Las familias productoras de esta localidad en Misiones celebran diez años de la recuperación de 600 hectáreas que estaban en manos de la Celulosa Arauco. Hoy luchan por una norma de acceso que permita multiplicar ese tipo de acciones.
La información debe darse con cuidado porque la propiedad privada de la tierra parece estar imbuida de un carácter divino, imposible de cuestionar. Ni siquiera cuando la apropiación de enormes extensiones del territorio nacional pueda haberse cimentado en un genocidio originario. Tampoco en el caso de que inmensas cantidades de suelo estén abandonadas o mal usadas, mientras faltan alimentos y no se aprovecha la ocasión para cultivar. Se sobreactúan escándalos mediáticos ante la sola posibilidad de sugerir el uso colectivo por sobre el egoísmo de la acaparación, aunque doctrinas sociales históricas como la de la Iglesia lo contemplan. En Argentina hubo, además, una constitución –la de 1949– que estableció el bien común por sobre la inviolabilidad de la propiedad.
Los altos niveles de concentración de la tierra en un país con el 60% de su población infantil en la pobreza, con problemas de acceso a la vivienda y altos precios de los alimentos, vuelve pertinente el siempre negado debate sobre la reforma agraria. La ONG Oxfam realizó un estudio comparativo con base en la información oficial de cada país de América Latina: concluyó que en Argentina el 1 por ciento más poderoso concentra el 36 por ciento de la tierra agrícola disponible.
Aun cuando se elija dejar para tiempos de mayores audacias políticas el debate sobre una reforma agraria integral, hay medidas concretas que permitirían abordar de manera eficaz el problema de la tierra. “Me parece bien la defensa de la propiedad privada, por eso quiero que todos y todas en este país puedan tener la suya”, explicaba un dirigente popular días atrás. Dentro de las distintas herramientas que posee el Estado para garantizar el derecho a un suelo donde vivir y trabajar, está la expropiación. Así sucedió en Puerto Piray.
Un conflicto multinacional
“Fueron muchos años de reclamo en forma pacífica, hasta que empezamos con marchas, acampes en la casa de gobierno y cortes sobre la ruta 12 para que nos escuchen”, cuenta Miriam Samudio, presidenta de la Cooperativa de Productores Independientes de Piray. Ella estuvo desde el principio, cuando los reclamos eran por algo bastante más básico que la expropiación: “Pedíamos que retiren los pinos de detrás de nuestras casas. Eran mares de pinos, todo monocultivo de acá hasta San Pedro. Veíamos cómo las otras comunidades desaparecían alrededor y ahí fue cuando empezamos con el reclamo por la contaminación, por el polen del pino y también por los agrotóxicos”, recuerda.
Puerto Piray es una localidad de no más de 10.000 habitantes en el centro de la provincia de Misiones, a orillas del río Paraná, justo frente al Paraguay. Allí la vida ronda en torno a la industria de la celulosa desde 1942, cuando se radicó la primera planta de la empresa Celulosa Argentina. Más cerca en el tiempo llegó Alto Paraná S.A., que instaló el aserradero más grande del país y una imponente planta de producción de MDF, como se conoce a los tableros de madera de media densidad. Para ello, el monocultivo. Y el daño ambiental y social. En 1996 la empresa pasó a manos de la multinacional Celulosa Arauco, de origen chileno. El conflicto con la comunidad se profundizó.
La producción de las familias campesinas se veía perjudicada por la omnipresencia de la empresa: el polen y los agrotóxicos afectaban los criaderos de pollos, la producción de miel de abeja o de caña de azúcar. También la producción de las frutas con las que elaboraban las mermeladas que les podían dejar un mejor margen de ingresos. Después de 10 años de las primeras protestas, se impuso la única solución de fondo: quitarle parte de las tierras a la multinacional para que las familias pudieran trabajar y vivir en paz.
“Llegamos a la ley provincial de expropiación en 2013, para la compra o expropiación de 600 hectáreas. Armamos la cooperativa, y logramos en una primera etapa la entrega de 166 hectáreas. Al principio la policía nos controlaba, nos llamaban usurpadores. El juez siempre estuvo a favor de la empresa. El gobierno estuvo a favor de la empresa, pero resistimos y lo logramos”, agrega, con orgullo, la mujer.
Foto: Prensa UTT
Las Colonias Agroecológicas y la ley de acceso a la tierra
Cuando la Cooperativa de Productores Independientes de Puerto Piray resolvió sumarse a la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT), su lucha tomó un nuevo horizonte. “Ahora cada familia tiene una hectárea; un espacio más grande lo dedicamos a producir para el autoconsumo y, en forma colectiva, para comercializar por medio de la cooperativa”, describe Miriam. El modelo replica al de las Colonias Agroecológicas Integrales que la UTT promueve en todo el país.
Para la organización campesina, estos proyectos prefiguran un uso de la tierra que debería convertirse en política de Estado. La Mesa Agroalimentaria Argentina, entidad que agrupa a los movimientos y federaciones campesinas de base, impulsa una ley de acceso a la tierra conocida como “Procrear rural”. Esa propuesta es parte de un conjunto de proyectos de ley que abarcan temas como el financiamiento para acceder a la tierra y el fomento del cooperativismo.
No es una utopía lejana: se trata de un modelo de producción y de uso colectivo del suelo que las familias productoras de Puerto Piray, en su comunidad, ya lo hicieron realidad.
