En Argentina se producen cerca de 50.000 toneladas de residuos por día que terminan en más de los 5000 basurales a cielo abierto que tiene el país. Los envases representan el 25% de los residuos sólidos urbanos y el 60% de los residuos domiciliarios.
En la actualidad menos del 8% del total de envases son reciclados, esta ley apunta a alcanzar al menos un 25% de reciclado de los mismos. La industria del reciclaje vinculada a los envases tiene un 60% de capacidad ociosa.
Cada municipio del país destina al menos el 10% de su presupuesto solo para la recolección de residuos.
Durante la pandemia, la Argentina importó una cifra récord de 800 toneladas de basura plástica. Cabe mencionar que los envases contaminan el suelo, el aire, los cursos de agua, las aguas subterráneas y generan gases de efecto invernadero. El abordaje de esta problemática estructural constituye una deuda histórica en nuestro país.
En el marco del paradigma de economía circular donde se incluye la responsabilidad extendida al productor, la estrategia en la que se basa el proyecto incorpora los costos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida un triple impacto con beneficios ambientales, económicos y sociales con el fin de disminuir el impacto de los residuos en el ambiente, promover la creación y formalización de trabajo, e incluir a las y los recuperadores como eslabones esenciales de la economía circular
Principales características del proyecto
Para abordar esta problemática, el proyecto establece presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión integral de envases y señala que es deber de
los productores tomar responsabilidad objetiva por el financiamiento de la gestión
integral de los envases introducidos por ellos en el mercado nacional y los envases
post consumo.
Para tal fin, cada productor deberá propiciar la gestión de los envases abonando
una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) o
ejecutando un sistema propio de reutilización (Sistema de Depósito, Devolución,
Retorno y Reutilización). No será excluyente la adopción de uno sobre el otro.
En cuanto al valor de la TAREP, la misma no podrá ser superior al 3% del precio
mayorista de venta del producto envasado. La tasa es expresada en pesos por
kilogramo de materiales y los fondos se recaudarán a través de la AFIP, para luego
ser girados a un Fideicomiso administrado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Cabe señalar que dichos fondos irán en un 85% al FONAGER (Fondo Nacional para
la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo), 10% al Fondo Nacional de Desarrollo
Productivo (FONDEP) y 5% al INTI.
Quedarán exentos del pago de la TAREP aquellos productores que implementen un
Sistema de Depósito Devolución, Retorno y Reutilización. Asimismo, la Autoridad de
Aplicación podrá efectuar deducciones o exenciones al valor de la TAREP.
La norma además crea el Sistema Nacional de Gestión de Envases que será
administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y tendrá por fin
coordinar los planes de gestión que implementan los gobiernos locales. Se
financiará a través del FONAGER.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las autoridades
competentes, mientras que los municipios ejecutarán los sistemas locales de
gestión de envases, es decir, son quienes aplican los planes que se financian con el
cobro de la tasa.
Además, la Autoridad de Aplicación será asistida por un Consejo Consultivo,
integrado por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Desarrollo
Social, Productivo, de Salud, de Trabajo y el INTI. Asimismo, estará integrado
industrias productoras de Envases, industrias recicladoras, industrias alimenticias,
trabajadores Recicladores, entidad de consumidores, COFEMA y Federación
Argentina de Municipios.
Percepción de la ciudadanía
Según un estudio del Centro de Estudios Metropolitano el 63 % de las y los habitantes de AMBA consideran que quienes fabrican y comercializan productos deben hacerse cargo de su gestión final cuando se convierten en residuos.
Legislación sobre gestión de residuos en el mundo
En la reunión de ministros de Ambiente del G20 realizada en julio en Italia, las principales potencias plantearon en un comunicado conjunto la importancia de gestionar a través de principios de responsabilidad extendida del productor, focalizando particularmente en la reducción del uso de plásticos como tema central para atacar el problema de los residuos en los mares que afectan a la fauna.
Países como Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suiza, China, Australia, India, Corea del Sur y Japón lo incluyen en sus respectivas legislaciones. Del mismo modo sucede en América Latina y el Caribe donde un total de once países contemplan los principios de responsabilidad extendida y compartida del productor en sus normativas.
Fuente: Elle Macarthur Foundation, Responsabilidad Extendida al Productor, 2021
file:///Users/lp1/Desktop/Responsabilidad%20Extendida%20del%20Productor.pdf
