( Por Diego Lorca*]) La casta empresarial de los industriales argentinos tuvo una semana clave de avances en el escenario político nacional. Por un lado, la Unión Industrial Argentina (UIA) se presentó formalmente ante la Corte Suprema para solicitar la puesta en vigencia del capítulo de trabajo del mega DNU 70/23, y por otro lado, ubicó un hombre propio en un puesto clave para la relación con los sindicatos como es la secretaría de trabajo, a saber, Julio Cordero.
Lejos de ser hechos que se explican por malos entendidos o “errores técnicos”, lo que muestran estos movimientos son las profundas internas de la alianza en posición de gobierno. Desde la campaña electoral y la ubicación en el Estado práctico de los cuadros orgánicos empresariales, se logra evidenciar una contradicción de intereses entre Eurnekian y Mauricio Macri que se disputan la conducción del gobierno. Sin embargo, ambos polos de la contradicción coinciden en su necesidad de hacer una reforma laboral y una reforma previsional.
Cambio en la Secretaría de Trabajo: Sale Yasín entra Cordero
El escándalo por el aumento salarial del 48% a altos funcionarios del Gobierno Nacional que estalló en la semana y que tuvo como beneficiario directo al presidente Javier Milei y sus ministros, trajo cambios en la Secretaría de Trabajo perteneciente al Ministerio de Capital Humano. A pesar de que Omar Yasin, el entonces Secretario de Trabajo de la Nación, simplemente homologó el decreto firmado por el mismísimo presidente, fue el fusible sacrificado por Javier Milei para no recibir él mismo la tensión política de semejante escándalo que contradecía su discurso de austeridad económica.
Veamos primero quién es Omar Yasin, para poder analizar en profundidad los cambios en el gabinete. De profesión abogado laboralista, Yasin forma parte del Pro y se desempeñó como director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria durante la gestión de Mauricio Macri bajo las órdenes de Jorge Triaca. Mientras que en su gestión del Pro en CABA ocupó el cargo de director general de Ferias y Mercados. El ex funcionario, además es profesor adjunto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Integró los equipos de campaña de Patricia Bullrich que lideró en su momento Dante Sica, y se le reconoce diálogo con el sindicalismo. Durante su último y breve mandato en la cartera laboral de Milei, mantuvo un papel casi testimonial en las negociaciones paritarias, ya que se apilaron acuerdos entre partes sin ser homologados por su Secretaría y mantuvo una actitud paciente a las señales del ministro de Economía Luis Toto Caputo para avalar las subas salariales.
La salida del ex funcionario vinculado a Mauricio Macri, fue sustituída por Julio Cordero abogado del departamento jurídico laboral de Techint a través del Decreto 252/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Además de trabajar para el grupo económico liderado por el empresario Paolo Rocca, Cordero es vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), y desde que Milei llegó al gobierno se desempeña como asesor colaborador de su gestión. El actual funcionario participó de la redacción del capítulo de reforma laboral incluído en el mega DNU 70/2023 que fue rechazado recientemente en la Cámara de Senadores y espera el tratamiento de la Cámara de Diputados. También es delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la parte empleadora de Argentina; vicepresidente del Instituto Derecho Social y del Trabajo; y asesora a grandes empresarios del país, bajo la confianza de Paolo Rocca.
El hombre de Techint es uno de los principales impulsores de una reforma laboral que flexibilice los derechos laborales y el DNU mencionado es una prueba de ello. Cordero se opone también a la reducción de la jornada laboral a pesar de ser una tendencia mundial en expansión dentro del mercado laboral público y privado. En septiembre pasado sus palabras en contra de la reducción de la jornada laboral se volvieron virales ya que asistió en representación de la UIA al debate en Diputados y criticó a los trabajadores por querer trabajar menos: «yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se ha debatido internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales».
Una interrogante que surge de este cambio en el gabinete es si puede un lobo cuidar las ovejas, si puede un empleado de las patronales defender a las y los trabajadores en un contexto por demás hostil. Con solo repasar sus posicionamientos y su trayectoria en defensa de los patrones, a nadie le puede sorprender el ataque a los derechos laborales y sindicales de este lobo con piel de cordero.
