A pesar del traspié de la Ley Ómnibus en el Congreso, el Ejecutivo busca alternativas para avanzar con su plan de desregulación.
Los primeros 60 días de gestión de Javier Milei, concentraron un mega DNU, un proyecto de Ley Ómnibus, la renegociación del acuerdo con el FMI, inflación superior al 25%, discusiones con los gobernadores y cambios en el gabinete.
Una inflación mensual de dos dígitos, recesión, caída del consumo y salarios atrasados son algunos de los números en rojo que enfrenta el Gobierno y cuya gravedad se acentuó en los últimos dos meses, tras el inicio del proceso de desregulación económica y la falta de una política de recomposición de ingresos adecuada.
A esto se le suma el desafío de acumular reservas en el Banco Central para hacer frente a las obligaciones internacionales y lograr una reforma del Estado que permita alcanzar el déficit cero.
El último dato de inflación fue de 25,5% en diciembre, más de diez puntos porcentuales por encima de la de noviembre (12,8%). Según un relevamiento de precios minoristas realizado por diferentes consultoras, la remarcación de precios de enero podría ubicarse entre el 18% y el 20%. Dicha variación mostraría una desaceleración de hasta 7,5 puntos porcentuales respecto al mes previo, pero igual continuaría en valores elevados, situación que afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables y a la clase media.
El ritmo de precios sufrió en enero un “efecto arrastre” luego de la devaluación del dólar oficial, y la liberación de los precios que llevó adelante el Gobierno durante sus primeros días de gestión. Según las previsiones, los rubros más afectados fueron los de salud y bienes, con una escalada superior al 30%, mientras que los alimentos experimentaron aumentos cercanos al 17,8%.
El 14 de febrero se conocerá el índice de enero, el primero de un mes completo durante la gestión de Milei. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde todos los meses el Banco Central anticipó una inflación del 21,9% durante ese mes, y proyectó un 18% para febrero.
Por su parte, un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestra que las ventas de comercios minoristas bajaron 13,7% entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, mientras que el rubro alimentos y bebidas disminuyó 19,8%.
La caída del consumo, que venía registrándose desde hace varios meses, se hizo más estrepitosa en enero. Según CAME las ventas minoristas cayeron 6,4% en enero respecto a la medición de noviembre. En cuanto al rubro específico de alimentos y bebidas, el consumo bajó 37,1% en enero respecto al año anterior y 13,2% en la comparación intermensual.
La disminución del consumo en bienes básicos podría convertirse en un ancla para la inflación, aunque con costos altísimos. Según el REM se espera que el desempleo aumente al 7,8% para el último trimestre de 2024, en comparación con la cifra estimada de 5,7% para el último trimestre de 2023.
Sin embargo, el presidente Javier Milei expresó su optimismo en reiteradas oportunidades, señalando que “se está evitando una hiperinflación”, al tiempo que augura un pronto resurgimiento económico.
Por otra parte, la acelerada acumulación de reservas que obtuvo el Banco Central tras el salto devaluatorio de diciembre, sumado al desembolso del Fondo Monetario Internacional que fue habilitado a fines de enero, prepararon el terreno para que el Poder Ejecutivo alcance el nivel de acopio de divisas al que se comprometió con el FMI para fines de marzo.
Esta semana, el BCRA publicó el Informe Monetario Mensual de enero, mes en el que las reservas internacionales terminaron con un saldo de u$s27.642 millones. De todas formas, la entidad monetaria necesitará conseguir otros u$s1.200 millones para alcanzar el objetivo en la fecha de corte mencionada, en medio de un deterioro en la competitividad del tipo de cambio oficial por la presión inflacionaria.
Para lograr esta meta, el Gobierno sigue apostando por el Bopreal, mientras espera la cosecha gruesa entre marzo y abril, lo que no sólo implicará un ingreso importante en materia de retenciones sobre las exportaciones, sino que aliviará en gran medida el escenario cambiario.
Otra de las grandes preocupaciones del Gobierno es lograr el déficit cero. Para ello, había propuesto una reforma del Estado a través de la Ley Ómnibus, que sufrió la negativa de la oposición y debió ser retirada del Congreso.
A pesar del traspié, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la caída de esta ley «no afecta el programa económico» del Gobierno. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno presidencial aseguraron que “volver a negociar no es opción”, por lo cual es de esperarse que se impartan nuevos decretos para alinear algunas cuestiones.
Desde Roma, Milei volvió a criticar a los gobernadores, a quienes acusó de “traidores” y concretó nuevos cambios en su gabinete, mediante el despido de aquellos funcionarios vinculados a las provincias. En un comunicado, la Casa Rosada informó que el Presidente le pidió la renuncia a la secretaria de Minería, Flavia Royón, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y al titular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, vinculado con el gobernador cordobés, Martín Llaryora.
La versión oficial del pedido de renuncia dice que ante «la crisis económica heredada y el momento histórico actual», el gobierno necesita «funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado».
Asimismo, el primer mandatario advirtió que profundizará el ajuste a las provincias y remarcó que el retiro de la Ley Ómnibus «dejó en evidencia quiénes son la mugre de la política”.
