Agosto de 2023 marcará el inicio del fin de una etapa. Ese mes comenzarán a vencer, en un proceso que se extenderá hasta 2026, los contratos de concesión de 17 represas hidroeléctricas construidas por el Estado, que fueron privatizadas durante el gobierno de Carlos Menem.
Aquel año, 1993, había marcado el final de otra época, que se prolongó durante unos 50 años, con claroscuros pero bien definida: la era del desarrollo energético del país en manos del Estado, concebido para acompañar la demanda motorizada por los proyectos de industrialización iniciados en la década de 1940 y el crecimiento de una sociedad que, con idas y vueltas, no terminaba de despedirse del Estado de Bienestar que la ayudó a crecer.
La primera gran estocada que recibió en su corazón aquel modelo sucedió durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983, con el cambio radical del paradigma productivo del país y la destrucción de la moneda. Luego, entre recurrentes crisis económicas y desinversión, el paradigma fue colapsando en una sucesión de apagones que fomentaron otras usinas, las generadoras de discursos neoliberales sobre la ineficiencia del Estado y, por lo tanto, la legitimación, casi sin condicionamientos, de la iniciativa privada y extranjera en todas las instancias del servicio eléctrico.
El origen
Aquel modelo había creado, en 1947, la empresa estatal Agua y Energía; luego, en 1961, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), y en 1967, Hidroeléctrica Norpatagónica (Hidronor), conformada con el objetivo de explotar la región del Comahue en las provincias de Neuquén y Río Negro, mediante la construcción de grandes obras hidroeléctricas para la generación de energía, hasta entonces dominada casi exclusivamente por motores térmicos.
Aunque ya había centrales hidroeléctricas -la primera en Córdoba, luego en San Luis y en Mendoza-, estaban concebidas principalmente para embalsar agua, contener ríos que desbordaban, regadío de cultivos o atender demandas de energía muy focalizadas. Las industrias y las grandes poblaciones preferían los motores a combustión.
Con la creación de estas tres empresas empieza a concebirse la energía como un complejo sistema de tres pilares: la generación, el transporte y la distribución de electricidad. En ese marco, el Estado crea la primera gran central, El Chocón, considerada entonces “la obra del siglo”. Se inauguró oficialmente en 1973. Fue la primera en privatizarse, justo 20 años después. Y, parece, será la primera en recuperarse, en agosto de este 2023.
Compromiso con el futuro
En la sede de la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda. (CPE) tuvo lugar una conferencia de prensa, en la que se abordó la problemática de las represas hidroeléctricas y el destino de cada una de ellas , por cuanto sus concesiones en manos privadas están a punto de vencer. La actividad contó con la participación del presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, y del ingeniero Carlos Ciapponi, quien fuera presidente del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados, creado por el Estado con el objetivo de realizar un relevamiento del estado técnico, económico, jurídico y ambiental de las centrales hidroeléctricas que fueron privatizadas en la década de 1990.
El ingeniero Ciapponi advirtió sobre la falta de un debate profundo acerca de este proceso, pero anticipó que “lo más importante, más allá de quién maneje las centrales, es que ellas sigan generando, porque el precio final de la energía que compramos surge de un precio ponderado entre todos los tipos de generación que existen en la Argentina: hidráulica, nuclear, eólica, solar y térmica con gas o combustibles líquidos. Todos los equipos alimentados por combustibles líquidos son ineficientes y caros”.
“Como el precio surge de este promedio entre todas las fuentes de generación y el costo que cada una de ellas tienen, es fundamental que las hidráulicas sigan funcionando porque ellas son las más eficientes, económicas y, por sobre todo, las menos contaminantes”, planteó quien fuera presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Ltda. (CALF).
El problema no sería sólo económico por un aumento de las tarifas debido a una mayor ponderación de las formas más costosas de generación, sino por una merma en la potencia disponible, que puede ser crítica en períodos de alto consumo, como el verano.
Otro tema que trató Ciapponi es la vida útil de las centrales. “La mayoría se encuentra en su etapa final de vida útil. Puedo hablar con propiedad de El Chocón. Nací en Neuquén y viví muy de cerca su proceso de construcción. Esa obra tuvo un costo muy importante para los argentinos. No solo por el dinero invertido por el Estado, sino por el sacrificio de muchas comunidades, tanto las que vivían en la zona como las personas que vinieron de otros lugares del país buscando una oportunidad de trabajo”.
Cuando el complejo El Chocón fue concesionado ya tenía 20 años y el contrato fue por 30 años. Esto implica que las centrales deberán ser sometidas a una serie de inversiones importantes. “Sabemos -dijo Ciapponi- que la seguridad de las presas está garantizada, ya que el ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas) nunca dejó de funcionar; el manejo del recurso agua le corresponde a la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, donde opera El Chocón) y también ha funcionado durante todo este tiempo. Los gobiernos provinciales tienen representación allí y han podido opinar. De hecho, la mayoría de los gobiernos provinciales donde están asentadas las centrales hidroeléctricas tuvieron acceso o pudieron quedarse con acciones que le permitieron operar y mantener esas centrales. Lo que no hubo en este tiempo es un buen control financiero. Por ejemplo, la empresa que opera y mantiene El Chocón obtuvo durante 2017, 2018 y 2019 una rentabilidad altísima, y esos activos no quedaron en la Argentina; al mismo tiempo, los precios de la energía castigaron a la mayoría de los consumidores”.
Fuente: Revista 1 de Octubre.
