En el auditorio del Sindicato de Argentino de Docentes Privados (SADOP) se presentó el Foro Economía y Trabajo conformado por economistas del campo nacional en vinculación con el mundo gremial con organizaciones de CGT y CTA de los Trabajadores.
“Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación,
una es con la espada, la otra es con la deuda”
John Adams, Presidente de Estados Unidos (1796 – 1800)
La sociedad argentina se encuentra, nuevamente, ante una encrucijada cuyos signos más evidentes son la falta de reservas internacionales del Banco Central, y las constantes presiones devaluatorias, con su efecto sobre el incremento de precios, el crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Este escenario, con consecuencias productivas y sociales terribles, es fruto del brutal endeudamiento que se arrastra, el incremento de las tasas de interés, las demandas acompañadas de presiones extorsivas devaluatorias de sectores productivos dolarizados y de los sectores financieros especulativos, las exigencias regresivas del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional, la crónica fuga de capitales y las extensivas maniobras ilegales con el comercio exterior.
El gigantesco endeudamiento público bajo el gobierno de la alianza PRO-UCR (2015- 2019) con acreedores privados se centró en la emisión masiva de bonos en moneda extranjera, con plazos de hasta 100 años y bajo legislación de países centrales. No se puso siquiera en consideración el antecedente de las consecuencias del atroz fallo del juez Griesa de Nueva York a favor de “fondos buitres”, sino -por el contrario- hubo una generalizada y riesgosa cesión de la soberanía jurídica nacional a manos de tribunales de otros países.
Inducido, el proceso de especulación y quebranto, tuvo como corolario el acuerdo “stand by” con el FMI de 2018 que cubrió la huida de los grandes Fondos de Inversión, la fuga de capitales “amigos” y operó como sustento de la campaña por la reelección de Mauricio Macri. Notablemente, éste, que había prometido “devolver la confianza de los mercados en Argentina “, recibió el gobierno con un nivel de deuda pública por debajo de los estándares internacionales gracias a la política de desendeudamiento aplicada por el peronismo en los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
Con perversión, ¿quién puede dudarlo?, se llevó al país a un caos financiero y a la mayor extranjerización-desnacionalización de su economía.
El actual gobierno, desde el momento mismo de su asunción fue compelido a negociaciones por la deuda pública. Pero a pesar de los vicios invalidantes en la gestión del empréstito por parte del Gobierno de Mauricio Macri, como en su otorgamiento por parte del Fondo, la intransigencia de los acreedores jugando con el tiempo y el fantasma del default fue y es permanente. No hay respuesta positiva a los reclamos del actual Gobierno a ese organismo en relación a las sobretasas, que injustamente se nos imponen; o a los mayores costos derivados de una guerra en Europa que nos es ajena, pero que sí involucra a los países que deciden en su Directorio.
Es más, a pocos meses de asumir el actual gobierno a fines de 2019, se debió afrontar una situación inédita en la historia reciente de la humanidad: la pandemia con consecuencias negativas para la economía mundial y particularmente para los países endeudados, como bien señaló el propio Fondo.
En relación a esta situación y en perspectiva, es necesario ponderar lo realizado a través de políticas públicas activas, no sólo para garantizar la vacunación masiva universal y la organización en emergencia de infraestructura de atención de la salud, sino también para evitar mayores estragos sociales (Ingreso Familiar de Emergencia, Tarjeta Alimentar) y productivos (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).
Las acciones del Gobierno, en la emergencia COVID19, se llevaron adelante sin el acceso a mercados internacionales de crédito, como sí lo hicieron muchos países, al estar inhibida Argentina a hacerlo desde 2018 como consecuencia del quebranto derivado de la calamitosa gestión PRO-UCR y sus “expertos”, los mismos que patéticamente hoy vuelven a la carga con las mismas propuestas que llevaron al país al desastre.
El 3 de marzo de 2022 se anunció que se había arribado al vigente “Acuerdo de Facilidades Extendidas” con el FMI; al día siguiente, 4 de marzo, el personal técnico del organismo informo a su Directorio sobre las derivaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania:
“…las consecuencias económicas ya son muy graves. Los precios de la energía y las materias primas —incluido el trigo y otros cereales— han aumentado, lo cual ha agudizado las presiones inflacionarias derivadas de los trastornos en la cadena de suministro y el repunte relacionado con la pandemia…” (FMI Com.Prensa22/61).
