Una creciente crisis de legitimidad y la escalada bélica en Ucrania contextualizan la convocatoria a un “nuevo Consenso» con el Estado en un rol central.
( Por Mónica Peralta Ramos ) Altos funcionarios del gobierno norteamericano admiten por estos días que el orden económico global, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis. Y se apresuran a buscar una solución. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, fue uno de los que profundizó estos desarrollos: los Estados Unidos enfrentan un momento crítico porque el “Consenso de Washington” acordado en los 80 ha llegado a su fin, y el gobierno de Joe Biden busca ahora “integrar la política doméstica con la internacional” en torno a una nueva estrategia que, conformando un nuevo Consenso, haga posible un “orden global nuevo más justo y duradero”.
Según Sullivan, a lo largo de las últimas décadas, “se dio prioridad a la desregulación, la eliminación de impuestos y las privatizaciones por encima de la acción pública” y se proyectó “la liberalización comercial como un fin en sí mismo, sobredimensionando la eficiencia de los mercados (…) (impulsando) varias reformas que terminaron privilegiando a ciertos sectores de la economía, como el financiero, mientras que otros sectores esenciales, como los semiconductores y la infraestructura, se atrofiaron (…) golpeando seriamente nuestra capacidad industrial”. Ahora, el shock “de la crisis financiera y de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania (…) han desnudado los límites de estas políticas”: persiguiendo una exagerada eficiencia de los mercados, se exportaron cadenas de valor para la producción de bienes estratégicos con el consiguiente impacto sobre el abastecimiento industrial, la creación de empleo y el deterioro del nivel de vida de comunidades y de amplios sectores populares. De ahí la necesidad de articular un “nuevo Consenso”, centrado en una estrategia que tendrá como principal actor al Estado norteamericano y buscará desarrollar la industria nacional bajo nuevos parámetros.
Así, un integrante de los neocons, la elite que controló las políticas liberales implementadas por distintos gobiernos desde los 80, reconoce que ha llegado el tiempo de cambiarlas, pues “tuvieron efectos no pensados ni deseados”, engendrando fenómenos que hoy atentan contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un liberalismo económico que derribó fronteras financializando a la economía real, tanto doméstica como global, derivó en el vaciamiento de la industria norteamericana, la exportación de fuentes de trabajo y la pérdida de control sobre cadenas de abastecimiento de importancia estratégica para la acumulación del capital y la reproducción del propio capitalismo global monopólico. Asimismo, estas políticas no lograron impedir la emergencia de China que, con una economía dominada por el Estado, rompió las reglas de juego de los mercados, adquiriendo rápidamente enorme dominio sobre la industria y la economía global a partir de su control sobre cadenas de abastecimiento de importancia estratégica. Hoy China enfrenta a los Estados Unidos con una competencia económica y geopolítica que pone en riesgo la seguridad nacional y el dominio global norteamericano.
A esto se suman otros desafíos –como el cambio climático, la desigualdad creciente y la crisis de valores democráticos–, derivados de un crecimiento económico (trickle down economics) que no supo desparramarse a toda la sociedad. Frente a esto, el gobierno norteamericano se propone aplicar una estrategia industrial que otorgue prioridad a la inversión estatal en sectores de importancia estratégica e integre su economía con la de sus aliados más desarrollados, impulsando un desarrollo industrial complementario al propio. De ahí los recientes acuerdos de cooperación económica y militar con Europa, Canadá, la República de Corea, Taiwán y la India. Esta estrategia se complementará con la movilización de recursos de capital en las economías emergentes y de ingresos bajos para posibilitar “un nuevo tipo de diplomacia norteamericana”, dando nuevas atribuciones a los organismos internacionales con el objetivo de integrar más rápidamente a estas regiones al nuevo Consenso impulsado por los Estados Unidos.
En esta formulación resuenan los ecos de un mercantilismo vigente hace más de doscientos años, que ahora revive en un contexto donde la creciente digitalización de la economía y de la vida social otorga cada vez más poder a un puñado de monopolios tecnológicos que monetizan la vida íntima de los individuos, feudalizan el poder [1] y disputan con otras fracciones del gran capital un mayor control de los mercados financieros y de la emisión de la moneda. Ahora el Estado ya no estará subordinado a la lógica de los mercados y cumplirá un rol crucial en el desarrollo de la acumulación de capital. Esto, sin embargo, también intensifica la disputa entre facciones de la elite política por obtener un mayor control sobre las decisiones. Así, ecos del proyecto de Donald Trump de restituir la grandeza norteamericana perdida desarrollando la industria nacional (MAGA: Make America Great Again) también resuenan en el nuevo Consenso propuesto ahora por los neocons que nuclean al establishment de los partidos Republicano y Demócrata; los neocons que hicieron lo imposible por impedir el acceso de Trump al gobierno en 2016 y por destituirlo con un juicio político durante su mandato [2]; los neocons que ahora intentan impedir por todos los medios posibles el retorno de Trump al gobierno en las elecciones de 2024.
