad en las y los trabajadores, las y los jubilados, las personas con desempleo y los más necesitados. Porque, además, el recorte de fondos a las provincias afecta a sus habitantes. Y desde el lado productivo se están achicando el mercado interno y la actividad de las MiPyMEs.
En este contexto el gobierno cuenta con el apoyo de los organismos internacionales de crédito. Por ejemplo, William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señaló que la continuidad de la recesión ocurrirá “debido al plan de estabilización que está siendo implementado por el nuevo Gobierno, que incluye el realineamiento de precios relativos y la eliminación de desequilibrios fiscales y externos”. El ajuste, dijo, es imprescindible y “cuanto más rápido mejor”. Su duración, prosiguió, dependerá mucho “de la confianza que tenga la población en que va a ser sostenible”.
En los hechos el gobierno sigue a rajatabla la idea de dejar que la oferta y la demanda jueguen libremente y que las partes acuerden, siempre y cuando ello no vaya en detrimento de los objetivos planteados en el programa económico.
En cuanto al “realineamiento” de precios de las prepagas, que en tres meses, y como consecuencia de la desregulación, rondó el 150%, el Presidente señaló: “no creemos que lo hicieron con mala intención”, aunque reconoció que “se pasaron de rosca”. Desde el Ministerio de Economía acusan a las prepagas de cartelización. Es que así funciona habitualmente la puja distributiva, y cuanto menos Estado y regulaciones haya, más se aprovecharán los sectores más concentrados.
Otro ejemplo claro del doble estándar (liberación para unos, regulación para otros) es el de las paritarias del gremio de Camioneros, respecto de lo cual el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en una entrevista: “no lo vamos a homologar porque tiene que tener una lógica la paritaria. Las paritarias son libres pero vos después, como regulador con la Secretaría de Trabajo, tenés que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?”.
A su vez, respecto del paro de transporte de esta semana, el gobierno anunció que multará a las empresas cuyos trabajadores realizaron retención de tareas. La idea de fondo es que no se profundice la protesta social, un hecho que aparece como inevitable, a punto tal que la CGT ya anunció el segundo paro general para el próximo 9 de mayo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, pidió que los empresarios empiecen a bajar los precios (porque “los pusieron pensando en un dólar a 2 mil”), para que “la gente compre y la actividad económica empiece a rodar”. A los sindicalistas les dijo: “piensen en que la inflación va a ser de un dígito en uno o dos meses y no traten de fijar paritarias con dos dígitos o más porque los empresarios no lo van a poder pagar”. ¿Por qué no los podrían pagar si fijaron los precios considerando un dólar del doble del valor que el actual?
La inflación para marzo, medida por el IPC Nacional del Indec, arrojó un 11,0%. Con este valor, en los 4 meses de la gestión del actual gobierno, la inflación acumula un 90,2%. En marzo, Educación fue el rubro que más aumentó, con un 52,7%, seguido por Comunicación (15,9%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros con 13,3%. El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 10,5%. El índice general estuvo impulsado por los aumentos en las tarifas públicas, dado que los precios Regulados subieron un 18,1%; por su parte, los Estacionales se incrementaron un 11,1%, mientras que la Inflación Núcleo (que el gobierno presenta como el ítem a considerar para conocer si hay “desinflación”) aumentó un 9,4%. Para el AMBA, el índice general fue del 11,5%. En la semana también se conoció el IPC de la Ciudad de Buenos Aires para marzo, que midió un 13,2%, con una inflación núcleo del 12,2%.
En este contexto nos quieren hacer creer que un 10% de inflación mensual sería un éxito, ya que viene bajando de meses anteriores, aunque los aumentos de las tarifas de servicios públicos que se avecinan complican este supuesto aplacamiento. La inflación puede ir disminuyendo pero a la gente le va a ir cada vez peor. ¿Cómo se hará para pagar las tarifas de servicios públicos, prepagas, peajes, o alimentos? Seguramente, dejando de consumir otros bienes y servicios, o directamente entrando en mora en los pagos de luz, gas, etcétera.
Para justificar la estrategia de licuar ingresos se sigue sosteniendo que la inflación es una consecuencia natural de “los precios pisados” y de las tarifas subsidiadas. Como parte de la batalla cultural, tratan de instalar la idea de que la sociedad estaba viviendo por encima de sus posibilidades.
Los indicadores salariales no dejan lugar a dudas de los impactos de las políticas aplicadas y de la inflación. Se conoció el último dato para el mes de febrero, medido por el RIPTE (salarios de trabajadores formales), que indica que en tres meses de gobierno se registró una caída real del 19,2%. Un ajuste del salario inédito, por su magnitud y por su rapidez. Hay que remontarse al 2002/2003, tras la devaluación que se verificó a la salida de la Convertibilidad, para hallar niveles similares de salario real.
Con mirada estructural
Argentina por décadas ha tenido una particularidad respecto de los demás países de la región: el desarrollo de sus sectores medios, que van desde los pequeños y medianos empresarios, a los profesionales, los trabajadores independientes, etc. Es una capa enorme de nuestra población, que además consume y produce para el mercado interno. El programa del gobierno apunta a que esta realidad se modifique de raíz; a que cambien estructuralmente las bases de funcionamiento de la economía –desde las regulaciones a los precios relativos–.
Con esta nueva matriz se favorecerán las corporaciones, principalmente aquellas que coloquen sus productos en el mercado internacional, altamente demandante de los recursos naturales con los que cuenta la Argentina, como la energía, el litio, los alimentos, etcétera. Con este modelo, nuestro país podría tener superávit de la balanza comercial, crecimiento del producto y aun así un aumento significativo de la pobreza.
Hay que lograr que la ciudadanía comprenda que es lo que está en juego y donde están sus intereses. Seguramente existían varias cuestiones por resolver en el marco del anterior modelo, que se vio particularmente afectado por sucesos como la pandemia y, luego, la sequía. No obstante, varios sectores económicos crecieron, aumentó el empleo (incluso el formal) y bajó la desocupación.
Es preciso tener en claro que la solución de los problemas de los argentinos y las argentinas no es por la vía del ajuste, de la caída de ingresos reales y del desempleo. Es por el camino inverso, que implica recorrer el círculo virtuoso de mayor actividad, empleo y consumo, con crecimiento de la recaudación y generando un marco para el desarrollo de las fuerzas y capacidades productivas.