El 25 de marzo de 2022, al aprobar el Fondo el programa, esa realidad no fue tenida en cuenta. Efectivamente tuvimos y tenemos significativos desequilibrios en los precios internacionales – alimentos, energía- y de las tasas de interés que se aplican a nuestro país. El gobierno ha reclamado sobre ello sin resultado positivo.
No dudamos en sostener que aun el constante impulso positivo de la actividad económica y la recuperación del empleo desde 2021 se encuentran limitados por la prioridad brindada a la deuda pública y las exigencias del FMI.
No es casual que los asalariados perdieran un 8,7% en su participación en el PBI desde 2016 a 2021 y los empresarios ganaran en el mismo período un 6,8%1. El salario privado registrado perdió, entre el primer semestre de 2016 y el segundo de 2022, el 16,9% de su poder adquisitivo, el público registrado el 22,5% y el privado no registrado el 32,5%. La tendencia al empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población sigue profundizándose.
Los economistas que suscribimos este texto analizamos con realismo el cuadro de situación y presiones que genera la deuda pública. Las exigencias derivadas se traducen en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y en la creciente asfixia de nuestra economía. Ello exige un urgente cambio en su tratamiento, en particular una renegociación con el Fondo.
NO A MÁS DE LO MISMO
La deuda pública Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.). En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, 22,7% con organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% con el sector privado2.
La deuda se incrementó en torno a los 100.000 millones de dólares durante la gestión de la Alianza Pro-UCR y, desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos. El último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó vencimientos para 2015-2019 en concepto de capital de deuda en moneda extranjera por 32.287 millones3. Sin embargo, el gobierno macrista tomó el triple de deuda de la que necesitaba para cancelar ese capital endeudado en dólares.
La pretensión de justificar el aumento de la deuda en dólares por el déficit fiscal es falaz. El gasto público es esencialmente en pesos y no en dólares; una moneda que, resulta evidente, Argentina no puede emitir.
Con fecha 21 de mayo de 2020 el Banco Central (BCRA) publicó el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”. En el demuestra que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Ni el BCRA, que armó el listado, ni la AFIP dieron a conocer los nombres de quienes compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación, durante la gestión de Cambiemos, pero sí se pudo conocer informalmente una lista jamás desmentida por los interesados, ni por el BCRA, ni por la AFIP.
Los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta cometidos por Mauricio Macri, su ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el Presidente del Banco Central, Federico Sturzzeneger, en la contratación del crédito del Fondo Monetario en 2018, fueron cometidos para habilitar el posterior desvío de los recursos obtenidos en beneficio de empresas y empresarios protegidos por el “secreto fiscal”, que fugaron divisas, evadieron impuestos y posiblemente incurrieron en el delito de “lavado de dinero”.
Esos hechos fueron denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional en marzo de 2021. La causa recayó en el Juzgado Federal Nro. 5, a cargo de la Jueza María Inés Capuchetti, sin que ésta, a dos años de presentada la denuncia, haya tomado resoluciones coherentes con la gravedad de los mismos, a pesar de que estos hechos constituyen un delito de acción pública, afectan la vida de las y los argentinos, dejándolos a merced de decisiones de un organismo donde predomina el voto de países centrales. La AFIP no ha actuado tampoco en consonancia con la evidencia de una criminalidad fiscal de magnitud.
No puede caber ninguna duda sobre la urgencia de impulsar con celeridad esa causa y la debida penalización, a la vista de las condiciones de un acuerdo cuya inviabilidad social y económica se agravó a partir de que fue suscripto, por consecuencias que debían haberse previsto y por eventos que se materializaron con posterioridad.
Más cuando:
a) la contratación del empréstito por el Gobierno de Mauricio Macri, no contó con la debida autorización del Congreso y se otorgó contraviniendo el estatuto del prestatario (el FMI);
b) el acuerdo para su pago fue redactado con notoria mala praxis, causa daños irreparables a la economía nacional, acrecienta el riesgo para la economía mundial y la gestión del propio FMI.
