«Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica», advirtió la Cámara Argentina de la Construcción.
El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) declaró el estado de emergencia en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos.
La declaración del estado de emergencia se basa en que es «la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector» y advierte que «no puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses».
«Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica. El país todo vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos», alertó CAMARCO, que representa a empresas que generan más de 500.000 puestos de trabajo, en forma directa, con un gran efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional.
El comunicado explica que «en todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones».
Por ello, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción declaró el Estado de Emergencia en todo el país e instruyó a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a «adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda«.
Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector. Se trata, resumió el comunicado, de «la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos».
