- Entre las modificaciones que introdujo el DNU 70 se eliminó la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de acordar de manera semestral el precio de la materia prima. Operaba a modo de árbitro para asegurar que los productores cobren de acuerdo a sus costos y no según la capacidad de imposición de los industriales.
La política de desregulación económica del gobierno de Javier Milei va ganando terreno y durante el fin de semana llegó al símbolo de la argentinidad: el mate. En rigor, la desregulación se originó previamente, el 21 de diciembre de 2023, cuando se publicó en el Boletín Oficial el DNU 70/2023, esa herramienta jurídica que pese a la resistencia de muchos sectores sigue vigente y cuyos efectos van haciéndose sentir con el correr de los meses.
Entre todos los asuntos alcanzados por este mega decreto, se modificaron dos leyes que regulaban el mercado de la yerba mate. Por un lado, la Ley 27.114, sancionada en el 2014 con el objetivo de promover la radicación y creación de un régimen de envasado en origen en la región productora; por otro lado, la Ley 25.564 del año 2002, en la que se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con sus objetivos, funciones e integración.
Entre las modificaciones que introdujo el DNU, se eliminó la potestad del INYM de acordar de manera semestral el precio de la materia prima. Si bien hubo presentaciones judiciales que generaron idas y vueltas en cuanto a la vigencia de este capítulo del DNU, lo cierto es que en la práctica, el Instituto se desentendió de esta cuestión. ¿Por qué era importante esta función del INYM?
Para explicarlo es preciso describir la cadena de producción de la yerba mate. Yendo en sentido inverso, encontramos en la góndola cinco empresas que concentran el 85% del total, con marcas diversas. La más importante, Establecimiento Las Marías, representa el 37% del mercado con sus distintas presentaciones (Taragüi, Unión, La Merced y Mañanita). El porcentaje asciende al 50% si incluimos a la segunda empresa más importante, Molinos Río de la Plata, con sus presentaciones Nobleza Gaucha y Cruz de Malta.
Más atrás en la cadena se ubican unos pocos industriales, que sólo tres de ellos explican el 41% del total de la producción, y diez abarcan el 73%, que le compran la materia prima a unos 12.000 pequeños productores de hoja verde. En ese mercado tan dispar, se fija el precio de la materia prima, y el INYM operaba a modo de árbitro para asegurar que los productores cobren de acuerdo a sus costos y no según la capacidad de imposición de los industriales.
El último precio fijado, durante el gobierno anterior y previo a la derogación de esta función, alcanzaba al mes de marzo los $250 por kilogramo (hoy representaría un 5,9% del precio final en la góndola). Sin embargo, el proceso inflacionario intensificado los últimos meses, ya había generado conflictos en el sector y los pequeños productores habían logrado llevar el precio a $370, alcanzando un 8,7% del precio actual en góndola de la yerba. Hoy piden llevar el kilo a $500 (lo que implicaría alcanzar un 12% del precio de góndola) pero ya no van a tener árbitro, sino que quedan a merced de la capacidad de los industriales de imponer sus intereses.
Allí se hace sentir una ausencia que se extiende en diversas áreas de la vida en comunidad en la Argentina libertaria: la ausencia del Estado. A la cual se le suma una amenaza agitada por los industriales: la de sustituir la materia prima argentina, con certificaciones de calidad y trabajo argentino, por materia prima extranjera, en el contexto de reducción de impuestos y plazos de pago para productos importados de la canasta básica que Caputo decretó tras las (¿fallidas?) negociaciones con las empresas de consumo masivo.
Es difícil predecir qué va a pasar en este mercado a futuro, pero en principio podemos pensar dos alternativas. Una posibilidad es que los industriales accedan a pagar los $500 y trasladen ese aumento (que para escaparle a la nominalidad representaría un 35% de incremento de la materia prima) a la góndola. La otra alternativa es que se sostenga el precio de la góndola a costa de comprometer la situación de los pequeños productores y no garantizarles los costos mínimos necesarios para llevar adelante una nueva cosecha. Lo que sí es seguro es que su suerte queda librada a una relación sumamente desigual: productores atomizados frente a una industria concentrada.
Podemos encontrar en nuestro pasado reciente una muestra de lo que podemos esperar hacia adelante. En los 90, una década que el actual presidente recuerda con nostalgia, el Estado se corrió de su rol de regulador (o por lo menos de regular en favor de las mayorías). Durante ese período, el Estado dejó de intervenir en el mercado de yerba mate, y los productores sufrieron el deterioro progresivo de sus ingresos: mientras que el precio en góndola se mantuvo estable, el que recibían por cada kilo de materia prima cayó 80% (de $202 la tonelada en 1990 a $42 en 2001), perjudicando los márgenes de ganancia de los pequeños productores en beneficio de los sectores más concentrados de la industria.
Esta situación llegó al límite en el año 2002, en el que tras un tractorazo realizado por productores yerbateros, el Estado Nacional decidió avanzar con la creación del INYM, y a partir de allí los productores comenzaron un proceso en el que pudieron recuperar el terreno perdido.
Puede parecer una discusión sectorial centrada en la yerba, pero subyacen allí cuestiones más profundas que es necesario debatir como sociedad: ¿es necesario el Estado? Si acordamos que sí, ¿cuál es su rol? ¿Qué tan libre es un mercado en el que conviven actores desiguales? Hablamos de la yerba, hablamos del mate, símbolo de la argentinidad, pero en realidad, estamos discutiendo qué Argentina queremos construir.
CB/MT