URGE SALIR DEL CÍRCULO VICIOSO
No es posible seguir con un “más de lo mismo”. Los acuerdos tanto, en 2021, con acreedores privados que actuaron con indudable riesgo en sus decisiones (“moral hazard”); como con el FMI, hace un año, contienen condiciones que han sido invalidadas por la realidad y no han hecho sino prorrogar un incumplimiento inevitable ante un cuadro de situación inmanejable.
La experiencia recorrida, insistimos, pone en evidencia que la política y los acuerdos en relación al tratamiento de la deuda pública:
• No ponderaron la magnitud de los efectos de la pandemia del COVID19 que hacía el propio Fondo al momento de acordarlo, mucho menos los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania declarada pocos días antes de su redacción, ni el inevitable escenario de recesión con inflación mundial y crisis de deuda que se está instalando para 2023.
• No contemplaron la estrechez en el corto plazo de disponibilidad de divisas líquidas – es decir de inmediato acceso para afrontar pagos y giros al exterior cotidianos- que inhibe y encarece importaciones esenciales y el funcionamiento de la economía.
• Que si bien las causas de la inflación son motivo de diversas interpretaciones ortodoxas y heterodoxas, con toda seguridad las imposiciones del acuerdo con el FMI (eliminación de subsidios a servicios públicos; aceleración de la devaluación del peso; la prioridad a las exportaciones – llevando a que los precios locales de alimentos aumenten al ritmo de los internacionales-) junto a presiones extorsivas de “los mercados”, son factores inflacionarios centrales mientras se empuja hacia abajo el poder de compra de los salarios y las jubilaciones.
• La presión se agudiza ante los crecientes vencimientos de capital e intereses previstos a partir del presente año en adelante.
• El debate sobre el rol, políticas, decisiones y condiciones para el acceso a recursos del FMI tiene, por lo tanto, enorme significación. El monto de los intereses de la deuda con el Fondo ha subido más de un 75 % en dólares desde marzo de 2022, cuando se concretó el acuerdo. Por lo pronto, situaciones inesperadas implican no
poder afrontar compromisos ante un marco de alteraciones de precios, mayores tasas de interés, cambios de flujos comerciales y de capitales e incertidumbre tanto mundiales como locales: tensiones geopolíticas, alteraciones cambiarias, las consecuencias del cambio climático, de la sequía. Tales alteraciones imponen condiciones financieras más severas que limitan más aún el acceso a fuentes alternativas de financiamiento a países altamente endeudados como Argentina. O de acceder, debe hacerlo asumiendo altísimas tasas de interés, de tipo especulativo. Es preciso salir de este círculo vicioso.
• El recorte del déficit que plantea el acuerdo con el FMI se traduce en su demanda de un ajuste socialmente intolerable y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las mini-devaluaciones permanentes propiciadas por el Fondo junto a los aumentos de tarifas impulsan la inflación y el proyectado incremento de las reservas no es compatible con el proceso de fuga de divisas que continúa. La inflación de casi tres dígitos en 2022 ha sido la repetición de la habitual derivación de todos los acuerdos con el FMI desde 1958.
• Los monitoreos omnipresentes del FMI condicionan la política económica, obstruyen la redistribución del ingreso vital para consolidar un camino de crecimiento, afectan irreparablemente cualquier intento de planificación económica de mediano y largo plazo, e inexorablemente la posibilidad de cumplimiento del acuerdo.
• Inversores especulativos, los denominados “fondos buitre”, vuelven a la carga operando con un mayor “riesgo país” con la expectativa de grandes ganancias depredadoras, como las que realizaron durante el gobierno PRO-UCR.
SALIR DE LA ENCRUCIJADA
El contexto y la urgencia ante la caída de reservas del Banco Central en los últimos meses ha obligado al gobierno a devaluar nuestra moneda en general y sobre devaluarla (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja y sectores puntuales, para -en forma paralela- vender dólares más baratos a algunos importadores.