Detrás del nuevo mercantilismo también resuenan turbulencias que derivan de la dinámica propia de la acumulación del capital y que ahora estallan a la intemperie a través de una crisis bancaria que pone en riesgo al conjunto del sistema financiero internacional.
Implosión financiera
Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal norteamericana (FED), consideran que la economía de su país está sana, que tienen el sistema financiero más fuerte del mundo y que la crisis bancaria iniciada a mediados de marzo ha sido superada [3]. Sin embargo, el lunes se produjo el default del First Republic, el más grande desde la crisis de 2008. El miércoles, las acciones de un banco regional de California, PacWest Corp., perdían el 60% de su valor, mientras continuaba la fuga de depósitos de otros bancos regionales.
Más allá de las declaraciones de estos funcionarios, la dimensión de la actual crisis bancaria es única: los tres bancos que colapsaron en lo que va de este año tenían en conjunto 548.500 millones (billions) de dólares de activos, una cifra que supera los 373.600 millones (billions) de dólares [4] del conjunto de activos de los 25 bancos que colapsaron en la crisis financiera internacional de 2008. Asimismo, esta crisis empieza a desnudar un fenómeno que perpetúa la crisis: con el aval de la autoridad monetaria, los bancos más grandes degluten a los más pequeños, y transformándose en el eje de la “estabilidad” de las finanzas, aumentan el riesgo de incendio del conjunto del sistema financiero. El rescate del First Republic por el J.P. Morgan hace siete semanas ejemplifica este problema.
Siendo el J.P. Morgan el banco norteamericano más grande y con mayor tenencia de deuda con derivados, y considerado por los organismos regulatorios como un banco de alto riesgo, obtuvo el aval de la autoridad monetaria para “rescatar” hace varias semanas al First Republic, aportando 30.000 millones (billions) de dólares, que se sumaron a otros 13.000 millones (billions) de dólares aportados por otros 11 bancos que participaron del salvataje y que también cuentan con mucha deuda con derivados. El First Republic había perdido por ese entonces más del 50% de sus depósitos: 100.000 millones (billions) de dólares. Su salvataje no impidió la continua pérdida de depósitos, y hacia el lunes sus acciones habían perdido el 98% de su valor de mercado y sus bonos de largo plazo cotizaban a 43 centavos de dólar. Este lunes se conoció el final de esta heroica aventura: J.P. Morgan recibirá 92.000 millones (billions) de dólares, incluyendo lo que este y otros bancos aportaron inicialmente al salvataje. Además contará con 170.000 millones (billions) en préstamos y 30.000 millones (billions) en activos financieros. La FDIC [5] absorberá la mayoría de las pérdidas del First Republic y proveerá al J.P. Morgan una línea de crédito especial por 50.000 millones (billions) de dólares [6].
El rescate del First Republic implicó pérdidas para sus accionistas, sus clientes y para el propio gobierno, al tiempo que el banco norteamericano más grande, más endeudado y más riesgoso aumentó su tamaño y su control sobre el mercado financiero [7]. El salvataje del First Republic revela una supervisión regulatoria significativamente deficiente y puede tener consecuencias no deseadas y daños colaterales [8].
Guerra en Ucrania y puja entre elites políticas
La escalada militar en la guerra de Ucrania se intensificó la semana pasada con un ataque con drones a la residencia de Vladimir Putin en el Kremlin [9]. Si bien fueron interceptados y no causaron daño alguno, el ataque buscó atentar contra la vida del Presidente ruso. Desde el inicio de la guerra, Putin se comprometió ante el ex Premier de Israel Naftalí Bennett a respetar la vida del Presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski [10]. Este atentado pone un límite a ese compromiso. Su autoría fue desmentida por Zelenski y por el gobierno norteamericano, pero el Kremlin responsabilizó directamente a este último y advirtió que el incidente no quedará sin respuesta.
Estos acontecimientos se suman a otro fenómeno preocupante: el envío reciente a Ucrania de una misión de expertos nucleares norteamericanos con el objetivo de instalar censores especiales para detectar rápidamente la supuesta utilización por parte de Rusia de una bomba nuclear sucia o de un arma nuclear táctica [11]. Esto ocurre a pesar de que existen organismos internacionales cuya misión específica es detectar estos incidentes y que tienen todos los elementos necesarios para ello. Pareciera pues que, como en otras oportunidades, voceros no identificados preparan el terreno para una operación de falsa bandera, que podría tener consecuencias imprevisibles.
