( Por Solange Martinez*)
A mediados de marzo el gobierno argentino anunció la firma de un convenio que autorizó la operación de ingenieros norteamericanos ligados a la Armada de los Estados Unidos en la Hidrovía Paraná-Paraguay, sin siquiera pasar por el Poder Legislativo nacional. Días antes, el 23 de febrero el canciller norteamericano Antony Blinken viajó a Brasil y a nuestro país, donde se reunió con su par Diana Mondino, el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, el Ministro del Interior Guillermo Francos y por supuesto con el presidente Javier Milei. En una de las conferencias de prensa que ofreció, aseguró el siempre renovado interés de su gobierno por el incremento del comercio y la inversión entre nuestros países. (https://ar.usembassy.gov/es/visita-del-secretario-blinken-a-la-argentina/).
La agenda se extendió, para la sorpresa de nadie, a la asociación en sectores clave como la “energía limpia”, estratégica en la fase financiera y tecnológica del capitalismo que transitamos mundialmente. La letra no tan chica de este tipo de asociaciones, coloca históricamente a nuestra región en el lugar de proveedora de materias primas sin agregado de valor -conocimiento y trabajo- en origen.
Resulta indiscutible a esta altura de la civilización post pandémica que la transición hacia una economía digitalizada es menos dependiente de los tradicionales recursos fósiles y más diversificada, en términos de recursos minerales imprescindibles en la cuarta revolución industrial, como el litio -comprometido por el mileismo con el aristócrata tecnológico Elon Musk- del que Argentina dispone en abundancia, junto a Bolivia y Chile.
Así, la visita de Blinken constituyó la antesala del reciente anuncio que la prensa hegemónica argentina silenció. A pesar de la gravedad que comporta la decisión del Ejecutivo Nacional de firmar un memorando de entendimiento entre la Administración General de Puertos argentinos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos a espaldas de la sociedad argentina. Porque habilitaría el “intercambio de información, capacitación y cooperación” en la gestión de un curso de agua vital para la región, por el cual transitan gran parte de las exportaciones de Argentina y Paraguay, y que también desempeña un papel fundamental en la ruta del narcotráfico, flagelo social en nuestro país y la región.
Vale historizar que hubo un fallido intento anterior en 2016 durante los gobiernos de Mauricio Macri y su par Horacio Cartes. El gobierno argentino de Alberto Fernandez frenó un nuevo intento. El problema para los intereses nacionales es justamente que no tienen las mismas limitaciones las administraciones de Santiago Peña y Javier Milei, pudiendo avanzar en la entrega del territorio a la injerencia norteamericana, no necesariamente por la instalación de una nueva base militar de modo tradicional, sino mediante la diplomacia entre Estados, como parte de una estrategia de poder “blando” o soft power.
Desde su llegada al poder el 10 de diciembre de 2023, el ultraderechista autopercibido “anarco capitalista” Javier Milei trazó un claro programa en materia de política exterior, caracterizado por el establecimiento de relaciones privilegiadas con Estados Unidos e Israel, avanzando en alianzas con movimientos neoconservadores en la arena internacional y el anuncio -más deseado que real- de la muerte del globalismo, cuyo máximo exponente es el presidente demócrata Joe Biden.
Su preferencia por el trumpismo no parece un inconveniente para ceder ante las exigencias de la administración demócrata preocupada por el control territorial de latinoamérica y el caribe para frenar el avance del gigante asiatico mediante el despliegue del “Cinturón y la (nueva) Ruta de la Seda”. Sin embargo el mundo recordará el encuentro entre Milei y Donald Trump en Washington durante la última Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en febrero de 2024, por el memorable gesto infantil del mandatario suramericano -que se volvió viral en las redes sociales- frente al ex presidente republicano que se perfila como el candidato preferido de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
El gobierno de Milei es un acérrimo defensor de la desregulación total de la economía y el comercio, lo que oficia de condición indispensable para la entrega y privatización de las principales empresas estatales y los recursos estratégicos naturales y científicos nacionales. Así lo ha explicitado en cada oportunidad, desde la 54ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos hasta la agenda de reuniones trazada por la Cancillería en estos meses de gestión. Diana Mondino, funcionarios de su cartera y del CONICET han sido los responsables de negociaciones con empresarios y autoridades de la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Italia, República de Corea, Singapur, Polonia, India, Japón, Australia, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, a tal fin.
