El esquema incide 0,24 por ciento en la inflación mensual. A cambio, el Estado les otorga divisas para importar, congelamientos del Impuesto a los Combustibles líquidos y el pago de una deuda por eximición de impuestos a la importación.
( Natalí Risso) Tras varias jornadas de negociación y hasta un pedido explícito del sector alimentario, el gobierno incorporó a un sector clave por su transversalidad al control de precios: los combustibles. Pautó un techo de aumento programado– de 4 por ciento hasta febrero y 3,8 por ciento en marzo- con las cuatro empresas que concentran el 95 por ciento de la venta de combustibles al mercado interno. La incidencia en la inflación mensual será de 0,24 puntos porcentuales. Qué les dio el gobierno para convencerlas.
«Nosotros no queremos ingresar al control de precios, pero con YPF en la mesa no nos queda otra que por lo menos venir a negociar condiciones», explicaba a la entrada del Ministerio de Economía uno de los cuatro ejecutivos que llegaron a reunirse con el ministro de Economía Sergio Massa, el secretario de Comercio Matías Tombolini y la secretaria de Energía Flavia Royón.
La cita era para darle la puntada final al acuerdo que iba a hacer que los combustibles ingresen al sendero de previsibilidad que plantea Massa para lograr una inflación menor al 4 por ciento mensual a partir del segundo trimestre del 2023. Además fue un pedido de las empresas alimenticias que participan en Precios justos, sobre todo las nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). La Copal envió una nota a Matías Tombolini firmada por su titular Daniel Funes de Rioja poniendo condiciones de adhesión y permanencia en el programa Precios Justos: “No debe producirse una variación significativa de los costos más relevantes de la empresa, como es el caso de sus materias primas”, explicaba.
Del otro lado del mostrador estaban Rodrigo Turienzo, CEO de Trafigura que opera Puma; Teófilo Lacroze, CEO Raízen Argentina que opera Shell; Marco Bulgheroni CEO de Pan American Energy de Group. Axion y Pablo González, presidente de YPF. Las cuatro empresas concentran el 95 por ciento del mercado de ventas de combustibles: YPF 55 por ciento , Shell 19 por ciento, Axion 15 por ciento y Puma 6 por ciento.
El aumento pautado es menor al promedio al que venía subiendo el combustible en el año, de 6,5 por ciento mensual. En lo que va del año, el precio que más aumentó – por encima de la inflación general -es el del gasoil: 83 por ciento hasta octubre, un 6,37 por ciento mensual. Luego la nafta premium, con un aumento de 70 por ciento en lo que va del año y, finalmente, la súper. La nafta súper subió 60,5 por ciento hasta octubre, casi 17 puntos porcentuales debajo de la inflación, un 5 por ciento mensual promedio.
Lo que te da te quita
Para que las petroleras accedan a ponerle un límite al aumento del precio del insumo más transversal de toda la cadena productiva, el gobierno tuvo que ceder. En la negociación, consiguieron por lo menos tres beneficios:
*Una postergación del aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que pagan las petroleras. La actualización estaba prevista para enero del 2023 pero se va a postergar hasta marzo. El ICL es uno de los principales impuestos que pagan los combustibles. Además del Impuesto al Dióxido de Carbono (que se actualizó en febrero), y el IVA. El ICL y el IDC se actualizan trimestralmente de acuerdo a una fórmula preestablecida que AFIP debe calcular y actualizar.
Ambos tributos se encontraban congelados desde el 2021para evitar que su aumento impacte en precios en una economía recuperándose de la pandemia. En octubre se hizo una actualización parcial – aumentó, además de lo que le correspondía por fórmula, un retroactivo del primer y segundo trimestre del 2021-. Representó en ese momento un aumento del 4,5 por ciento del precio de los combustibles.
La siguiente actualización iba a ser en enero de este año, con el porcentaje correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del 2022. Las operadoras pidieron que se prorrogue el descongelamiento para marzo cuando termina Precios Justos. «Tomando en cuenta la inflación, el retraso es del 100 por ciento en 2022», aseguraron desde Economía.
*Acceso a divisas para importaciones. Como ya es un clásico en la negociación con los acuerdos de precios, las operadoras pidieron dólares para importar insumos para lubricantes, etanol e incluso autorizar la importación propia de combustibles
*Finalmente, las firmas reclamaron que el Estado les salde la deuda por la exención a los impuestos a las importaciones que otorgó el gobierno ante el desabastecimiento a principio de año. En ese momento, se autorizó una exención de los impuesto a las importaciones de los combustibles que las empresas pagaron pero reclaman su devolución.
