La diputada ensenadense analiza el modus operandi del Ministerio Público, desde que el Pro forzara con presiones la renuncia de María del Carmen Falbo para reemplazarla por Julio Conte Grand, hace ya cinco años. Las maniobras de vaciamiento del Astillero Río Santiago, un ejemplo bajo investigación.
( Gastón Garriga ) Susana González viene de familia peronista. Pasó por el Frente Grande ante el desencanto que le produjo el menemismo en los noventa y volvió a sus orígenes de la mano del kirchnerismo. Muy cercana al intendente de Ensenada Mario Secco, hoy es diputada provincial y preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la cámara. Ese rol estratégico la convierte en una de las mayores conocedoras del entramado de protección judicial y negocios en la provincia durante la gestión anterior. Mientras espera que avance el juicio político al procurador Julio Conte Grand, impulsado por el oficialismo, brinda detalles de las maniobras de vaciamiento del Astillero Río Santiago, con un perjuicio a la empresa estimado en 95 millones de dólares, que involucra a funcionarios de María Eugenia Vidal, agentes de inteligencia y fiscales provinciales.
–Buenos Aires/12 publicó una foto en la que están juntos, de viaje, y solo para nombrar los dos más importantes, el entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el fiscal Sebastián Scalera.
–No, no me sorprende. Vamos al fondo del asunto. Está Marcelo Rochetti. Está Vicente Ventura Barreiro, que manejó el área de inteligencia de la policía. Está el fiscal Sebastián Scalera, que primero presionó al juez Gabriel Vitali para que detuviera a los Moyano y cuando la causa pasó al juez Luis Carzoglio, también lo presionó. A Scalera, que es de Lomas de Zamora, no lo conozco tanto como a los de La Plata.
–¿Qué pasa si alguien reacciona?
–Cuando uno investiga la mugre de los sótanos, cuando uno intenta un jury, todo termina en Comodoro Pro. En Derecho existíeron siempre dos fueros de atracción, las quiebras y las sucesiones (N de la R: el fuero de atracción unifica ante un mismo juzgado procesos judiciales, para que el juez que interviene en el proceso sucesorio conozca de aquellos procesos judiciales que puedan afectar la integridad del patrimonio involucrado). Ahora existe un tercero, Comodoro Pro.
–Los tribunales federales de Comodoro Py.
–Comodoro Pro primero toma todo lo que le interesa y luego es capaz de afirmar que los espías de la AFI eran cuentapropistas o justificar el espionaje a familiares del ARA San Juan. En Provincia es similar, pero observarlo cuesta más. Apenas asumió en la Procuración, Julio Conte Grand creó la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, a través de la resolución 483/17. Esto implica que tiene la potestad del último dictamen sobre cada pedido de jury e interviene en todas las denuncias contra fiscales o defensores, cuando antes esa potestad estaba descentralizada. Tiene todos los palos y las zanahorias en su poder. Es el dueño de los palos y las zanahorias.
–¿Y políticamente?
–Políticamente todo Juntos por el Cambio se encolumna detrás del Pro y de la protección a Conte Grand, porque están carpeteados. Pero también hay sectores del Frente de Todos que no le imprimen toda la celeridad que esto amerita. Lo puedo decir porque lo digo con mis compañeros en reuniones de bloque. Te doy un ejemplo reciente de cómo funciona. La causa de Mario Secco (N de la R: «coacción agravada, resistencia a la autoridad y perturbación al ejercicio de funciones públicas» por haber ingresado al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense durante el cuarto intermedio de una sesión en 2017, para denunciar represión policial a manifestantes), ya estaba por elevarse a juicio oral. Cuando ratifiqué la denuncia por las irregularidades en Astillero Río Santiago, cambiaron al fiscal y pusieron a Marcelo Romero, que es Conte Grand, en un escrito de un renglón y medio. Eso es un vuelto a Mario Secco porque ratifiqué la denuncia.
–¿Cómo es la denuncia de vaciamiento del astillero?
–Empieza con una denuncia del interventor que puso Vidal, Daniel Capdevila, contra ATE por supuestas irregularidades en el manejo del comedor. Otro involucrado es quien era gerente de Recursos Humanos y Seguridad, Rubén López, además agente de la AFI, también puesto por Vidal. En el marco de esta denuncia se realizan unos peritajes contables, a pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Los peritos, que no pertenecían a la Procuraduría sino que fueron contratados por la Corte Suprema y pertenecían a Policía Federal y AFI, descubren que hay contratos hechos para lavar dinero, que corresponden a la construcción de 4 buques por 95 millones de dólares, cuyos planos nunca fueron aprobados, que no había en los depósitos la cantidad de chapas que debía haber según la documentación o que eran de menor calidad y otras irregularidades. El titular de la empresa off shore solicitante se llama Ricardo López, igual que el gerente de Astillero.
–Pero eso no guarda relación con el comedor…
–Exacto. Por eso el fiscal desecha rápidamente las pericias… que él mismo había ordenado. Sostiene que no merece reproche penal en esa instancia y archiva la investigación con toda la prueba que se encuentra acumulada en el expediente. Pero eso no es todo: se descubre un depósito por mil millones de pesos a una cuenta del Banco Ciudad cuyo titular es… Daniel Capdevila. El comprobante de esa transferencia integra la ampliación de denuncia que presenté, donde pedimos saber si ese dinero estaba declarado en el patrimonio del funcionario.
–¿Hubo avances en la causa?
–Primero intervino el juez Alejo Ramos Padilla porque el lavado de activos y el espionaje son delitos federales. La malversación es un delito de la justicia ordinaria, pero como fue efectuada por agentes de la AFI, intervino la justicia federal. Luego se declaró incompetente y la pasó a la justicia provincial, pero lo último que supe es que recientemente la justicia provincial la devolvió a la federal.
–¿Se puede hablar de cuentapropismo por mil millones de pesos, que a valores de 2018 eran más de 25 millones de dólares?
–No. La terminal de eso era el gobierno de Vidal. Igual que con los aportantes truchos.
–¿Y a nivel parlamentario?
–Hay un pedido de juicio político que ya tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales que yo presido. Ahora está trabado en la comisión de Derechos Humanos, donde por el momento no nos dan los números, y por último debe pasar a Legislación General. Ese es el camino que estableció la presidencia de la cámara.