Entre los principales intereses del gobierno argentino se destaca el cumplimiento con el FMI, la incorporación del país a la OCDE y el fortalecimiento de la OEA, en detrimento de la pertenencia a bloques de integración regional como la CELAC y la golpeada UNASUR. La participación en el MERCOSUR se sostiene con una perspectiva de carta de negociación en acuerdos bilaterales con nuevos socios, minando la potencia integracionista de los países que lo componen, con la reciente incorporación plena de Bolivia gracias a las maniobras del presidente brasileño Lula Da Silva. A este plan programático alineado a los intereses anglosajones e israelíes se suma el hecho no menor del rechazo al ingreso efectivo de Argentina al potente BRICS, aprobado a finales del 2023, también gracias al empuje de Lula.
En materia energética los recursos minerales, que se encuentran bajo las administraciones provinciales, fundamentalmente el “oro blanco” (http://centrougarte.unla.edu.ar/geopolitica-de-recursos-estrategicos/litio) son el objetivo de las empresas transnacionales que comandan la mentada transición hacia una “economía verde” con sustentabilidad. Un eufemismo, para los países dependientes, de la renovada estrategia de subordinación estructural de la región a los intereses extranjeros, en tanto proveedora de materias primas como simples commodities.
El modelo extractivista y de primarización productiva impulsado por la coalición -de facto- de gobierno entre La Libertad avanza y el PRO se explicitó en el nuevo “Pacto de Mayo” convocado por Javier Milei en la apertura de sesiones del poder legislativo nacional el pasado 01 de marzo. Se trata de un escenario abierto, frente a las masivas y permanentes protestas de calle, la resistencia de variopintos gobernadores y algunas derrotas del gobierno en la imposición de un nuevo pacto fiscal y la “Ley de Bases”, que legitimarían institucionalmente el desguace del Estado argentino.
Fuertemente resistidos por el pueblo movilizado y diversos actores políticos, los objetivos y la ruta dibujada son evidentemente de retracción del poder de maniobra para tomar decisiones soberanas sobre las riquezas y activos nacionales. Razón de sobra para no perderlos de vista. Sin una fuerza politica de oposicion suficiente para frenar el plan neomenemista recargado de Milei, el horizonte del país conjuga el desmantelamiento de YPF junto con su empresa de tecnología Y-TEC, la venta de ARSAT, su Red Federal de Fibra Óptica, su flota satelital y su centro de datos; con la privatización de Energía Argentina S.A (ENARSA) y la Nucleoeléctrica Argentina S.A, entre otras.
La supeditación del sistema científico y tecnológico argentino a los intereses foráneos es prácticamente un hecho. Prueba de ello es el congelamiento del presupuesto para el CONICET, un organismo reconocido en el mundo por sus logros. La suspensión de otorgamiento de becas y del ingreso a carrera de investigadores surgidos del prestigioso Sistema Universitario Nacional se suman a la creación exprés de un consorcio tecnológico con la participación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para desarrollar conocimiento “de exportación”. Nada se sabe de cuánto redundaría positivamente esto en la solución de los cada vez más amplios y urgentes problemas nacionales.
Por estos días en Argentina se conmemora un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha remite al golpe de Estado civico militar del 24 de marzo de 1976 que terminó con la criminal expropiacion de bebés nacidos en cautiverio, el exilio forzoso de miles de personas y la desaparicion, tortura y asesinato de más de 30.000 jovenes organizados y participando activamente en la construccion de un proyecto de pais libre, justo y soberano.
Esa dictadura abrió paso al plan económico de Martínez de Hoz, centrado en la especulación a gran escala y la valorización financiera, combinadas con el comienzo del aumento del endeudamiento público sin precedentes y la destrucción de la producción nacional. Se quemaron miles de puestos de trabajo público y privado y se destruyó la capacidad adquisitiva de los salarios de aquel momento. ¿Mucha coincidencia con las “nuevas” directivas de Sturzenegger y Caputo, no?
El gobierno nacional no solo se caracteriza por el negacionismo del genocidio y el trauma social concomitante, cuya máxima representante es la vicepresidenta Victoria Villarruel, abanderada de la liberacion de militares condenados por crimenes de Lesa Humanidad (luego del cumplir con el debido proceso en cada juicio); sino que, como indican los hechos, se encuentra en las antipodas de un proyecto de desarrollo nacional con bienestar social.
En tal sentido y en esta particular coyuntura de degradación democrática, a 40 años del simbólico “Nunca Más”, parece justa la pregunta por las profundas y peligrosas consecuencias sociales de la ausencia de soberanía en el ámbito de la política exterior, que aunque parezca alejada de la cotidianeidad popular, es condición sine qua non para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de las y los argentinos.
*Investigadora del CEIL Manuel Ugarte (UNLa), conductora de Esquina Amèrica, por radio Megafon UNLa y analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
