- El decreto de necesidad y urgencia que el Presidente dictó el 20 de diciembre último deroga la ley de indemnizaciones, extiende el período de prueba y permite la posibilidad de echar con causa (es decir sin indemnización) a empleados que participaran de bloqueos o tomas de establecimientos, entre otros puntos que afectan directamente a los trabajadores.
Llegó el primer fallo en contra de los planes de Javier Milei: la sala de feria de la Cámara Nacional del Trabajo suspendió este miércoles el capítulo laboral de su súper DNU. El tribunal dictó la medida cautelar a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT) revirtiendo lo resuelto en primera instancia. Técnicamente, suspendió la aplicabilidad del título IV Trabajo del decreto de necesidad y urgencia 70 de este año.
A continuación, todas las medidas del DNU que se suspendieron.
- Deroga los artículos que regulaban multas, indemnizaciones y sanciones por el empleo no registrado.
- Deroga la ley indemnizaciones laborales que establece que serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral no registrada o que lo esté de modo deficiente.
- Deroga los artículos de la ley de evasión fiscal que persiguen el empleo no registrado.
- Deroga el artículo del Régimen de Trabajo Agrario que prohibía la actuación de empresas de servicios temporarios, en su momento cuestionadas por condiciones laborales de cuasi esclavitud.
- Deroga el artículo del Régimen Especial de Personal de Casas Particulares que imponía la doble indemnización por ausencia y/o deficiencia en la registración.
- Ya no podrá presumirse que existe una relación de dependencia encubierta cuando “se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación”. Una norma que atañe a los llamados factureros.
- Se facilita la tercerización laboral porque la responsabilidad sobre los empleados de una empresa tercerizada ya no recaerá sobre la compañía que la contrate. “Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas”, reza el DNU.
- Período de prueba. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros ocho meses de vigencia. Ya no serán tres.
- Se podrá echar con causa, y por tanto sin indemnización, a aquellos empleados que participen en bloqueos o tomas de establecimiento.
- La base de cálculo de la indemnización ya no incluirá el aguinaldo, ni conceptos de pago semestral o anual.
- Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Es decir, cada sector empresarial y su gremio podrán pactar eliminar la indemnización y reemplazarla por un seguro de desempleo similar al de la construcción. La abolición de la indemnización y su reemplazo por este sistema fue una promesa de campaña de Milei.
- Se establece que los gremios no podrán organizar asambleas de trabajadores que “perjudiquen las actividades normales de la empresa o afecten a terceros”.
- Se deroga el Régimen del Viajante de Comercio.
- Se modifica el régimen de teletrabajo. Se cambió el artículo que decía que “las personas que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”. Ya no. Ahora sólo “tendrán derecho a coordinar con el empleador, en tanto no afecte lo requerido de su trabajo, horarios compatibles a la tarea de cuidado a su cargo y/o la interrupción esporádica de su jornada, compensado dichos períodos de tiempo de manera acorde con las tareas asignadas”.
- También cambia la llamada “reversibilidad” del trabajo para facilitar el regreso a la presencialidad que ordene el empleador. Antes se establecía que “el consentimiento prestado por la persona que” trabajaba “en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo” podía “ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación”, pero “el empleador le” debía “otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente. Ahora el teletrabajo ”podrá ser revertido por acuerdo mutuo entre el trabajador y el empleador, en tanto existan en las instalaciones de la empresa las condiciones para que la persona pueda retomar su trabajo en forma presencial“.
- Hasta ahora, quien teletrabajaba para una empresa que ofrecía servicios al exterior gozaba de la ley laboral local, pero ahora tendrá que atenerse a la norma de trabajo del país para el que su empleador esté operando.
- El “trabajador independiente” podrá contar con hasta otros cinco “trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo”. Ya no serán más sus empleados sino que el vínculo “estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos”.
- Se limita el derecho a huelga de determinados sectores esenciales. Antes debían mantener guardias “mínimas”. Ahora los llamados servicios esenciales deben mantener el 75% de sus operaciones, sólo un 25% puede parar. Esto incluye servicios sanitarios y hospitalarios, transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, servicios farmacéuticos, producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales; aeronáutica comercial y control de tráfico aéreo y portuario, servicios aduaneros, migratorios y de comercio exterior, cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial. En tanto, deberán mantener el 50% de la actividad aquellos que se dediquen a “producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios, transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías, servicios de radio y televisión, actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera, industria alimenticia en toda su cadena de valor, producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor, servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico y producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
- La figura del despachante de aduana pierde su razón de ser. Antes el Código Aduanero decía que sólo este profesional podía “gestionar ante las aduanas el despacho y la destinación de mercaderías”. Ya no rige más. Algunos economistas se preguntan con ironía por qué no se abolió también el monopolio de los escribanos.
- También se afecta a los farmacéuticos. “Ningún profesional farmacéutico podrá ser director técnico de más de una farmacia”, decía el régimen del sector. Ahora, un mismo profesional podrá atender varias farmacias. Además, se redujeron las obligaciones para que estos locales estén de turno a la noche.
