La funcionaria bonaerense analiza las reformas de Javier Milei. Los manicomios, las internaciones involuntarias, los tratados internacionales y el rol de los jueces.
( Luca Fernández) Julieta Calmels es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. En diálogo con BuenosAires/12, la funcionaria analiza las modificaciones que planteó el gobierno nacional, mediante la Ley Ómnibus, en materia de salud mental.
–¿Por qué te opusiste públicamente a la Ley Ómnibus y su búsqueda de reinstalar el concepto de manicomio?
–En la Argentina y en el mundo hubo dos modelos que estuvieron en disputa, pero desde hace bastante tiempo en se tomó una posición, que es el de los modelos de salud centrados en las comunidades. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Comité que integra la ONU, sobre los derechos de las personas con discapacidad, plantearon que no hay que institucionalizar los tratamientos en salud mental.
–¿Y eso que quiere decir?
–Que las internaciones siguen siendo un recurso terapéutico, y que hay que ampliar y mejorar los espacios donde se puede internar. De hecho es uno de los ejes de la política de salud mental bonaerense, donde ampliamos el 60 por ciento de las camas en los hospitales generales. Pero también quiere decir que hay que terminar con el modelo de atención donde las personas ingresaban y quedaban viviendo en los manicomios de por vida. Ahí la gente no se interna, se va a vivir para siempre, y eso está comprobado, estudiado y no hay nadie sensato con instrucción que pueda decir que ese es el modelo a seguir.
–¿Por qué?
–El modelo manicomial concluyó hace muchos años y es nocivo, porque las personas se desligan de sus comunidades, pierden lazos afectivos, referencias comunitarias y empeoran mucho su salud.
–¿Y por qué el gobierno nacional insiste en volver a eso? ¿Quién se beneficia si no son los pacientes?
–Hay que poner esta reforma en el contexto de toda la Ley Ómnibus, que es más una ‘ley tanque’, porque va a la guerra y destruye todos los derechos. Los sectores más conservadores de la Argentina siguen creyendo que esa es la alternativa, y en general son los sectores más regresivos en materia de derechos. Lo hacen porque es más cómodo para los profesionales, pero va en perjuicio del derecho de las personas. De la misma manera son conservadores con otros temas. Uno no ve avances de la libertad de las personas, al revés, esto tiende al abandono del pueblo.
–¿Qué hacen los organismos internacionales ante una situación así?
–Nosotros imaginamos que éstas modificaciones no avanzarán, porque esperamos que los legisladores puedan honrar su rol. Pero si sucediera, habría muchísimo conflicto internacional. Sin ir más lejos, Buenos Aires tiene firmada una solución amistosa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenía un juicio contra el país por un caso de internación irregular. El Estado argentino iba a recibir una sanción y eso es muy grave, pero Argentina propuso mediante la PBA, que es donde ocurrió el hecho, llevar adelante la reforma de los manicomios y una norma que regula al sector privado. Si Argentina avanzara en la Ley Ómnibus, nosotros tendríamos un conflicto de entrada en términos internacionales.
–¿Cuál era la realidad del sistema de salud mental cuando asumieron?
–En los manicomios provinciales la mitad de los pacientes tenían más de diez años de internación. No estaban ahí por una crisis de salud mental, sino porque no tenían alternativa para la vida. Cuando asumimos encontramos personas sin DNI y sin inscripción de nacimiento, un profundo abandono del cuidado de la salud y de las personas, comida servida a granel y sin cubiertos, baños sin puertas, sin espejos y duchas sin cortinas, entre otros graves deterioros de las condiciones edilicias.
–¿Cómo actuaron ante esa situación?
–Construimos mejores condiciones para atender la salud mental en los hospitales generales y ampliamos los servicios en las comunidades, como las casas de día, los centros de atención y la medicación accesible en los centros de salud. Ése es el camino que toma la provincia de Buenos Aires, porque es el que señala la ley de salud mental. Brasil hace lo mismo. Es un país gigante que hace diez año cerró sus manicomios y generan proyectos alternativos. En la provincia alcanzamos el cierre de 18 pabellones de larga estadía de 35 preexistentes. La mitad de las personas que estaban internadas crónicamente ya están viviendo en la comunidad.
–¿Cómo viven en la comunidad?
