( Por Diego Lorca, Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro).
El 24 de marzo en Argentina, es una fecha donde se ejercita la Memoria colectiva en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia. El atentado político denunciado esta semana hacia una activista de derechos humanos de H.I.J.O.S, agrupación argentina que nuclea a hijos e hijas de desaparecidos en la lucha por su identidad, nos trae a la memoria los peores momentos para el pueblo trabajador.
El gobierno de la Libertad Avanza no solo no repudió el hecho, si no que seguramente nos traerá novedades sobre la libertad de los genocidas en los próximos días, lo que marca una clara continuidad histórica con aquel nefasto proceso económico y político. Pero la continuidad se asoma claramente en el plan económico y sus consecuencias para la clase trabajadora que es donde pretendemos poner el foco. Estás coincidencias que al vocero presidencial tanto le molestan, nos trae a la reflexión aquella contundente frase de que la historia ocurre dos veces: la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa.
El Plan Cóndor invadiendo mi nido
Para comprender lo que pasó en Argentina durante los años 1976-1983, primero que nada debemos aclarar que la dictadura se da en un marco de posibilidades internacionales donde el capital estaba revolucionando su estructura productiva y financiera, y segundo, que el mismo capital diseñó y ejecutó un plan particular para cada región del mundo. En Latinoamérica, tuvo el nombre de Plan Cóndor y fue una campaña sistemática de persecución, tortura y desaparición de dirigentes sociales y sindicales orquestada por el gobierno de Estados Unidos en el marco general de la Guerra Fria.
El objetivo principal fue la instalación de un nuevo modo de producción y apropiación de la riqueza social; el modelo de valorización financiera. Para ello, se valieron de todos los medios y recursos necesarios tales como el ejército regular y paramilitar, los servicios de inteligencia, la instrucción militar en la Escuela de las Américas, las técnicas de torturas más brutales aplicadas por EE.UU. y Francia en todo el mundo, los medios de comunicación, las innumerables operaciones de guerra psicológica y ¡hasta el robo y apropiación de bebés!
En ese contexto internacional, los jefes de la inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en 1975 en Santiago convocados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena. Allí establecieron un plan contra la “subversión” al que se sumarían Brasil (1976), Ecuador y Perú (1978). El mismo constaba de tres objetivos: compartir información para rastrear y eliminar a enemigos políticos; hacer operaciones conjuntas contra estas personas; y repatriar a los detenidos. En los documentos históricos que dan cuenta de este plan sistemático que llevan el nombre de los «Archivos del Horror», se encontraron registros documentales de unas 50.000 personas asesinadas, 40.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados en distintos países de latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).
De la tragedia de la dictadura militar a la farsa del gobierno de Javier Milei
Veamos ahora el desarrollo económico y político del Plan Cóndor en Argentina, sus características particulares y el protagonismo clave del empresariado local que salió enriquecido y fortalecido del peor período en la historia del país. Además se analizarán las similitudes abrumadoras entre el plan Martinez de Hoz y el plan de Milei-Caputo, y sus consecuencias para la clase trabajadora.
El objetivo principal de la dictadura cívico -militar iniciada el 24 de marzo de 1976 fue reemplazar la dinámica económica y social del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), por el libre comercio y la valorización financiera. Para llevarla a cabo se instrumentó un programa de ataque a la industria y a los sindicatos.
Algunas de las políticas económicas fundamentales se centraron en el aumento de deuda externa a través de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional; la privatización de empresas públicas; la eliminación de políticas proteccionistas de la industria y el trabajo, la apertura de importaciones; y la quita de subsidios a la clase trabajadora; entre otras. En 1977 se aplicó la reforma financiera a partir de la cual éste sector pasó a ocupar un rol dirigente en la absorción y reasignación del excedente económico provocando un verdadero industricidio.
Además del asesinato, la tortura y la desaparición fornzada de personas, entre las principales consecuencias económicas se destaca el aumento exponencial de la pobreza, la reducción de la participación de los asalariados en el PBI, la destrucción de fuentes de trabajo (principalmente del sector industrial), la devaluación de monedas locales, la suba de combustibles, el alta inflacionaria, entre otros.
En el plano estrictamente laboral, los elementos centrales fueron: reducción salarial, «ajuste» del mercado laboral con incremento del tipo de cambio (devaluación del 100%) que en el ámbito industrial registró una expulsión ininterrumpida de trabajadores durante 27 trimestres consecutivos (casi 7 años); apertura asimétrica al exterior y liberalización generalizada de los mercados con supresión del sistema de control de precios.
Entre 1980 y 1982 el PBI total se redujo un 12% y, el industrial, en más de un 20%; la inversión bruta interna fija decayó más de un 40%, y la correspondiente a equipo durable de producción, en cerca de un 50%. El cuadro se completa con la fuga de capitales de 10.000 millones de dólares y un incremento del endeudamiento externo en más de 15.000 millones de la misma moneda.
Esta caída de la producción industrial trajo aparejado el despido del 34% de trabajadores, un elemento fundamental que profundizó la disputa trabajo-trabajo, tensionando a la baja los salarios y condiciones laborales de los ocupados. El salario real en la industria se derrumbó casi un 20%, y en los servicios -excluidos los bancarios y financieros- en más del 20%. La distribución regresiva del ingreso deterioró el salario real un 17,20%, con una disminución del costo laboral del 18,6% y un incremento de la jornada laboral media del 6%. De esta forma asistimos a una transferencia de ingresos desde la masa asalariada a los grandes grupos económicos concentrados, a saber: familia Macri, Magneto, Techint, Arcor, Ledesma, Loma Negra, Bunge Born y Perez Compac.
