La jueza Martina Forns firmó otra cautelar contra los aumentos de una prepaga, que impediría continuar los tratamientos a una criatura discapacitada. Denuncian la intención de «acabar con los afiliados individuales y quedarse con la crema del negocio»
( Por Raúl Dellatorre / Página 12 / Motor Económico ) La Coalición Cívica presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una denuncia por «potencial conducta de cartelización» en el mercado de servicios de medicina prepaga, por parte de las sociedades que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), que lidera Claudio Belocopitt, para incrementar los precios a usuarios y proveedores.
Apenas se puso en funcionamiento la desregulación de las cuotas las empresas de medicina prepagas aplicaron un aumento del 40 por ciento de manera uniforme, tal cual lo había anticipado en esos días el titular de UAS. Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la entidad empresaria, se manifestó posteriormente partidario de aplicar un 30% de ajuste en febrero y otro 10% en marzo. En forma acumulativa, representaría un aumento del 100 por ciento en tres meses.
Por otra parte, se conoció un nuevo pronunciamiento judicial en contra de la aplicación de los aumentos en las cuotas de prepagas amparados en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que desregula el régimen de precios en ese mercado. Como en al anterior, la medida cautelar sólo tiene alcance sobre el usuario damnificado que efectuó la denuncia, en este caso un usuario de la prestadora Omint SA cuyo hijo de 4 años «realiza múltiples terapias por intermedio de la demandada, en relación a su discapacidad por diagnóstico de síndrome de down». Tratamientos que, en caso de «consolidarse los aumentos de precios, se le dificultará continuar con los servicios que brinda Omint».
Al igual que en el caso conocido pocas horas antes contra la Sociedad Italiana de Beneficencia, la jueza actuante en la cautelar contra Omint es Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 1 de San Martín. En ambos casos, ordenó a las empresas que readecuen las cuotas correspondientes a su plan asistencial, «dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23 del Poder Ejecutivo Nacional», tomando en cuenta en ambos casos que los aumentos aplicados, al limitar las posibilidades de los usuarios demandantes de poder seguir manteniendo el servicio, atentaban contra los derechos más elementales de los afectados: el derecho a la salud y a la vida.
Es por ello que la magistrada se pronunció, tanto en el caso de la jubilada de 78 años afiliada a la Sociedad Italiana, como el del padre de familia afiliado a Omint, por dictar una medida cautelar y en beneficio exclusivamente de los damnificados denunciantes, hasta tanto exista una resolución de fondo respecto del pedido de inconstitucionalidad del decreto, en lo referente a los servicios de salud.
En cuanto a la denuncia por «presunta cartelización» presentada por la Coalición Cívica, se advierte que en los hechos se configura «la práctica anticompetitiva prevista en el inciso a) del Artículo 2 de la Ley 27.422» de Defensa de la Competencia. La agrupación política denunciante adujo que de esa «conducta habrían participado las principales sociedades que prestan el servicio referido y que, conforme declaraciones de los directivos de las mismas, concentran a más de la mitad del total de los usuarios de todo el mercado de medicina prepaga en Argentina».
Los denunciantes adjuntaron «a modo de prueba» circulares de Swiss Medical, Medife, Hospital Alemán, Hospital Británico, Galeno, Omint, y -añadieron- «se tiene conocimiento por los medios que lo mismo sucede con OSDE».
En este sentido, solicitaron «que se analice el comportamiento de la UAS y si su reglamento o prácticas cumplen con los estándares de la CNDC respecto de este tipo de cámaras empresariales».
También adjuntaron «notas periodísticas en que uno de los, presumiblemente, involucrados, cuenta: que existieron reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios; se fijó un valor estimado en torno al 40% de aumento a los usuarios; se acordaron, presumiblemente, políticas de contratación a sus proveedores en la prestación del servicio; y que las políticas de precio acordada podría, estiman, impactar en una pérdida promedio del 30% de los usuarios del servicio».
Al respecto, Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló a Página 12 que «las empresas son concientes que estos precios son imposibles de sostener para muchas personas y Belocopitt reconoce que no le importa perder el 30 por ciento de adherentres, porque se trata de los afiliados individuales. Los que quiere retener son los afiliados corporativos, los que tienen por acuerdos con empresas o con obras sociales, donde reciben otras compensaciones que en los afiliados individuales no tienen. Lo de siempre: buscan quedarse con la crema del negocio».
«Ellos van por la eliminación de los afiliados individuales y la desaparición por absorción de las obras sociales. Estamos recibiendo infinidad de consultas con casos muy similares a los que han generado las cautelares de la doctora Forns. Son muchos los jubilados que cobran 300 mil pesos y tienen una prepaga que con los aumentos se le va a ir a 150 a 180 mil pesos, es insostenible tener una prepaga que te consume más de la mitad de los ingresos», agregó Boada.