–Hay 185 casas de la Provincia con personal de salud que acompañan la vida de las personas. El viernes pasado inauguramos una casa de ocho personas en Mercedes, que viven con un equipo de salud. El modelo alternativo al manicomio implica la construcción de espacios en la comunidad con apoyo del sistema sanitario. Tenemos 400 trabajadores que están abocados exclusivamente al trabajo en las viviendas, y estamos construyendo casas en distintos proyectos de viviendas en más de cien casas.
–Uno de los artículos modificados dice que «la existencia de diagnóstico por sí solo en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad», y remarca que «el juez podrá adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria» ¿Qué ocurre con esto?
–Si estoy en un hospital y llega una persona con una indicación judicial de internarla, como médica no puedo desatender una orden judicial. El tema es que quizá la persona no requiere la internación, y eso es un problema. Un juez no sabe cuándo se debe internar una persona, así como tampoco saben cuándo se tiene que operar, porque son medidas sanitarias. Hoy, según la ley, los jueces pueden intervenir ante situaciones graves que ocurren y generar angustia. Ordenan el traslado para su atención y le solicitan a la fuerza de seguridad y al personal de salud que lo secunden. Muchas veces se evalúa que es necesaria una internación involuntaria, pero el cambio que propone la ley Ómnibus dice que el Juez puede ordenar la internación.
–¿Por qué creés que se le da esa facultad a los jueces?
Hay mucha preocupación porque los temas de salud mental están aumentando, y a veces hay dificultades en cómo coordinar los servicios de emergencia con los espacios de internación. Enlazar eso es parte de las deudas, sobre cómo la salud mental ingresa en las urgencias. Si hubiese entrado una reforma sobre cómo mejorar el sistema de salud, sería comprensible, pero está sucediendo otra cosa, y eso que se proponen no va a mejorar.
–¿Por qué?
–Porque la salud se transforma mejorándola, no metiendo a la Justicia a regularla. Va a funcionar mal porque no tienen condiciones. Un juez no indicaría operar del corazón a una persona y trasladarla aunque tenga riesgo de vida, entonces ¿Por qué lo haría con la salud mental? En el ámbito de la salud mental parece que cualquiera puede tener poder de opinión y decisión, pero eso ya se hizo en la Argentina y funcionó mal. De hecho, el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue por una internación compulsiva dictada por un juez. Es el mejor ejemplo.
–Dijiste que hay dificultades en cómo coordinar los servicios de emergencia con los espacios de internación ¿En PBA qué hicieron al respecto?
–Esa es una parte del trabajo que hay que mejorar hacia adelante. Por eso hace un año y medio sacamos una norma que son Pautas para la Intervención de Servicios de Seguridad y Salud Ante Emergencias por Salud Mental. Con eso, en los distintos municipios, hacemos capacitaciones con la policía, los sistemas de emergencias y las guardias hospitalarias. La PBA tiene presentado un proyecto de ley sobre una empresa estatal de emergencia, que fue presentado en el congreso de la provincia, junto al proyecto del banco público de medicamentos. Los ejes son sumar recursos, poner la salud mental en el centro, formar a quienes intervienen en las emergencias, ampliar los espacios comunitarios y los de tratamientos de consumos.
–Otra de las modificaciones dice que el Órgano de Revisión debe estar conformado por un médico psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones, un técnico especialista en cuestiones de niñez y adolescencia y un abogado especialista en la materia. ¿Qué te parece?
–Hay desconcierto. Es tan malo lo que se presentó, tan irregular y antijurídico, que estamos en una situación de completo desconcierto, ya que anula la responsabilidad del Estado en la regulación de esta instancia de salud. Directamente lo vuela, lo saca, y ni siquiera dice que lo deroga, pero cuando habla del órgano de Revisión, describe una composición donde no aparece el Estado, el Poder Ejecutivo, los organismos de derechos humanos, ni las organizaciones de profesionales. Y encima, llamativamente, aparece la figura de ‘Técnico Especialista en Adicciones’. No sabemos quién dicta esa especialidad en Argentina, porque ninguna universidad lo da. Es de una gravedad muy grande de lo que hablamos.
–¿Qué hay detrás de esa búsqueda?
–Esto esconde intereses. Algunos de preocupación legítima y de voluntad genuina de mejorar, que son bienvenidos y deben ser atendidos, pero también hay intereses de los viejos grupos conservadores que lo único que quieren es encierro y falta de derechos para las personas.
–La Ley Ómnibus dispone los criterios de internación involuntaria.
