Los reales beneficiados de la Ley Ómnibus y el DNU 70/23
En primer lugar, la cúpula dominante de nuestra economía se divide básicamente en tres sectores bien diferenciados que, sin embargo, se unen por tres causas:
- 1) Que no se investigue a dónde fueron a parar los más de 100.000 millones de dólares con los que el gobierno de Cambiemos (PRO-UCR), hoy base política del gobierno de Milei, endeudó al país. Que, además, se beneficiaron con sus supuestas o reales deudas con el exterior que abonaron durante la gestión de los Fernández y Massa con la compra a precio oficial de reservas internacionales del BCRA por 28.350 millones de dólares. Y que siguen beneficiándose con la compra de títulos ajustables por inflación o por dollar linked [1].
- 2) En el avance sobre los derechos de la población que se refleja en los dos mamotretos presentados por el actual gobierno: el DNU 70/23 y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que perjudican a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, a los inquilinos, a los consumidores, al patrimonio nacional y a nuestra soberanía, pero benefician al gran capital, tanto local como —y sobre todo— al extranjero.
- 3) Con la enajenación del patrimonio nacional, sobre la tierra, su subsuelo, el agua, las riquezas naturales (petróleo y gas, litio, minerales de todo tipo, alimentos, etc.) y las empresas públicas.
Los tres sectores beneficiados los podemos agrupar en:
- * El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros (BlackRock, Vanguard y otros) que tienen como aglutinante a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham) y a quienes tributa el equipo económico encabezado por Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del BCRA [2]. Que emplean al FMI como auditor de la deuda y de los planes de gobierno (de allí los acuerdos e informes técnicos – staff report).
- * La Asociación Empresaria Argentina (AEA) presidida por un hombre ligado a la embajada de los Estados Unidos y, como tal, principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero los principales directivos y vicepresidentes de AEA son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), y luego siguen: Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó). Incluye la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que nuclea a las principales petroleras del país. Su actual presidente es Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol S. A. (que es la petrolera del grupo Techint), su vicepresidente primero es Horacio Marín, actual presidente de YPF S. A. (era, hasta el 10 de diciembre de 2023, CEO de Tecpetrol S. A.) y “PAE” (Marcos Bulgheroni) en la vicepresidencia segunda. Vista & Oil (Miguel Galuccio) tiene la secretaría general, el prosecretario, Total Austral y el tesorero es de Pampa Energía.
- * El Consejo Agrario Argentino (CAA) que se conformó en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) y tiene asociados y sectores diversos, abarca prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello, se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.
Los tres sectores se beneficiaron y benefician con la fuga de capitales y el traslado de esa deuda al pueblo argentino. Es la deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país las que imponen una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía para satisfacer la demanda del exterior. En consecuencia, la Argentina aparece con problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, con cada vez menos actores industriales con capacidad de insertarse en un mundo con exigencias crecientes como efecto del entorno en el que se desenvuelve; por ende, la macroeconomía y la matriz comercial están en función de priorizar la venta de minerales, materias primas y alimentos [3].
Sin embargo, las diferencias entre ellos no son menores, y uno de los campos de batalla es el precio final del dólar. A los tres sectores los beneficia la devaluación de nuestra moneda, pero el capital local teme que sea de tal proporción que denigre el valor de los activos permitiendo su compra al capital extranjero, que incluso sufren en carne propia cuando por ejemplo Black Rock posee el 9% del grupo Techint, el 18,8% del Grupo Galicia, o es socia en Pampa Energía, en Transener, en Central Puerto, en Loma Negra, en IRSA, etc.
Y lo mismo pasa con la pretensión de malvender el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la Ansés, por la que presiona el capital financiero, pero Paolo Rocca y Héctor Magnetto no quieren que se liciten las acciones del grupo Clarín y del grupo Techint que posee el FGS, y solicitaron excluir esa posibilidad de los dos mamotretos enviados por el Poder Ejecutivo. Sí, en cambio, subsiste la pretensión de consolidar la deuda cruzada que tiene con el Tesoro, que le permitiría al gobierno de Milei reducir la deuda externa y el pago de sus intereses, apropiándose de lo que les corresponde a los jubilados y pensionados. Los gobernadores de 13 provincias con sistemas jubilatorios propios exigen, para aprobar la consolidación de deuda con el fondo que es de los jubilados y pensionados, que se les garantice el financiamiento de sus erogaciones.
El enfrentamiento en el seno de los sectores dominantes también se demostró en los “cortes en los combustibles” por el bioetanol (que nace a partir de la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas, puntualmente, caña de azúcar y maíz); y el biodiésel, extraído de la soja.
Prácticamente la totalidad de las exportaciones de biodiésel de la Argentina va a la Unión Europea y corresponden a lo producido en la provincia de Santa Fe, por encontrarse allí las plantas de mayor tamaño: RENOVA (Viterra), T6 Industrial (Aceitera General Deheza y Viterra), LDC Argentina (Louis Dreyfus), COFCO, Molino Agro, etc. Y el bioetanol en base a la caña de azúcar creció de producir menos de 10.000 metros cúbicos en 2015 a 500.000 metros cúbicos en el año 2023. Porcentaje similar que el obtenido del maíz; por ende, se produce un corte del 12% y la mitad corresponde al azúcar y el otro 6% al maíz [4]. Pero las hidrocarburíferas se quejan de que ese porcentaje de bioetanol o de biodiésel encarece el precio final de la nafta y del gasoil, cuando en el proyecto y en el dictamen se apunta a subir el piso de corte e incrementarlo paulatinamente a lo largo de los próximos tres años para llevarlo a 15% en el caso del biodiesel y entre un 18% y 27% para el bioetanol, entonces presionan para que se les permita importar si el precio local de los bio combustibles es mayor que el internacional y también piden que se reconozca el plástico (que ellos producen) como un insumo orgánico (sic).
