Desde el sector solidario aseguraron que todas las acusaciones del vocero presidencial carecen de sustento y recordaron que este movimiento siempre tuvo sus mayores expresiones durante las distintas crisis que atravesó el país.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo serias acusaciones públicas al movimiento cooperativo y también anunció medidas que ponen en riesgo el funcionamiento de miles de puestos de trabajo. Tras sus dichos, este diario dialogó con Cecilia Ratovicius, presidenta de CaDe, Cooperativa Trabajo, Capacitación y Desarrollo Ltda; que está formada por un grupo interdisciplinario de profesionales de distintas disciplinas que trabajan en todo el país, con sede en Capital Federal y filiales en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
La entidad que la mujer preside se encarga de acompañar y asesorar a organismos de la economía social, en particular a cooperativas de trabajo. “El momento que estamos viviendo es de mucho revuelo debido a los dichos de Adorni con respecto a la cancelación o suspensión de matrículas”, contó Ratovicius, a Tiempo.
Esto sumado a la crisis que atraviesan “todas las pequeñas y medianas empresas desde que asumió Javier Milei”, aseguró. Por lo cual, “desde el sector vemos un escenario muy complicado para todas las cooperativas del país”, agregó.
Los grandes medios de comunicación
También explicó que existe una gran “estigmatización de los grandes medios de comunicación sobre el sector cooperativo, nos acusan de que somos un curro y un gasto para el Estado”, se quejó la presidenta. Continuó subrayando que eso no es verdad: “Somos entidades autogestionadas, asociativas y democráticas, centros culturales, espacios gastronómicos, editoriales, textiles y constructoras entre muchas otras cosas”.
El vocero presidencial Adorni afirmó que “se suspenderá la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, porque son financiadas por todos los ciudadanos argentinos”. Sin embargo, en la práctica no funciona así. “Lo real es que las cooperativas generamos nuestros propios ingresos, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que es el organismo de control: no financia a las cooperativas que fueron creadas en este periodo”, aseveró la mujer.
Forman un sector que es muy amplio “dentro de lo que son las cooperativas de trabajo y muchísimo más variado cuando hablamos de nuestro movimiento en términos generales”, describió Ratovicius. Lo dice porque hay cientos de cooperativas de servicios públicos, “que permiten que exista la electricidad, el gas, la telecomunicación a lo ancho y largo de todo el país”, dimensionó.
Acusaciones falsas
El vocero también dictaminó como irregularidades, que diferentes cooperativas, el 20% de ellas, se inscribieron con el mismo mail. Por un lado, “el porcentaje es totalmente errado” y, por otro, “muchas cooperativas son asistidas por consultoras, técnicos en cooperativismo y otros profesionales, por lo cual muchas son asesoradas por las mismas casillas de mail, sin que esto conlleve ningún tipo de irregularidad”, explicó la presidenta.
Adorni sostuvo que “el 22% repiten asociados entre ellas” y que “el 9% increíblemente comparten domicilio, por lo tanto, resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían ni siquiera la mínima certificación de legalidad”, dijo.
En primer lugar, “no es irregular o ilegal que una misma persona humana participe de más de una cooperativa y, segundo, muchas cooperativas compartimos domicilio por desarrollar actividades completamente diferentes, lo hacemos porque no poseemos los fondos para el alquiler o compra de un espacio físico para nuestro funcionamiento”, le respondió Ratovicius.
Movimiento y solidaridad mecánica
Lo que sucede en estos casos es por medio de solidaridad mecánica del sector,” se aúnan diversas entidades en un mismo domicilio, por lo cual resulta sorprendente que Adorni desconozca que las cooperativas somos entidades de ayuda mutua y que nos auto financiamos con el trabajo autogestionado de nuestros asociados y asociadas”, explicó.
El vocero dijo que las cooperativas durante el gobierno de Alberto Fernández “pasaron de 9.978 a 23.836, siendo una caja que desaparece al suspender la operatoria de las mismas”. Además de que esto es un número equivocado del padrón de entidades de público acceso, “niega la realidad de la autogestión y miente descaradamente, afirmando que nuestra simple existencia genera un gasto al Estado”, remarcó.
Volviendo al cooperativismo de trabajo, “son meses muy duros y tristes, la actual crisis económica-política es un nuevo golpe luego de la pandemia”, apuntó la presidenta. Siguió relatando que sin un Estado que brinde contención; “es muy difícil tener una perspectiva de futuro positiva”.
Destrucción de los programas de trabajo
Los Programas de Asistencia a las Cooperativas y el Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo han desaparecido. Por lo cual, “el impulso al cooperativismo que venía realizando el INAES -durante la administración de Alexandre Roig– es cada vez más ínfimo. La medida de achicar el Estado “en su promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que ha tomado Milei; nos atraviesa de lleno”, explicó.
Pero tienen la esperanza de sobrevivir “como lo hemos hecho ante tantas otras crisis y nos fortaleceremos como sector”, alentó la presidenta. Todo esto le recuerda a la época del 2001 al 2003, “donde el movimiento de empresas recuperadas logró movilizar al sector cooperativo y crear fuentes genuinas de trabajo para todas las personas que habían sido excluidas del mercado laboral”.
Lamentablemente, “sabemos que muchas empresas van hacia la quiebra y las personas trabajadoras tendrán que emprender una gran lucha, que es recuperar una empresa y convertirla en una cooperativa de trabajo como formato jurídico de continuidad”, reconoció. Por suerte, “en Argentina la ley de quiebras hoy por hoy lo permite”.
También saben que esto resultará “muy complicado para todas y todos los trabajadores que se van a ir quedando sin trabajo y tendrán que realizar las recuperaciones de sus fuentes laborales; por lo cual el escenario es muy complejo pero el sector está movilizado”, aseguró.
Son parte de diversos espacios y articulan con profesionales, federaciones, cooperativas y otros actores de la economía social y solidaria, como ser, mutuales y asociaciones civiles. “Esto es lo que nos permite trabajando en red, también tener una visión positiva ante la crisis que está empezando a notarse y sabemos que va a profundizar cada vez más”, anticipó en relación a lo que sucederá según la perspectiva del sector cooperativo.
Un reclamo concreto
Es por todo esto que exigen que el vocero presidencial Adorni “retracte todas las mentiras que ha dicho sobre el sector cooperativo y solidario”, reclamó Ratovicius. También, “que no se realice ningún tipo de quita compulsiva de permisos de funcionamiento, suspensiones o cancelaciones de matrículas de cooperativas que se constituyeron durante el periodo de 2020 y 2022”.
Piden que el INAES respete la Ley Nacional de Cooperativas 20.337,” porque su rol es ser promotor del sector cooperativo; no desarticularlo”, argumentó la presidenta. Finalizó diciendo que se encuentran en estado de alerta y movilización: “De ser necesario nos manifestaremos en las puertas del Instituto -que depende del Ministerio de Capital Humano– para que Marcelo Collomb nos dé explicaciones sobre las terribles y graves afirmaciones que ha hecho el vocero presidencial Adorni”.