Si de memoria y actualidad hablamos, es importante hacer notar que el gobierno de La Libertad Avanza presidido por Javier Milei, aplica el mismo modelo económico de la última dictadura y comienzan a observarse similares consecuencias en la clase trabajadora argentina.
Apenas asumido el Gobierno Nacional llevó adelante una histórica devaluación del 118%, que en gran parte es responsable del 70% de inflación en los primeros cien días de gobierno que profundizó la pobreza y la indigencia. Según el Observatorio Social de la UCA, la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Al mismo tiempo, el nivel de pobreza subió del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero.
Lo anterior no solo es consecuencia de la devaluación sino de todas las medidas anunciadas por el Ministro Caputo de ataque a la industria local y a los derechos laborales y sindicales. Se suma a esto, la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que ya trajeron consecuencias catastróficas y difícil de revertir en el poder adquisitivo de los asalariados. Según un estudio del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) titulado “La licuadora salarial”, solo en el mes de diciembre las y los trabajadores estatales perdieron un 16%, los salarios del sector privado registrado un 11%, y quienes trabajan de manera informal perdieron un 14%. La pérdida de la masa salarial para el conjunto de estos trabajadores en el primer mes del Gobierno de La Libertad Avanza totalizaron los $1.128.278.000.000, o lo que es lo mismo 1.128 millones de dólares.
El informe también menciona que “la mayor parte de esos 1,65 billones fueron ganancia adicional para exportadores, alimenticias, energéticas y otras”. Esto puede verse en las crecientes ganancias de las empresas alimenticias (Molinos, Ledesma, Mondelez), las cadenas de supermercados (Coto, Chango Más, Cencosud), las energéticas (YPF, Shell, Edesur, Edenor) y una larga lista que nuclea a la casa económica que se beneficia a costilla de la pérdida salarial.
En síntesis, hemos observado con claridad cómo en ambos periodos históricos, los planes de liberalización de la economía trajeron profundas transformaciones económicas y sociales que incluyen el crecimiento abrupto del endeudamiento externo y la fuga de capitales, un proceso de reestructuración industrial, diversas formas de transferencias de recursos del Estado al capital concentrado y el desarrollo de políticas económicas y laborales regresivas que afectaron fuertemente la dinámica del mundo del trabajo.
La responsabilidad empresarial en la violación de derechos humanos
Entre el año 2014 y el 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Centro argentino de Estudios Legales y Sociales (CELS), estudiaron en profundidad el accionar de 25 empresas de seis regiones de Argentina y demostraron la responsabilidad empresarial en la violación de derechos humanos en el país sudamericano
Entre los principales resultados se demostró que:
- El 88% de los secuestros de trabajadores/as fueron en el lugar de trabajo.
- El 76% entregó información privada de los trabajadores/as y las listas de delegados/as a las fuerzas represivas.
- El 52% de las detenciones, los secuestros y las torturas tenían presencia de cuadros empresariales.
- El 52% realizó aportes económicos a las fuerzas represivas.
- Un 40% colaboró con camionetas y vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro.
- Un 36% solicitó la detención de trabajadores por parte de cuadros directivos.
- Un 32% de los secuestros de trabajadores/as fueron durante el trayecto entre la fábrica y la casa.
El estudio también recabó información sobre la militarización de los establecimientos fabriles, encontrando qué:
- Un 72% contaba con presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento en las fábricas.
- Un 68% contó con la participación de miembros de las fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos de las empresas.
- El 60% tenía presencia de agentes de inteligencia infiltrados en los establecimientos laborales.
- El 56% de los operativos militares fueron en los predios fabriles.
- El 40% de los ingresos a las plantas y establecimientos laborales tenían control militarizado.
- El 32% solicitó intervención militar en conflictos laborales y sindicales.
La alianza militar y empresarial resulta aún más evidente si observamos el crecimiento de empresas controladas y vinculadas a los principales grupos económicos nacionales y conglomerados extranjeros que actuaron en Argentina durante los períodos 1973, 1983, 1987 y 1990:
Conclusiones
Como venimos afirmamos desde nuestra nota anterior “Las falacias de Milei que rodean al DNU”, el escenario económico más probable al que se enfrenta la clase trabajadora argentina es: el aumento del desempleo con su consecuente caída general de los salarios (principalmente en la industria) y el crecimiento del trabajo informal sin cobertura social ni derechos laborales. La historia del país ha demostrado que de la economía de libre mercado solo podemos esperar el deterioro de las condiciones materiales en general y el aumento de la conflictividad social de un pueblo al que la inflación y la recesión puesta en marcha por el gobierno de La Libertad Avanza no para de asfixiar.
El avance de una derecha populista con rasgos fascistas en todo el mundo nos alerta sobre el peligro que corren los pueblos trabajadores del mundo. Si este avance traerá miseria y explotación, como ya se demuestra en Argentina, en gran parte dependerá de los grados de organización, conciencia y heterogeneidad que puedan desarrollar las y los trabajadores del mundo.
Por Diego Lorca, Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro.