–A veces se hace una confusión maliciosa, que dice que no se puede internar involuntariamente. Eso es falso, soy funcionaria del gobierno provincial y accioné al respecto, porque la ley dice que para que haya una intervención involuntaria debe haber un criterio de riesgo cierto o inminente, sobre sí mismo o sobre otros. En los manicomios estamos externando todos los pacientes crónicos, pero no cerramos la internación aguda. La internación por salud mental no está cerrada, de hecho más del 60 por ciento de los pacientes actuales corresponden a esas situaciones. El tema es que debe ser indicado por un equipo profesional y allí darle aviso al juez para que controle la legalidad de la medida, no al revés.
–Uno de los motivos que proponen es cuando el paciente «no logre adherencia a los abordajes ambulatorios» ¿Cómo se mide eso? ¿Y si los abordajes no son eficientes?
–La adherencia forma parte de las discusiones de salud, es un tema muy sanitario. A veces la persona no tiene adherencia porque no es el tratamiento adecuado, porque no se planteó de buena manera, pero también hay veces que el paciente no está en condiciones de poder mantener un tratamiento. Entonces ahí sí la indicación es una internación involuntaria, porque algunos abandonan el tratamiento y se quedan en sus casas.
–¿Y qué hace la subsecretaría con un paciente que no va más a tratarse?
–Muchos atraviesan ideas de muerte y abandonan su salud. Personalmente, de manera regular ordeno que los equipos de salud mental intervengan en los domicilios. Seguro falta muchísimo, quiero ser sincera sobre las dificultades, porque no se trata de no plantearlas, sino de encontrar un camino que mejore, no que empeore.
–Otra de las razones para internar involuntariamente habla de cuando «no hayan cesado las causas que generaron tal situación».
–Eso es un problema. Puede estar vinculado al los consumos, ya que hay un sector que piensa que para resolver los problemas de drogas los pacientes tienen que estar internados, y allí entramos en un debate profundo. La redacción de la Ley Ómnibus es muy desprolija, es poco científica, por lo que el motivo de origen es según quién lo interprete. Si el motivo del paciente es un diagnóstico fallido estaría de por vida, como a veces ocurre, pero si es la adicción ¿Qué pasa si su consumo no es tan grave como para internarlo involuntariamente?
–¿Cómo se conjuga el trabajo entre la salud mental y las adicciones?
–Las adicciones son un problema de salud, antes se las pensaba junto a la Seguridad, pero eso ya cambió. El consumo problemático es el tercer motivo de internación en situaciones de salud mental. Las personas a veces necesitan un tiempo más prolongado de internación, por lo que tenemos casas convivenciales en la PBA, y unidades residenciales que, cuando la persona está desintoxicada, continúa su tratamiento. Licitamos ya 2 unidades nuevas para Mercedes y La Plata, faltan más.
–¿Cómo se puede frenar la Ley Ómnibus? ¿Sólo depende del Poder Legislativo?
–Un poder solo nunca es la única herramienta ante situaciones tan graves como la que vive Argentina, pero lo cierto es que el parlamento tiene una responsabilidad muy importante que recae sobre los legisladores, que deberán no hacer retroceder al país en los estándares mínimos de cuidado. En todo caso, si faltan mejoras y fortalecimiento, debemos buscar la ampliación.
–¿Qué sectores empujan además de los legisladores?
–Hay una gran movilización de todo el sector de la salud mental en este momento. Asociaciones y colegios de profesionales de todo el país, autoridades de Salud, facultades de psicología, colectivos de usuarios y familiares, organizaciones de derechos humanos y demás. Hay juntadas, encuentros y seguramente nos reunamos con los bloques parlamentarios para discutir esta propuesta y compartir información.
–¿Y el gobierno bonaerense? ¿Qué hará a pesar del contexto?
–La PBA tiene un compromiso indeclinable con el avance en la reforma de la salud hacia el derecho de las personas. Ampliamos un 36 por ciento la planta de profesionales de salud mental, incorporando más de 2.300 trabajadores en toda la red provincial. Realizamos 36 capacitaciones para trabajadoras y trabajadores de la salud, que alcanzaron a 15.042 personas. Creamos la Comisión Interministerial de Salud Mental, invertimos más de 55.736 millones de pesos y diseñamos el Plan Integral Provincial de Salud Mental 2022-2027. Estamos comprometidos con transformar la salud pública. Nosotros vamos a mejorar el sistema, no a destruirlo.
