Un acuerdo de pago objetado en la Corte santafesina y la «bala de plata» del Banco Nación / Cómo sigue la convocatoria de acreedores tras el acuerdo fallido propuesto por Vicentin y Glencore. La situación del Banco Nación, acreedor principal. ¿Habrá una empresa mixta como salida?
( Por Raúl Dellatorre/ Página 12 / Motor Económico) Hace exactamente tres años, el jueves 5 de diciembre de 2019, la firma agroexportadora Vicentin se declaraba en cesación de pagos e informaba a través de un comunicado que iniciaba «un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de estrés financiero que afecta actualmente a la empresa». Era la primera señal pública de lo que luego se revelaría como una de las mayores estafas de la historia económica argentina.
Pasados esos tres años, todavía no se ha resuelto ni el cobro de los créditos por parte de los acreedores, como tampoco el destino definitivo del mencionado complejo exportador. Un puñado de grandes firmas del sector pugna por constituirse en los «continuadores» de Vicentin, sin dejar del todo afuera de la empresa a los anteriores dueños, pero ahora bajo control de una firma extranjera (Viterra, grupo Glencore).
Otros acreedores, privados y estatales, en cambio, proponen una salida bajo la modalidad «cramdown»: mecanismo de última instancia previo a la quiebra, previsto en la ley, que permite que los acreedores puedan formular una propuesta para tomar el control de la firma. En la práctica, se constituiría una empresa mixta que manejaría, por sí o en forma delegada en una administradora, el complejo Vicentin.
La Corte Suprema dixit
En la última semana, en tanto, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe decidió rechazar el avocamiento en el concurso preventivo de Vicentin, devolviendo el control de la convocatoria de acreedores al juez comercial de Resistencia (de la misma provincia) Fabian Lorenzini.
Es el mismo magistrado cuestionado por parcialidad manifiesta en favor de los directivos y dueños de Vicentin, a quienes le aprobó la convocatoria a concurso pese a incumplimientos de requisitos básicos para garantizar los derechos de los acreedores. El más elemental, la falta de presentación de los últimos balances de la firma que pretendía concursarse, así como una extrema permisividad a favor de la empresa en la disponibilidad de bienes y activos de la empresa (su venta o cesión a terceros para su explotación).
Algunos de estos argumentos son lo que se habían esgrimido para pedir el avocamiento de la causa por parte del tribunal superior de la provincia. Esto es, que la Corte Suprema asumiera la responsabilidad de la causa ante la falta de imparcialidad que se le imputa al tribunal inferior.
En interpretación de algunos medios, el rechazo del avocamiento por parte de la Corte le despeja el camino a Vicentin para obtener la homologación del juez Lorenzini al plan de reestructuración de la deuda concursada, que asciende a unos 1500 millones de dólares. Vicentin asegura tener el aval del 61% de los acreedores a su oferta, pero no del acreedor principal, el Banco de la Nación Argentina, con un crédito contra la concursada por 300 millones de dólares, el 20% de la deuda total.
La situación del Banco Nación
Por tratarse de un «acreedor privilegiado» en el concurso, la opinión del Banco Nación es fundamental. La entidad oficial está en condiciones de rechazar la oferta que Vicentin hizo al resto de acreedores privados, y de pedir la quiebra de la empresa (aunque a un costo político que no es menor). Pero también podría avanzar sobre el juez Lorenzini reclamándole que haga lugar a la alternativa de cramdown que impulsaban el BNA y otros acreedores privados.
El propio asesor jurídico del banco en este concurso, Manuel Cuiñas Rodríguez, en diálogo con Página/12, interpretó que el fallo de la Corte Suprema sugiere esa vía. «Los jueces de la Corte le marcaron la cancha a Lorenzini, le están diciendo, sin ser explícitos, que el acuerdo presentado no se puede aprobar, así que considero que la vía del cramdown está abierta».
