El senador Parrilli (FdT) denunció que los exportadores declaran un precio muy inferior al internacional, en perjuicio del Estado nacional y las provincias. Indicios de subfacturación y fuga de divisas.
Reclamos de mayor control y menos privilegios para las empresas
( Por Raúl Dellatorre/ Página 12 / Director de Motor Económico) El senador nacional Oscar Parrilli, del Frente de Todos, pidió la profundizacion de la política nacional con respecto a la producción y comercialización de litio, definiendo «un precio oficial y obligatorio» para el mineral y sus derivados. El pedido fue sugerido a través de una nota enviada a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que conduce Mercedes Marcó del Pont, en cuyo ámbito se creó la Mesa del Litio, espacio intersectorial con el propósito de trabajar en un plan de desarrollo de mediano y largo plazo para la actividad.
«Compartimos también la preocupación expresada frente a la baja o prácticamente nula participación que están teniendo las provincias en las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas, como consecuencia del elevado aumento del precio internacional del mineral», agrega la nota de Parrilli en su segundo párrafo.
Actualmente, se encuentran en producción solamente dos salares en el país, pero hay varios proyectos en marcha que podrían multiplicar la producción y las ventas al exterior ya en el año 2024. Las actuales explotaciones son las del Salar Olaroz Cauchari, en Jujuy, de la cual participan la minera estadounidense Livent Lithium, asociada al consorcio Salar de Jujuy, conformada por tres firmas privadas (Orocobre Ltd, Toyota y Tsusho Corp) y la provincia que lidera Gerardo Morales. Y la otra explotación es el salar Fénix, en Catamarca, explotada por una empresa estadounidense.
Las exportadoras mineras de litio facturaron en 2022 por 696 millones de dólares, lo que marca un crecimiento del 236,7 por ciento con respecto a 2021 (se habia exportado por u$s 207 millones) y esa progresión geométrica podría repetirse en 2024.
Escasa regulación
No son pocos los que advierten que la actividad privada en el sector se desarrolló más rápido que las regulaciones necesarias. Dicho de otro modo, se les otorgó amplias facilidades al sector privado para ingresar sus inversiones e iniciar las explotaciones, sin poner suficiente celo en considerar que se trata de un recurso estratégico, escaso en el mundo, que hacía necesario previamente plantear un plan de desarrollo nacional que garantice no sólo el cuidado del recurso natural, sino además su mejor aprovechamiento para garantizar la participación del país como actor relevante de la transición energética.
Estos aspectos empiezan a ser planteados a partir de una propuesta de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, tratando de articular la participación de diferentes actores, a nivel del Estado nacional, las provincias y el sector privado. Pero ya se verifica una serie de distorsiones que afectan al interés público y al conjunto de la economía.
Al margen de las propuestas formuladas por el senador Parrilli, que se describen más abajo, fuentes oficiales aseguran que el Banco Central tiene bajo análisis operaciones de transferencias al exterior vinculadas a la principal empresa exportadora del sector, Livent, por un total de 103,8 millones de dólares. Se trata de salidas de divisas, por vía de la propia empresa norteamericana o por algunos de sus directores, efectuadas entre los años 2015 y 2020, que están siendo investigadas.
Abusos y ganancias extraordinarias
Entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022, «el precio internacional de la tonelada de litio pasó de 17 mil a 70 mil dólares, con picos de 90 mil», señala la nota. «A pesar de que en mayo de 2022 la AFIP estableció un precio de referencia de u$s 53 mil la tonelada, las dos empresas que exportan litio en Argentina han declarado un precio promedio de u$s 20 mil la tonelada durante 2022», expresa Parrilli en la nota enviada a Marcó del Pont pocos días atrás.
«Sólo en 2022 nuestro país podría haber acumulado u$s 1000 millones en reservas si hubiese exportado su producción de litio bajo el costo internacional», subraya el documento, que refiere además que existe una amplia brecha entre el precio que declaran las dos empresas que exportan litio: una de ellas lo hizo en un promedio de u$s 40 mil y la otra en un promedio de u$s 7 mil la tonelada».
