El recorte de gastos afecta hasta a las jubilaciones, con la modificación del régimen de movilidad. Habrá una «reversión» de la quita del impuesto a las Ganancias sobre los salarios.
Por Raúl Dellatorre
Le costó al gobierno encontrar el tono del discurso con el que haría su presentación la nueva política económica. Se esperaba la palabra del flamante ministro, Luis Caputo, para las 17, pero recién se hizo público su mensaje dos horas después. Debió ser regrabado, porque la primera versión, ya lista antes de las 16, no le gustó al Presidente, que reclamó mayor intensidad y justificaciones más directas. En definitiva, se trataba de un mensaje que le avisaba a la población que, durante varios meses, verá dispararse la inflación a un ritmo del 20 por ciento mensual y más, alimentada por un salto en el valor del dólar de más del 100 por ciento, que ya no habrá ningún tipo de control o sanciones a quienes aumenten precios de productos básicos de consumo injustificadamente, que las tarifas de servicios públicos y del transporte podrán elevarse al doble o más, y que en ese escenario de una previsible profunda recesión y caída en picada de la capacidad adquisitiva de los ingresos, no están previstas compensaciones para salarios y jubilaciones.
En cambio, trascendió que el Ministerio de Economía pretende enviar un proyecto de ley al Congreso que elimine el actual régimen de movilidad jubilatoria (también actualiza trimestralmente los valores de las asignaciones y planes) para reemplazarlo por un sistema de actualización trimestral por decreto y a criterio del Poder Ejecutivo.
Incluso cumpliendo con las exigencias de Javier Milei de extender en el mensaje las explicaciones sobre la necesidad del ajuste, al ex operador del JP Morgan y del Deutsche Bank, hoy ministro, le bastaron menos de 20 miuutos para trazar los lineamientos que dan el disparo de largada al que puede llegar a ser la más violenta y dolorosa transferencia de ingresos de las últimas décadas, desde los sectores del trabajo y de la tercera edad, hacia el bolsillo de los dueños de empresas que ya vienen aprovechando el desorden económico reinante para aplicar aumentos de precios que, en pocas semanas, promediaron entre el 60 y el 120 por ciento.
El contenido del mensaje de Caputo se puede sintetizar en las siguientes diez medidas, tal como las presentó:
1) No se renuevan contratos con el estado menores a un año.
2) Se suspende la pauta publicitaria de gobierno nacional por un año. En 2023 se gastaron $34.000 millones en ese rubro.
3) Reducción del número de ministerios, secretarías y subsecretarías en un 34% (de unos 300 cargos pasan a poco más de 200).
4) Reducción al mínimo de las transferencias discrecionales del Tesoro a las provincias.
5) El Estado Nacional no va a licitar obra pública nueva y va a dar de baja las licitadas y que aún no arrancaron.
6) Reducción de subsidios a la energía y el transporte, especialmente en el AMBA.
7) Se mantienen Planes Sociales estipulados en el Presupuesto 2023 y se eliminarán intermediarios.
8) El dólar oficial pasa a valer $800. Aumento provisorio de impuesto PAIS a importaciones y de las retenciones a exportaciones no agropecuarias.
9) Importaciones: reemplazarán las SIRA por un sistema estadístico sin licencias previas.
10) Se duplica la AUH y aumenta en un 50% la Tarjeta Alimentar.
Caputo admitió que esta política tendrá un impacto negativo muy fuerte sobre la economía en los próximos meses, pero acudió una vez más a la teoría del miedo al sostener que es el costo necesario a pagar «para evitar una catástrofe», porque «seguir en el mismo camino nos llevaría a una hiperinflación del 15 mil por ciento», dijo, repitiendo la cifra que tiró Milei el domingo último desde las escalinatas del Congreso.
«¿Qué quiere decir esto? Que si hoy pagamos un litro de leche a 400 pesos, en un año deberíamos pagarla a 60 mil pesos», graficó.