Un escenario sombrío para los que viven de un salario
Una de las promesas de campaña de Javier Milei que se desprendía de su promesa troncal “el ajuste lo paga la casta y no la gente”, era que las y los trabajadores podrían negociar paritarias libres para que los salarios no perdieran frente a la inflación. Pero la realidad concreta indica que hoy el salario ya perdió un 33% de poder adquisitivo en 3 meses y las paritarias libres están en peligro.
El mismo Omar Yasin reconoció frente a los dirigentes sindicales que las homologaciones paritarias sólo avanzaría si los acuerdos contemplan las pautas salariales dictadas por el Ministro de Economía Luis Caputo: no más de 19% en enero, 15% para febrero y 12% para marzo. Esta situación generó diversas medidas de fuerza por parte de las y los trabajadores que ven licuar sus salarios frente al casi 60% de inflación acumulada para esos mismos tres meses y la brutal devaluación inicial de 118%.
Algunos de los sindicatos que lograron aumentos superiores a estas cifras no cuentan con la homologación legal de sus acuerdos paritarios y de ese modo, quedan privados de una herramienta clave para exigir su cumplimiento. Entre los sindicatos que se encuentran en esa situación, podemos mencionar: camioneros, alimentación, textiles, encargados de edificios, plástico, aceiteros, molineros, mineros, pasteleros, entre otros.
Si bien el título del DNU 70 que busca la reforma laboral se encuentra inactivo por un amparo presentado por la CGT a la justicia, y esta semana la Cámara de Senadores de la Nación votó por amplia mayoría en contra del DNU, se evidencian acciones de los actores del mundo laboral que abonan a la negociación de una futura reforma laboral.
El martes pasado, la Unión Industrial Argentina (UIA) se presentó formalmente ante la Corte Suprema para solicitar su participación como «amiga del tribunal» en la causa que mantiene sin efecto el capítulo de trabajo del DNU 70/23. La presentación se dió en un contexto en el que la mayor cámara fabril logró posicionar a un abogado propio, Julio Cordero como secretario de Trabajo en el gobierno de La Libertad Avanza.
La central patronal argumenta su participación como «amicus curiae» (la denominación en latín) en el sentido de que es «vital para pluralizar y enriquecer el debate» y por entender que «la normativa en discusión impacta directamente sobre el régimen laboral vigente y las condiciones bajo las cuales se genera trabajo y se rigen las relaciones laborales».
Entre sus principales reformas en materia laboral, el cuestionado DNU, plantea la flexibilización de las normas de contratación y despido, la extensión a 8 meses del período de prueba, la reducción de los montos indemnizatorios y la eliminación de las multas por mala registración, al tiempo que limita el ejercicio del derecho de huelga de las y los trabajadores. Estas modificaciones, lejos de mejorar la calidad del empleo y los salarios, va a propiciar un marco regulatorio para que crezca el trabajo no registrado y sigan cayendo los salarios de trabajadores registrados.
La Confederación General de Trabajadores también salió a posicionarse y lo hizo en el reconocido evento de negocios que año a año organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina), del cual participaron el Secretario General de la CGT, Héctor Daer y el Secretario Adjunto Andrés Rodríguez. Ambos dirigentes se mostraron abiertos a discutir una reforma laboral, aunque reforzaron su pedido para que los cambios fueran “consensuados”. Rodríguez expuso muy claramente el posicionamiento de la central obrera a debatir y consensuar una reforma laboral e incluso manifestó que se venía trabajando con Guillermo Francos, Ministro del Interior, una propuesta que había llegado a un 90% de acuerdo en diciembre del año pasado, pero que no fue la presentada por el ejecutivo en el DNU y en la fracasada Ley Ómnibus. Desde ese momento la central y el gobierno interrumpieron el diálogo, dijo el Adjunto cegetista.
Mientras la verdadera casta empresarial se disputa las fichas en el tablero del gabinete de Javier Milei y prepara las leyes a su medida para sacar ventaja de una argentina que parece estar a la venta, la clase trabajadora mide sus fuerzas en las distintas contiendas económicas y gremiales que se presentan para la puja distributiva de la riqueza, en un escenario económico y político cada vez más sombrío para los que viven de un salario.
Por Diego Lorca, Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro.
