La soberanía alimentaria es un derecho a adquirir, la democratización de nuestra producción un trabajo diario de productores y consumidores donde la economía social se juega su próximo desafío.
(Por Gabriela Cabanillas (*) ) El gobierno de Cristina Kirchner fue uno de los grandes impulsores del difícil camino que debe transitar la Argentina para llegar a la soberanía alimentaria. Hubo dos leyes fundamentales durante el gobierno de la actual vicepresidenta que fueron la ley de extranjerización de la tierra y la ley de agricultura familiar.
El objetivo de las primeras de las leyes fue limitar la adquisición y titularidad de extranjeros a las tierras rurales en Argentina. Según una nota de David Cufre en Pagina 12[1]dos años después de promulgada la ley se realizó un relevamiento catastral que dio como resultado que 15,8 millones de hectáreas estaban en manos de extranjeros lo cual implicaba el 5,93 por ciento del suelo argentino y 1,1 millón de hectáreas estaban a nombre de paraísos fiscales. Esta ley limito la adquisición de propiedad a 1000 hectáreas en la zona núcleo, prohibió la venta de tierras que limitaran o contuvieran cuerpos de agua de envergadura y permanentes y marco un tope de 15 por ciento para la compra de tierras de extranjeros.
La segunda ley declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria y considera a la actividad y a quienes la ejercen como esencial para la productividad, seguridad y soberanía alimentaria.
cartelización de los recursos y la comercialización es cada vez más concentrada a nivel mundial, no por eso, y quizás con más razón es una batalla cotidiana dar pelea para la democratización de los recursos productivos y de consumo como son los alimentos.
La Argentina está en el podio mundial de países agroexportadores que sumado a la cartelización en la producción y comercialización de alimentos hace que la comida de los argentinos cotice en dólares.
La ley de agricultura familiar sostiene como forma de fortalecer la organización los formatos de asociativismo y cooperación. La economía social a través de un arduo trabajo con los productores y el análisis de las cadenas de comercialización ha logrado bajar el precio de un bolsón básico de verduras y con esto no solo llegar a que el consumidor final sino que se visualice un precio de referencia para la comercialización de los alimentos.
La Universidad de Quilmes junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otras instituciones de la agricultura familiar han trabajado en conjunto para el análisis de la cadena productiva y de comercialización[i].
En este sentido el último trabajo sobre el precio del Bolsón marca sobre un precio final de 650 pesos, más de la mitad del precio final es para los productores y el resto para gastos de logística y demás servicios.
El consumo de bolsones agroecológicos durante la pandemia se duplico según un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA[ii] y las comercializadoras de los bolsones les están asegurando a los productores más del 50 por ciento del precio final.
La soberanía alimentaria implica conquistar derechos. Empoderarse como agente transformador a través del consumo es uno de los objetivos de estas acciones conjuntas que involucran a diferentes instituciones educativas, de productores y consumidores. La conexión entre productor y consumidor es una tarea a construir de índole cultural la visualización de la producción comunitaria y de base es la gran herramienta contra el abuso de la cartelización económica. Es la tarea.
(*) Lic. Gabriela Cabanillas.
Posgrado en Economía Social.
[1] Pagina 12: https://www.pagina12.com.ar/341731-de-raiz-cambios-en-la-produccion-de-alimentos-y-la-distribuc
[i] Mercado Territorial: Fuente. https://mercadoterritorial.observatorioess.org.ar/
[ii]Bolson Soberano. Fuente: https://www.calisafauba.com/bolson-soberano