La suba constante del precio del dólar encarece los alimentos, reduce el salario real (pues el salario nominal no se incrementa en la misma proporción) y -dado el poder concentrado de las grandes empresas alimenticias y de los supermercados, que igualan el precio interno al externo- esa suba de precios carcome el poder adquisitivo de las remuneraciones en pesos, de jubilaciones y pensiones, de los planes sociales, hecho que comprime la demanda de los trabajadores de otros bienes y limita la actividad industrial dirigida al mercado interno.
La caída en la demanda interna no se ve compensada por los ingresos y multiplicadores de actividad y empleo generados por bienes y servicios exportables al mercado mundial. Los mayores ahorros en divisas no se traducen en una demanda mayor de bienes de capital dirigida al sector manufacturero local. Al contrario, se generalizan maniobras cambiarias ilegales y se importan productos suntuarios, con lo que el resultado es una minoría dolarizada beneficiada que acumula y desnacionaliza capitales más que los que invierte en el país, en tanto el grueso de la población debe enfrentar una suba generalizada de los precios y sufre la caída recurrente en sus condiciones de vida.
Adicionalmente, si la situación de la sequía- la más grave en los últimos 30 años- se prolongara, sería indefectible una mayor caída del ingreso de divisas.
En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del salario: si el dólar sube, el salario real cae. Como más del 70% de lo que se produce en el país se destina al mercado interno (dependiendo esencialmente de la capacidad adquisitiva del salario) y se venden al exterior productos y servicios que básicamente también se consumen internamente, la regresividad se verifica rápidamente en un descenso de los salarios en dólares en Argentina, que han pasado a ser menores aún que en países asiáticos caracterizados por bajos salarios.
Con esta tónica no se abre un horizonte de “salida exportadora” con “efecto derrame” para el pueblo argentino. Por el contrario, se marcha a una recesión crónica, la instalación de una economía de enclave basada en la explotación externa de recursos naturales y al mayor crecimiento de la marginación social, en paralelo con la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, de los ingresos y las actividades de la mayor parte de la población vinculada al mercado interno que vive en pesos y no en moneda extranjera.
La experiencia histórica ha puesto en evidencia que las decisiones sobre la deuda no deben ser reservadas para supuestos expertos, la realidad indica que es urgente reclamar una renegociación. Su magnitud y las condiciones derivadas afectan el desenvolvimiento del país irreparablemente.
En este punto no es ocioso recordar, como antecedente, algunas definiciones del Presidente Néstor Kirchner en su mensaje ante el Congreso de la Nación del 1ro. de marzo de 2004:
“En todos los casos, se trata de comprender que no existe otra posibilidad que el crecimiento como garantía para la sustentabilidad interna, para el cumplimiento externo …”
“Queda claro que no existe margen para recurrir a ajustes ni al incremento del endeudamiento. No pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos, generando más pobreza y aumento de la conflictividad social para que el país vuelva a explotar. Sería bueno que recordaran cuánto daban por sus acreencias en el 2001, cuando gobierno, instituciones, políticos, el país, todo se caía…”
“No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente. Creciendo nuestra economía mejorará nuestra capacidad de pago….”.
“Como dijéramos aquí: no somos el proyecto del default. Sabemos que nuestra deuda es un problema central. Pero no pagaremos de cualquier modo.”
ACCIONES Y PROPUESTAS
Volviendo al nuestro diagnóstico, creemos que no debe desvincularse a la discusión y la ponderación de acciones y propuestas efectivas. Con tal perspectiva entendemos que:
• Debe imprimirse urgencia al proceso judicial relativo a la contratación de la deuda, la investigación pública de la fuga de capitales y la evasión fiscal, levantándose para ello el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege, increíblemente, a los responsables,
• No debe demorarse un proceso de auditoría y reestructuración de la deuda pública incluso: el justificado requerimiento de quitas, la eliminación de sobrecargos (reclamo reiterado por el gobierno ante el FMI) y la nulidad por su origen y destino de endeudamientos privados endosados al sector público ocultando maniobras ilegales comerciales, cambiarias y/o impositivas.
• Debe exigirse al FMI que asuma las consecuencias derivadas hasta hoy y en perspectiva del irregular otorgamiento del préstamo al país en 2018 y establecerse una urgente revisión del acuerdo (mediante quita, eliminación de sobretasas, y cambios de condiciones) pues no es sustentable y por las consecuencias que el inevitable quebranto supondría como antecedente también para otros países periféricos.