Cuiñas, un especialista en derecho societario que asesora al Nación en la causa Vicentin desde mediados de 2020, señaló que la entidad estatal «no recibió hasta ahora ninguna oferta ni propuesta de cómo se le pagaría la deuda de 300 millones de dólares». Subrayó que el Banco Nación no fue incluído en la propuesta en la que Vicentin dice haber obtenido un respaldo del 61% de los acreedores, «pero podría hacerse un acuerdo aparte para el Nación». De todos modos, tras el fallo de la Corte Suprema santafesina, Cuiñas considera que la propuesta de Vicentin quedó invalidada.
Mientras que para algunos analistas que siguen el tema, la decisión del tribunal superior de Santa Fe significó una luz verde al acuerdo que estaba a punto de cerrar Vicentin con el 61% de los acreedores, echando por tierra con la alternativa de cramdown, Cuiñas Rodríguez explica su interpretación, que es la contraria.
«Está bien que la Corte no se haya avocado la causa, porque al mismo tiempo le advierte al juez Lorenzini que no puede acceder a propuestas abusivas y que tenga en cuenta a un acreedor privilegiado como es el Banco Naciòn».
En efecto, en los argumentos que acompañan su voto, el juez Daniel Erbetta (presidente de la Corte desde hace unos diez días) le sugiere al titular del fuero comercial Lorenzini no desentenderse de las resoluciones y cautelares impuestas en el fuero provincial (tribunales penales de Rosario, donde estan procesados por defraudación 14 directivos) ni ignorar los incumplimientos cometidos por autoridades de Vicentin respecto de la presentación de balances y la venta de las acciones de Renova. Le solicita, por lo tanto, «priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada», en relación a conductas e irregularidades previas que la harían inviable, «cuestiones éstas que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad».
Por su pate, el juez del mismo tribunal supremo Rafael Gutiérrez, titular de la Corte hasta la asunción de Erbetta en esa responsabilidad, le pide al juez del concurso que, además de los intereses de los acreedores que adhieran a la propuesta, deberá tomar en cuenta las objeciones planteadas por el Banco Nación y otros acreedores disconformes. Y señala en particular respecto del BNA, acreedor por 300 millones de dólares, que «a pesar de ser un acreedor privilegiado, el plan de pago iniciado oportunamente pone en riesgo la cancelación de esa deuda».
Entonces, ¿se cae el acuerdo?
Tras este fallo de la Corte santafesina, el acuerdo de Vicentin con el 61% de los acreedores debería ser dado de baja por el juez Lorenzini, que no tendría otra alternativa. En los corrillos políticos provinciales señalan la probabilidad de que la empresa le pida al juez una nueva prórroga, en función del tiempo perdido por el pedido de avocamiento, para presentar otro acuerdo. En opinión de los expertos, los plazos ya están definitivamente vencidos, «pero en esta causa todo es posible».
Técnicamente, el Banco Nación como acreedor privilegiado, ya estaría en condiciones de solicitar la quiebra por la inviabilidad de la propuesta de cancelación de deuda presentada (por «abusiva y fraudulenta», según se la califica), e impulsar inmediatamente la habilitación del cramdown. Sus «socios», los acereedores que apoyan esa salida, están esperando ese paso.
Claramente, se trata de una disputa política entre dos proyectos de continuidad de la empresa, pero con actores muy diferentes al frente.
No sólo la cuestión política demanda una respueste urgente. También, la situación operativa. En el cuadro actual la principal planta extrusora y de molienda de soja de Vicentin (y del continente) Renova, con puerto propio sobre el Paraná, está en manos de Viterra a partir de una transferencia de acciones (a pocos días de la cesación de pagos, en diciembre de 2019) fuertemente cuestionada, lo cual ha convertido a la filial local de la multinacional suizo norteamericana Glencore en la principal exportadora de harinas y aceites del país.
Por otra parte, otra multinacional cerealera, Bunge Ltd, explota comercialmente buena parte del resto de las instalaciones –incluso las portuarias– a lo cual la habilita un contrato de uso «a fazón» de las mismas, que vence el próximo 31 de diciembre. ¿Está en condiciones legales la actual conduccón de la empresa de prorrogar el contrato? ¿Lo puede hacer el juez sin resolver, previamente, el concurso con el total de los acreedores? Dificil. nLa situación es complicada, pero no lo es menos seguir postergando una definición.
