Por Raúl Hutin (*)
A horas del inicio del nuevo gobierno, la incertidumbre de los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas avanza y genera tensiones a la hora de evaluar las decisiones que debemos tomar al levantar la persiana de nuestra fábrica el día siguiente a la asunción del presidente Javier Milei.
Repasando el “Plan de Gobierno 2023-2027”, nos llama la atención que en ningún punto, ni siquiera en forma tangencial, se mencionan la política industrial a llevar a cabo y en especial lo que atañe a las pymes, siendo el 99,4% de las empresas del país, las que generamos el 75% de la mano de obra ocupada y producimos no menos del 50% del PIB del país.
La falta de definiciones en un sector fundamental de la producción no hace más que atrasar las decisiones a la hora de invertir en nuevas tecnologías o en investigación y desarrollo en la búsqueda incesante de nuevos y mejores productos para la sociedad.
La preocupación aún se hace más profunda al no contar en este momento con las materias primas necesarias para mantener la producción en marcha, tanto a nivel local, porque carecen de precio de referencia, como a nivel de importaciones, ya que las SIRA están caídas.
Pero lo más delicado es que tomamos compromisos con nuestros proveedores del exterior en base a créditos ganados en años de cumplimiento y se ponen en suspenso las condiciones de pago hasta no conocer las reglas de juego de la nueva era.
El nuevo gobierno tiene toda la legitimidad que le otorga la democracia para desarrollar su programa. Los empresarios pymes, por nuestra parte y como lo hemos hecho a lo largo de la historia, queremos aportar la experiencia y visión de una realidad compleja que conocemos desde adentro.
En ese sentido, no podemos dejar de inquietarnos, sabiendo que nuestra economía funciona con un nivel de monopolización tal que desequilibra las fuerzas del mercado. Muy pocas empresas manejan los insumos difundidos con total discreción, condicionando toda la cadena productiva. Podríamos dar decenas de ejemplos, todos conocidos como el aluminio, el acero, el plástico, el cemento, etc., que usamos a diario para producir lo que consume cada argentino.
Entendemos que el modelo a poner en práctica se basa en la libertad de comerciar, que los empresarios puedan ejercer su derecho a poner el precio que consideran más adecuado a sus productos. Hasta aquí queda claro, pero si se liberan los cupos de exportación de productos básicos para la alimentación de la población, como la harina, el maíz o la carne, el precio que pagará nuestros ciudadanos será el mismo que el trabajador francés o alemán, solo que con un salario entre siete y quince veces inferior.
Tal vez esté planteado equilibrar este desfasaje con negociaciones salariales libres, ya que entendemos que se avanza hacia una reforma laboral. Lo que no tenemos claro es si el salario real seguirá perdiendo espacio frente a las otras variables relativas.
Para las pymes hablar de estanflación como un apéndice más de las variables económicas nos prende una alarma. En cualquier marco, la estanflación anuncia una catástrofe, mucho más en la situación de la Argentina de hoy, con 44,7% de pobreza y 9,6% de indigencia. Si a la vez quitamos paliativos como la devolución del IVA, precios justos, volver a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, el consumo corre el riesgo de derrumbarse y, tras ello, como fichas de un dominó que se empujan unas a otras, veremos el cierre de empresas, tanto industriales como comerciales, provocando una ola de despidos, que a su vez alimentará una nueva caída del consumo y el deterioro creciente del mercado interno.
Desde nuestro sector esperamos ansiosos el inicio de esta nueva etapa, con la expectativa de no volver a tropezar con las mismas piedras.
(*) Industrial y dirigente Pyme