• En sintonía con la investigación de la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos, se debe reforzar la administración cambiaria sobre las divisas, con énfasis sobre las que utilizan las grandes empresas para cancelar sus deudas de capital e intereses.
• Debe impulsarse la aprobación de proyectos de ley, ya en consideración en el Congreso de la Nación, como ser : el de creación de un fondo en dólares para el pago al FMI en base al ingreso de penalizaciones por el reconocimiento por sus titulares de fondos en el exterior no declarados al fisco; el de limitar el accionar especulativo de “fondos buitre” tomando como base posiciones de Argentina en foros internacionales; el que hace a la liberación del secreto fiscal, bursátil y financiero para ubicar e investigar personas y empresas sospechadas de evasión y/o lavado vinculados con la fuga de capitales.
• Vistos sus desastrosos resultados, es imprescindible encarar la modificación de la Ley de Entidades Financieras vigente desde 1977 por otra puesta al servicio del desarrollo, la protección del ahorro y su canalización en el consumo y la inversión nacionales. La Ley 21526, rémora jurídica de la dictadura terrorista, constituye el núcleo del dispositivo legal del modelo de financierización del país. Las entidades financieras deben tener una ley que organice su especialización. No puede existir regulación igual para las locales privadas, las extranjeras o de capital de ese origen, las cooperativas o las públicas. Tienen roles particulares y, por lo tanto, deben estar sujetas a regulaciones específicas. La rigurosidad de las exigencias no pueden ser menores para las denominadas “fintech”, o para la actividad financiera con soporte en plataformas comerciales digitales, que incluso actualmente constituyen un canal de posible evasión tributaria y fuga de capitales.
En la perspectiva de encarar una posición macroeconómica sustentable, es prioritario el sostenimiento del control de cambios y el cuidado de reservas a través de controles claros y transparentes, combatiendo la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, priorizando el acceso a divisas para garantizar necesidades productivas y sociales que requieren, tanto en forma directa como indirecta, importaciones o pagos al exterior.
Las divisas deben ser generadas genuinamente, es decir a partir de relaciones complementarias y armónicas con el mundo. Son del país y deben ser obligatoriamente ingresadas al Banco Central. Éstas son esenciales para el sostenimiento y ampliación de la actividad productiva y el empleo. Nunca, y menos aún en un período crítico, puede permitirse que las reservas del BCRA sean malversadas o dilapidadas.
La deuda, con sus paralelas exigencias condicionales, genera metas fiscales restrictivas y regresivas que apuntan a quitarle medios y potencia al Estado Nacional, disminuyendo y desarticulando su rol esencial para impulsar un desarrollo armónico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacional.
Indefectiblemente, debe revertirse la prioridad recurrente a juegos financieros globalizados, cuyos desaguisados pagamos quienes no somos responsables de ellos, que limitan la vigencia de la democracia, y el despliegue indispensable de un plan de desarrollo armónico, inclusivo e integrador de nuestra Patria.
El intento de aminorar las restricciones externas derivadas de la crisis de la deuda que incubó el gobierno de Cambiemos, es inconducente, para los intereses nacionales, si no se avanza al mismo tiempo con la necesaria recomposición de los salarios y una mejor distribución del ingreso, las cuales deberían constituir la principal prioridad política.
Romper la esclavitud de la deuda es imprescindible y urgente para poder modificar la dependencia financiera que nos agobia y empuja a un nuevo quebranto.
LA DEUDA NO PUEDE MANDAR, NO SOMOS EL PROYECTO DEL DEFAULT
Ricardo Aronskind, Raúl Dellatorre, Marisa Duarte, Juan Pablo Costa, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, Jose Sbatella, Guillermo Wierzba.
3 de marzo de 2023
Trabajo preliminar: Horacio Rovelli, Guillermo Wierzba
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las PyME, cooperativas y de la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales.
Coordinan: Vicente Alvarez, Eduardo Berrozpe foroeyt@gmail.com
Fuente: radiografica.org.ar
