Vicentin pide que se revise el rechazo a su oferta de cancelación de la deuda, que dejaría la empresa en manos de sus ex dueños asociados a Noble-Viterra, hoy una de las más fuertes corporaciones mundiales
( Por Raúl Dellatorre/ Página 12/ Director de Motor Económico) La cámara de apelaciones de Reconquista, Santa Fe, ordenó suspender el proceso de salvataje o cramdown en el concurso de Vicentin SA, a pedido de la propia empresa concursada. El propósito de los dueños originales de la agroexportadora es rescatar el acuerdo de salida de la convocatoria propuesto, junto a las firmas extranjeras Bunge y Viterra, por la misma concursada. La fórmula de cancelación de la deuda con los otros acreedores fue rechazada por el juez del concurso por «improcedente». Vicentin apeló ese fallo y logró ahora que la cámara santafesina, mientras evalúa la apelación, deje sin efecto el llamado del juez del concurso a la realización de nuevas ofertas a través del cramdown, antes de decretar la quiebra. «El objetivo es dilatar la situación y posibilitar que se consume un fraude monumental sobre el Banco Nación y el conjunto de los argentinos», advirtió un ex director de la entidad oficial.
La compleja situación judicial generada tiene su origen en un proceso de convocatoria de acreedores ya viciada de irregularidades desde el arranque. Vicentin se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2019, después de haber figurado al tope del ranking de exportadores de granos y derivados en los años previos. Hacia marzo de 2020 pidió su propia convocatoria de acreedores para afrontar una deuda impagable de 1500 millones de dólares, pero no pudo presentar un balance del último ejercicio, porque el cuadro económico financiero que le había expuesto a los bancos acreedores hasta octubre de 2019 no tenían nada que ver con la realidad.
El Banco Nación, con 300 millones de dólares de acreencia, era el más perjudicado por la cesación de pagos. La conducción de la entidad que había concedido graciosamente un margen crediticio que excedía todo criterio de prudencia, y que a todas luces no se iba a devolver, estaba encabezada por Javier González Fraga. El mismo que decía que durante el kirchnerismo «le hicieron creer a los argentinos que cualquiera podía viajar al exterior o tener un celular».
Así y todo, el juez comercial de primera instancia de Reconquista, Fabián Lorenzini, le dio a Vicentin la convocatoria de acreedores en 2020 y se inicia un proceso plagado de irregularidades. Hasta que este año, en un final anunciado –hasta el propio presidente, Alberto Fernández, había advertido cuando intentó una intervención que lo que se buscaba era evitar que la empresa terminara en manos extranjeras–, la empresa Vicentin formuló una propuesta de cancelación de deuda a sus acreedores de manera absolutamente despareja e inequitativa.
En principio, tres «acreedores principales» aparecían acompañando la propuesta: las firmes internacionales Bunge y Viterra, y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La propuesta, en principio, convenció a los acreedores granarios más chicos, con lo cual consiguió un número significativo de adhesiones, pero aplicaba una quita inmensa y un estiramiento de los plazos de pago hasta los cincuenta años al Banco Nación y otros acreedores oficiales. El BNA la rechazó y otros acreedores comerciales privados (Commodities SA entre ellos) también, lo cual obligó al juez Lorenzini a pronunciarse en contra de la salida propuesta por Vicentin.
Ante la falta de acuerdos entre las partes, el juez resolvió en las últimas semanas pasar a la instancia siguiente que establece la ley de quiebras: si no hay una propuesta de la concursada que conforme a la mayoría de acreedores, se debería proceder a la quiebra de la empresa, pero antes se abre un período de espera en el cual podría aparecer otra oferta (presentada por los acreedores o por un tercero) que constituya una salida aceptada por las demás partes. Es lo que se denomina procedimiento de «salvajate» o cramdown.
Vicentin apeló al rechazo de su oferta, y pidió su elevación a cámara del pedido para su resolución en esa instancia. Lorenzini aceptó la elevación del recurso, pero no le dio carácter «suspensivo». Es decir, que el procedimiento del cramdown seguía su curso. Incluso le otorgó un plazo adicional de diez días, ya que el primero vencía a fines de esta semana.
Pero una vez que la causa entró en la cámara de apelaciones, Vicentin hizo una nueva presentación exigiendo que ese tribunal resolviera suspender el cramdown hasta tanto haya definición sobre su pedido de revisión del rechazo a su propuesta. Y ayer la cámara de Reconquista, compuesta por los jueces Dalla Fontana, Román y Sánchez, aceptó el pedido y suspendió el procedimiento.
«Buscan dilatar la causa para que, con un cambio de gobierno, el fraude se consume y se profundice el control del comercio exterior y de nuestras divisas por un número reducido de trasnacionales», opinó Claudio Lozano, ex director del Banco Nación hasta el año pasado, respecto del fallo. «La estafa de Vicentín pudo concretarse en connivencia con el gobierno de Macri y las autoridades del Banco Nación que encabezaba Javier González Fraga. Sin esta connivencia nada de lo ocurrido hubiese sido posible», agregó el ex diputado nacional de Unidad Popular.
Viterra es una filial del grupo Glencore, y en junio anunció su fusión con Bunge Ltd. a nivel global, con lo cual pasaron a ser una sola empresa. Su presencia en Argentina, en el rubro exportaciones de granos pero también en otros, podría expandirse a tal dimensión si se quedaran con el control de Vicentin, que dejaría bajo su control uno de cada cinco dólares que exporta el país: el 20 por ciento.
Desde otros sectores vinculados al proceso judicial se formularon manifestaciones similares a las de Lozano. La batalla por Vicentin y el traspaso de su control, aliviado de las deudas, a un núcleo conformado por sus ex directivos más el consorcio Bunge-Viterra (ACA ya había dado un paso al costado), no logró consolidarse pese a que contaban con el juez Lorenzini de su parte, según ellos mismos contaban. Pero la apertura del cramdown podía dejarlos afuera, sobre todo si se concretaba una esperada oferta proveniente de un grupo conformado por el Banco Nación, quizás en sociedad con Commodities SA y ACA, como se especulaba en algunos ámbitos.
La decisión política que pueda adoptar el gobierno es crucial para definir la situación. Por eso, para algunos frenar y patear para adelante el salvataje, es interpretado como una movida a favor del grupo Vicentin-Bunge-Viterra, que se sentiría más seguro, post elecciones, si la decisión queda en manos de un gobierno opuesto al actual.
Desde otro lado, se advierte que la propuesta alternativa que debería llegar de la mano del Banco Nación «no parece estar preparándose». Podría suponerse que a este sector también le viene bien la postergación y apostar a que, con un eventual triunfo del candidato oficial a la presidencia, una vez alcanzado ese objetivo habría «más espaldas políticas» para dar el salto hacia Vicentin.