El monitoreo del FMI
El FMI en una situación de acreedor privilegiado acuerda con el gobierno de Milei un modelo de subordinación al capital financiero internacional, en ese marco condiciona la política fiscal, monetaria, cambiaria y de reservas internacionales del BCRA.
En política fiscal acuerda un superávit primario (antes del pago de los servicios de la deuda externa) del 2% del PBI para 2024 (es en pesos, pero por unos 9.500 millones de dólares), cuando en el año 2023 se operó con un déficit primario base caja de 2,9% del PIB. Para llegar a ello debería incrementar los ingresos con respecto al año 2023 y a la vez reducir el gasto público en 2% del PIB.
La disminución del gasto planteada es del 1,7% del PIB; el 0,3% restante nace de la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, entre otros ajustes.
El FMI afirma en el staff report que “las nuevas autoridades se comprometen a eliminar todas las restricciones cambiarias” a corto plazo. Por caso, desmantelar el impuesto PAIS a fin de año. Quiere decir que van a seguir devaluando nuestra moneda para que sea el mercado el que determine su valor, pero no por nuestro comercio internacional, sino para pagar la deuda externa [5], que se encarece cada vez más porque la administración nacional recauda en pesos y al devaluar se deben “ahorrar” más pesos para pagar lo mismo.
Como esa deuda externa se torna cada vez más impagable por la devaluación de nuestro signo monetario, el gobierno de Milei se compromete con el FMI a derogar el artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. O sea, un mayor endeudamiento para pagar una deuda que no se investigó.
Por último, el staff report del FMI considera que “si las autoridades no son capaces de cumplir plenamente sus ambiciosos objetivos políticos, aún se habrían dado pasos importantes para corregir la grave situación de los desequilibrios macroeconómicos”.
La subordinación de las provincias
Es claro que tanto el DNU 70/23 como el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fueron redactados por grandes estudios jurídicos e impositivos pagados por los tres sectores dominantes del país, que eran para otro gobierno y que el actual asumió en su rol de ser votado por una mayoría cansada de la mentira de los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos.
Pero el que le da sustento político son las 15 administraciones provinciales que se reunieron el lunes 29 de enero de 2024 en el CFI (Consejo Federal de Inversiones [6]) y decidieron en claro incumplimiento del art. 29 de la Constitución nacional [7] apoyar ambos mamotretos, a cambio de que el ajuste fiscal en las provincias sea atenuado y coadministrado por las 15 subjurisdicciones nacionales (las provincias que se hicieron presente y acordaron son: Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, CABA, Corrientes, Chubut y Chaco).
Por un lado, nos recuerda al año 1988, cuando se reunieron gran parte de las provincias con el secretario de Hacienda, Mario Brodersohn, para avalar el “plan primavera” [8] y para una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que perjudicó seriamente a las provincias de Buenos Aires y de La Rioja.
Y, por otra parte, las provincias perciben una menor coparticipación desde que se elevó en octubre 2023 el mínimo no imponible de la IV categoría del Impuesto a las Ganancias (que se distribuye en su totalidad entre la Nación y las provincias y que exime a 800.000 trabajadores de pagar el gravamen). También los ingresos tributarios crecen menos que la inflación, por ende, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, según el IARAF [9], hacen que las provincias pierdan ingresos por 277.000 millones de pesos en enero de 2024 (equivale a 5.800 por habitante promedio en el país) que es un 12,7% de la coparticipación total a las provincias del mes de enero 2024 por 2.179.905 millones de pesos.
En ese marco, son amenazadas por el gobierno central:
- Disminuyendo en un 0,5% del PIB las transferencias no automáticas (son en pesos, pero equivalentes a unos 2.400 millones de dólares anuales).
- Desregulando el financiamiento por los bancos de provincia al Tesoro local, con el cual se financiaban para pagar en tiempo y forma las remuneraciones al personal público (Com. A 7674 del BCRA del 24/01/24).
- No admitiendo que se paguen los tributos nacionales con los “bonos provinciales”.
Ante esa situación, las provincias aceptan, por medio de sus representantes, aprobar en general el proyecto de ley denominado de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y no rechazar el DNU 70/23.
La propuesta de los 15 representantes de las provincias que se reunieron el lunes 29 de enero 2024 en el CFI es que a cambio:
- Se coparticipe el impuesto PAIS.
- Se coparticipe el Impuesto al Cheque.
Esto significaría dinero “cash” para sus administraciones pero en desmedro de los jubilados y pensionados, dado que ambos gravámenes tienen asignación específica.
Cómo se van a financiar las cajas previsionales y cómo se ajustarán los haberes de jubilados y pensionados no está resuelto, pero seguro que es en desmedro de los llamados beneficiarios, cuando la jubilación mínima más el bono significan 160.000 pesos por mes, que es la remuneración mayoritaria para los trabajadores en pasividad, en todo el país.