En el plano doméstico, las últimas encuestas muestran que Trump ha aumentado el reconocimiento popular y el caudal de apoyo financiero frente a otros candidatos en las primarias del Partido Republicano [12]. En paralelo, más de la mitad de los demócratas encuestados dicen no querer votar por Biden [13]. Asimismo, nueva información interna del FBI, presentada ante el Comité del Congreso –que investiga la corrupción en los negocios de su hijo Hunter Biden– supuestamente expone la vinculación directa de Biden, cuando era Vicepresidente, con los negociados de su hijo en Ucrania [14]. Así, pareciera que la convocatoria de los neocons a conformar un nuevo Consenso de Washington se da en el contexto de en una escalada militar en Ucrania y de una creciente crisis de legitimidad política e institucional.
Argentina en la vorágine
Tras las últimas regulaciones que buscaron parar la corrida cambiaria, las cotizaciones de los dólares financieros parecen haber entrado en un período de relativa calma. Sin embargo, la hemorragia de las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa imparable: en un solo día de esta semana volaron 760 millones de dólares, absorbidos en su enorme mayoría por un pago al FMI y por ventas en el mercado de cambios para parar la corrida. Mientras tanto, la entrada de divisas por el dólar soja 3 está paralizada. Un equipo económico ducho en cuestiones financieras no se percató de que la operatoria con el mercado de futuros deja a los sojeros más dinero que los incentivos del dólar soja 3, agravando así el problema de la falta de liquidación de divisas. A esto se suma la reticencia de los productores a liquidar a un dólar que se degrada a diario con la inflación y la devaluación sistemática. En este contexto, la fiebre especulativa no ha desaparecido, la suba de los precios de los alimentos continúa desmadrada y la promesa de contenerlas con un diálogo entre empresarios y sindicalistas se esfuma en la estratósfera.
Las recientes negociaciones del ministro de Economía dejan al desnudo la levedad de una estrategia incoherente, que cambia según sea el interlocutor de turno. Mientras entabla negociaciones contrapuestas y al mismo tiempo con el FMI, con China y con Brasil para solucionar el problema de la falta de dólares del BCRA sustituyéndolos por yuanes, reales o más dólares del Fondo, desconoce la posibilidad de emitir una nueva moneda anclada en nuestros recursos naturales y de aprovechar esta instancia para dividir a los “factores de poder” y aumentar la capacidad de negociación del gobierno. Está atrapado en la rueda interminable de pedir adelantos al FMI de la deuda nueva para contener momentáneamente la caída de las reservas. Esto lo hace vulnerable a los aprietes de toda índole y, mientras los adelantos se demoran en llegar, las reservas se agotan y la corrida cambiaria acecha agazapada. Esta danza diabólica se articula con otra no menos perversa: la formación monopólica de precios, donde unos pocos pujan entre sí por apropiarse de una mayor tajada de los ingresos y de las rentas para enseguida dolarizarlos y fugarlos.
Algunos expertos quieren creer que las demandas salariales empujan a la lucha distributiva .Esto choca con una realidad inocultable: la miseria, la informalidad y el trabajo precario colocan un techo inamovible a los salarios y condenan al 40% de la población a una miseria permanente. Frente a esto, el gobierno carece de políticas.
En este presente tenebroso, la movilización de la UTEP y otros grupos políticos y sindicales afines para celebrar el Día de los Trabajadores, convocando contra la injerencia del FMI y el ajuste presente y futuro y por la unidad amplia de la clase trabajadora, reclamando por sus derechos desde la calle, en forma pacífica y organizada, genera una luz de esperanza y muestra el camino a seguir: construyendo fuerza, poniendo fin a la fragmentación política, sindical e ideológica; planteando demandas concretas, que pueden ser solucionadas a corto plazo, y preparándose para un futuro incierto. Es el abismo que existe entre la rosca palaciega efímera y la construcción de organización y conciencia.
A esto último también contribuye la reciente presentación de un proyecto de ley para declarar de interés público a las reservas, la exploración, la explotación, la concesión de explotación y la industrialización del litio y todos sus derivados. Este proyecto empieza a delimitar una propuesta de desarrollo que es la antítesis del actual modelo agroindustrial extractivista que, perpetuando el endeudamiento ilimitado y la dolarización, nos ata de pies y manos al “nuevo Consenso de Washington”. No por casualidad, el Embajador norteamericano se desgañita por estos días para que pongamos fin a la “penetración china” en el país y desarrollemos conjuntamente los recursos naturales que la Argentina tiene y el mundo demanda.
Notas:
