El programa ayudará a hacer un mapa de la demanda de tierras en todo el país. Forma parte de un plan para crear 1 millón de lotes listos para usar.
El gobierno nacional lanzó el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), con el que centralizará, con información sociodemográfica georreferenciada, toda la demanda de las personas y familias de los barrios y sectores populares, de todo el país, para acceder al suelo para construir vivienda o desarrollar actividades agrícolas.
Desde el gobierno se agregó que el registro será el punto de partida para avanzar en un programa de 1.000.000 de lotes con servicios destinados a las familias de sectores populares. La idea oficial es que a partir del registro se puedan identificar las zonas con mayor demanda de suelo y los diferentes tipos de lotes requeridos a fin de impulsar proyectos de manera específica.
Para inscribirse al registro, los interesados deben completar un formulario online según tipo de lote (familiar urbano o productivo agrícola) que se encuentra en: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/rus
Además del formulario están especificadas las bases y condiciones para registrarse. No es necesario contar con un mínimo de ingresos demostrables para registrar la demanda de lote. Al mismo tiempo, no hay que ser beneficiario de programa o plan de loteo o vivienda al momento de la inscripción y no se deben poseer bienes inmuebles ni embarcaciones, vehículos de alta gama o aeronaves.
Luego la solicitud es analizada y, de ser validada, pasará a conformar el Registro Único de Solicitantes de Lotes.
En la página del Ministerio de Desarrollo Social se expresa que «Inscribirte no implica la asignación directa de un lote, sino que pasarás a integrar el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), lo que nos permitirá conocer y ordenar la demanda nacional de las personas que necesitan acceder a un lote propio».
Según la Secretaría de Integración Socio Urbana, existe «una extensa necesidad de acceso al suelo de calidad y de manera segura» a nivel nacional, para evitar «tomas irregulares de tierra, alquileres informales o conexiones irregulares a servicios básicos».
La secretaría también destaca que con esta medida se busca solucionar las dificultades de acceso a la tierra para la pequeña producción de alimentos que, en entornos rurales o periurbanos, se encuentra «controlada por arrendatarios que cobran altos valores por el uso de la tierra disminuyendo los ingresos de pequeños productores familiares agrarios».