«Teniendo en cuenta la perspectiva de un aumento exponencial de la producción nacional de litio en los próximos años, resulta urgente que la Secretaría de Minería fije un precio que contemple el aumento del nivel internacional del mismo, se actualice trimestralmente y se constituya como el precio oficial y obligatorio para las ventas de litio del país», plantea el escrito del senador kirchnerista.
Regalías y retenciones
Las regalías que abonan las empresas extractoras de litio a las provincias está fijado en una alícuota del 3 por ciento sobre el precio de boca de mina. Esto significa que, al valor declarado de venta, que se presume arbitrario, se le deducen todos los costos de transporte, molienda, trituración y administración, con lo cual la regalía que pagan las empreasas se reduce a un 1,5 por ciento sobre el precio de venta declarado.
«Sólo en 2022, las provincias dejaron de recaudar u$s 40 millones por no cobrar regalías sobre el precio internacional», advierte Parilli.
Por otra parte, desde 2020, los derechos de exportación o retenciones sobre las ventas al exterior de minerales están fijados en una tasa del 4,5%, pero sobre el precio de venta que declaran las empresas, que es muy inferior, sobre todo a partir de 2021, a los precios de mercado. Sólo por el año 2022, se estima que el Estado nacional dejó de recaudar cerca de 47 millones de dólares por este concepto.
Hasta el año pasado, estaba vigente un reintegro a las exportaciones de litio, por el cual además se les devolvió a las empresas en 2022 unos 30 millones de dólares. Este año ya no está vigente ese reintegro, eliminado por decreto 57/2023.
El escrito de Parrilli reclama que para corregir este estado de cosas, que «está generando graves pérdidas económicas al estado nacional y a los estados provinciales», el derecho de exportación «se aplique sobre el precio oficial y obligatorio que fije la Secretaría de Minería».
Control de cantidad y calidad
Por tratarse de un elemento químico, el litio puede comercializarse en la forma de múltiples derivados y en distintos niveles de calidad y pureza. Hasta mayo de 2022, las empresas no estaban obligadas a presentar ningún tipo de certificación química del producto que exportaban. A su vez, las empresas exportadoras sólo presentan una declaración jurada para certificar la cantidad de litio que envían al exterior. La nota enviada a la Secretaría de Asuntos Estratégicos también pide que se contemple «urgentemente la generación de mecanismos de control efectivo de la calidad exportada y exigir a las empresas que procesen la mayor cantidad de derivados de litio en nuestro país».
Los otros actores
El esquema formal para el desarrollo del sector depende de una ley que en algún momento será votada, pero frente a la cual ya se van definiendo posiciones. La propuesta del senador Parrilli, como expresión de un sector del FdT, expresa puntos coincidentes con otras corrientes del frente, pero confronta con posturas de la oposición y, seguramente, con la intención de las empresas de preservas sus privilegios. Incluso, beneficios impositivos que provienen de la ley minera del año 1993 que no pocos califican de «desmesurados».
«Desde las empresas, por ahora, se dice poco, salvo la resistencia que provocó la posición del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela», dijo una fuente oficial. A principios de enero, Quintela decidió declarar «recurso estratégico nacional» al mineral de litio y dio por caducados todos las licencias para que volvieran a propiedad de la provincia.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respalda fuertemente las inversiones extranjeras en su provincia y promete que será la mayor exportadora del país. «Yo soy integrante de la Mesa del Litio y hemos planteado dos temas a las empresas. Primero, una propuesta de aumento de regalías para modificar las reglas de juego. Estamos trabajando con el gobierno nacional para lograr regalías móviles», afirmó recientemente.
«El otro punto –completó Morales– es que las empresas hoy obligadas a dejar el 5 por ciento del litio en la provincia de Jujuy para otros proyectos, deban subir ese rango hasta el 20 por ciento».
Las inversiones ya están en marcha y próximamente los proyectos de Eramine (Francia), Allkem (Australia), Argosy Minerals (Australia), Posco (Corea del Sur) y Río Tinto (anglo australiana) podrían sumarse a los dos que ya están en producción. Pero mientras el sector privado se extiende y toma posiciones, la discusión sobre el proyuecto de desarrollo nacional para el comnplejo del litio recién se inicia.