La lógica que plantea el gobierno nacional es que, si la economía argentina cae siempre en crisis recurrentes, es por una única razón: el déficit fiscal. Si gasta más de lo que le ingresa, para financiarse tiene que endeudarse o emitir dinero, y eso va a generar inflación, deuda, pobreza. «Culpa de malos gobiernos», subrayó, como si él no hubiera tenido nada que ver con el período de mayor endeudamiento externo de la historia argentina: el crédito stand by del FMI en 2018 por 57 mil millones de dólares (del que sólo se desembolsaron 45 mil millones por el escandaloso desequilibrio y fuga de divisas que provocó antes de terminar de cobrarlo).
«Nosotros vamos a hacer lo opuesto», dijo Caputo, intentando convertir en virtud el violento recorte de gastos y pérdida de ingresos para la población que va a provocar su plan.
La lógica del plan que seguirá el gobierno, según la explicó luego del anuncio una alta fuente del equipo económico, es que el ajuste brutal funcione como un ancla fiscal, poniéndole un freno al «empuje a la crisis» que da el déficit fiscal.
El impacto del ajuste debería sentirse ya en el primer trimestre de 2024, calculan. Las retenciones a las exportaciones de bienes y servicios en general subirán al 15 por ciento, mientras que las de la soja se mantendrán en el 30 por ciento. La movilidad jubilatoria se eliminará ya en el próximo trimestre, en la actualización que correspondería a marzo. La quita de subsidios al transporte y a las prestaciones eléctricas y gasiferas comenzaría a aplicarse desde febrero. Además, las tarifas deberían aumentar a la par del tipo de cambio y la inflación de estos próximos meses. Para el resto de las partidas presupuestarias, se aplicará el criterio de vigencia del presupuesto 2023 para el próximo año, con una actualización de valores muy inferior a la inflación.
Por otra parte, elaboran un «proyecto de reversión parcial» de la quita del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría (ingresos por trabajo en relación de dependencia) que impulsó y logró hacer promulgar Sergio Massa.
En cuanto al valor del dólar, con un tipo de cambio oficial de 800 pesos, los exportadores pasarían a cobrar en sus liquidaciones 860, porque 80% lo liquidarían en el mercado oficial y 20% en el contado con liqui. Las importaciones pasarán a pagar 17,5% de impuesto PAIS, con lo cual la cotización del dólar que comprarán se eleva a 940 pesos. El dólar tarjeta, que mantiene las percepciones por ganancias y el impuesto PAIS, alcanzará a 1320 pesos.
Algunas de estas medidas, como la suba de retenciones o el cambio del regimen de movilidad jubilatoria, deberán pasar por el Congreso. Las modificaciones cambiarias serán comunicadas este miércoles por las nuevas autoridades del Banco Central. Las demás, serán resueltas por decretos del poder ejecutivo que verán la luz este miércoles.
Según el análisis de los teóricos del modelo, tras el ajuste que actuará como ancla fiscal, operará un ancla cambiaria, porque después de este primer salto en el tipo de cambio, imaginan un miniajuste periódico (crawling peg) de no más del 2 por ciento mensual. Es decir, muy por debajo de la inflación esperada. Para marzo se espera un ingreso fuerte de divisas por la nueva cosecha, incluso con la posibilidad de un adelanto de liquidaciones del bloque cerealero por 5000 millones de dólares.
Mientras tanto, la caída del gasto público y la depresión de la capacidad de compra de la población por el impacto de la inflación harán lo suyo, provocando una muy fuerte recesión económica por el hundimiento de la demanda. Podrá ser una preocupación para muchos, sobre todo trabajadores y empresas nacionales que viven del mercado interno. Pero no para el gobierno: esa recesión es el fenómeno buscado por este modelo para ponerle un freno a la inflación. Dicho y reconocido por fuentes del actual equipo económico.
Habrá que pasar el verano.
Fuente: Página 12
