- A pedido de yerbateras, un juzgado en lo Civil y Comercial provincial suspendió el capítulo del superdecreto del presidente de la Nación vinculado a la yerba mate, que deroga desde el artículo 164 hasta el 168 inclusive de la ley 25.564, del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Asociaciones yerbateras y productores de Misiones presentaron un recurso de amparo contra el DNU del presidente Javier Milei que, entre otras cientos de medidas, desregula la actividad yerbatera y limita las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Hoy, el Juzgado Civil y Comercial N°8 de esa provincia, a cargo de Adriana Fiori, suspendió la vigencia de dichas modificaciones.
La acción de amparo presentada por un grupo de pequeños productores de yerba mate buscaba habilitar la feria judicial para que se declarara la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento, a fin de que no se modifiquen ni alteren la estructura, ni las funciones y ni las atribuciones del INYM, de conformidad con el texto original de la Ley N° 25.564.
Lo que hizo la magistrada fue suspender el capítulo del superdecreto del presidente de la Nación vinculado a la yerba mate, que deroga desde el artículo 164 hasta el 168 inclusive de la ley 25.564, del INYM.
En su presentación judicial, los productores alegaron que está en riesgo cierto e inminente el derecho a la salud de miles de productores yerbateros y sus familias, como beneficiarios del Convenio de Cobertura de Salud Integral celebrado el 20/04/22 entre el Gobierno de la Provincia y el INYM.
En este sentido, la magistrada señaló: “Sin desconocer que la persona demandada es el Estado Nacional, no puedo soslayar que la petición de los actores incluye un pedido de medida cautelar con fundamento en el derecho a la salud de un grupo vulnerable de la población”. Y afirmó que “es innegable que el pequeño productor yerbatero y sus familias, beneficiarios del mencionado convenio, son el segmento más vulnerable de toda la cadena de producción”, y que “en el contexto socioeconómico actual no puede desatenderse el pedido de que se garantice un derecho tan fundamental como el de la salud integral, con la urgencia que el caso impone”.
“Ese es el sentido de la excepción prevista en el artículo 2 inciso 2 de la ley 26.854 (sobre las medidas cautelares) y la habilitación legal para resolver la medida cautelar sin sustanciaciones previas ni otras dilaciones, tal como lo prevé el art. 4º inciso 3) de la misma ley”, planteó.
Al margen de la cautelar, la jueza se inhibió de intervenir sobre el contenido del decreto y remitió el expediente al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, por lo que recaerá ante la autoridad de feria, donde en otra resolución reciente accionó la provincia de Misiones y se remitieron las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta última decisión se encuentra en grado de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
Antes de que los yerbateros presentaran el escrito en la Justicia lo dieron a conocer a la prensa en las puertas de la sede del INYM, en la ciudad de Posadas, por representantes del sector y señalaron: “Si no se nos escucha, no vamos a dudar en llevar nuestros tractores a Buenos Aires”.
Esta presentación judicial se sumó al amparo interpuesto por el Gobierno de Misiones contra el DNU, específicamente por el artículo que afecta las atribuciones del INYM.
Además de limitar las funciones del INYM, como la de fijar los precios mínimos para la materia prima, el DNU recorta los fondos que corresponden a la cobertura de salud de los productores. Al respecto, el productor Antonio Franza indicó: “Estamos muy preocupados de quedar sin la obra social yerbatera, que fue creada hace dos años y que funciona muy bien, nuestros productores van a quedar sin la cobertura médica”.
“Tenemos productores con tratamiento oncológico, de familias que se tratan con la obra social y que son productores genuinos yerbateros y que hoy están sin la cobertura”, afirmó y agregó que la cautelar pide que la obra social siga y que los fondos del Instituto queden donde corresponde.
Para finalizar dijo que “el instituto no puede terminar, tiene que seguir para los productores, porque esta es nuestra herramienta y la vamos a defender”.
El pedido fue firmado por integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn), la Asociación Chimiray, la Asociación de los Yerbatero del Alto Uruguay, la Casa de la Familia Yerbatera, el Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA) y la Asociación de Productores Agrarios Zona Sur (Apazur).
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