( Por Fernanda Vallejos*) La semana pasada, el ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, sostuvo ante la Asamblea Nacional que “La guerra en Ucrania no debe resultar en una dominación económica de EEUU y un debilitamiento de la UE. No podemos aceptar que nuestro socio estadounidense venda el GNL a cuatro veces el precio al que se lo vende a sus industrias”.
Resulta interesante la denuncia de Le Maire porque expone, frente a ciertos ojos incrédulos y miradas dogmáticas, la lógica con la que Estados Unidos, la potencia hegemónica, organiza sus asuntos económicos. Es claro que la venta de GNL a un precio inferior en el mercado interno estadounidense no se basa en una decisión que maximice la ganancia de las principales multinacionales productoras y exportadoras de GNL del mundo (Shell, BP, TotalEnergies), sino en una decisión de carácter estratégico que, en todo caso, minimiza los costos de producción de la industria norteamericana y, por ende, maximiza la competitividad sistémica de la economía nacional.
La primera y más obvia reflexión que, visto desde una perspectiva argentina podría ameritar el asunto, nos conduce a trazar un paralelismo con la dificultad —cuando no la voluntad opuesta— que ha mostrado el Estado nacional, especialmente desde 2016, para fijar reglas (como derechos aduaneros) en el mercado agroalimentario para desacoplar los precios internos de los internacionales, de los bienes-salario que la Argentina mediante grandes corporaciones multinacionales exporta al mundo.
Sin embargo, esta columna apunta a una reflexión de carácter más general sobre cuáles son los criterios rectores que usan los Estados-Nación para definir los marcos dentro de los cuales se desempeñan los agentes económicos. Es evidente, en el ejemplo citado de los EE.UU., que guía sus acciones por objetivos geoestratégicos vinculados al fortalecimiento o, cuanto menos, la conservación de la mayor cuota de poder hegemónico. Es evidente también que esos objetivos estratégicos no responden al interés económico de un sector, sino al interés geopolítico de la Nación entendida como un todo.
Pero, ¿cuáles son los objetivos estratégicos detrás de los cuáles se ordenan las decisiones que definen los marcos por los que debe regirse la economía de una Nación subdesarrollada como la nuestra?
¿Tenemos un acuerdo nacional sobre esos objetivos, como parecen tenerlo las naciones desarrolladas, más allá de los matices internos o las diferencias tácticas o instrumentales entre sectores o facciones nacionales?
Para empezar a ordenar el tema, digamos que para tener objetivos estratégicos, es necesario tener una visión del país en el que se quiere vivir, que se quiere construir, que se quiere legar a las futuras generaciones. En un momento complejo del mundo y de la Argentina, es necesario que los argentinos y las argentinas empecemos por hacer explícitas las respuestas a la pregunta: ¿cómo es y qué características tiene la Argentina en la que queremos vivir dentro de 10 años, 20 años, 50 años? Si podemos hacer eso y trazar objetivos estratégicos consistentes con la consecución de esa meta, habremos dado un primer gran paso para salir del atolladero en el que nos encontramos desde hace años, en el que, la mayor parte del tiempo, se soslaya la discusión de fondo y se la reemplaza por otra secundaria, que va desde nombres propios, personalidades, banderas partidarias o, en el mejor de los casos, ciertos instrumentos de política económica pero despojados del marco estratégico que nos permitiría, como sociedad, juzgar si unos u otros instrumentos, en determinadas circunstancias, se ajustan o no a los objetivos fundamentales trazados para la realización del proyecto de país que queremos.
Por supuesto, barrer debajo de la alfombra los debates de fondo, los contextos históricos, el análisis geopolítico, tanto como el desfinanciamiento educativo y el desprecio por la educación pública, no es inocente ni casual, sino perfectamente funcional a intereses que se oponen a que sea el pueblo de la Nación el decisor y constructor de su propio destino.
Antes de seguir, es importante detenernos un instante para enfatizar este punto. Definir qué país queremos y cuáles son los objetivos estratégicos para alcanzarlo pero, más aún, dar los pasos para realizar esos objetivos exige, como condición necesaria, contar con la capacidad y la autonomía para hacerlo sin interferencias externas a la comunidad nacional: esa capacidad y ese derecho de decidir libremente como pueblo de la Nación qué país queremos, requiere la reafirmación y el ejercicio efectivo de la soberanía nacional. No está de más recordar que nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución Nacional hasta la jurisprudencia, reconoce que corresponde al pueblo la titularidad de la soberanía y, más precisamente, que en la forma representativa de gobierno consagrada por los artículos 1 y 22 de la Ley Fundamental, el pueblo, como entidad política, es la fuente originaria de la soberanía. Esto, la defensa de la soberanía, la defensa del poder político del pueblo y de nuestra libertad de decidir por nosotros mismos debería ser, entonces, un primer eje de unidad nacional (del pueblo, que es el soberano), previo incluso al acuerdo sobre cuál se cimienta el proyecto de país.
En próximas entregas de esta columna profundizaremos sobre la visión de país y los objetivos estratégicos. También dedicaremos espacio a analizar objetivos intermedios e instrumentos de política concretos. Pero ahora, que estamos en el preámbulo, digamos que para realizar un proyecto de país hacen falta manos y cabezas, hombres y mujeres, un pueblo soberano en condiciones de llevar adelante la obra. Es evidente, entonces, que un pueblo con el 40% de sus miembros en la pobreza (y otros tantos en el margen), mal alimentados, mal abrigados, agobiados por las dificultades económicas, es un pueblo despojado de la mitad de sus talentos y capacidades, un pueblo limitado para ejercer plenamente la soberanía.
En este sentido, el clamor popular que recorre por estos días la Argentina identificando la recuperación de los salarios e ingresos como objetivo inmediato y prioritario, adquiere carácter estratégico y es condición necesaria para la realización de un proyecto de país que materialice las aspiraciones nacionales. Pensar, entonces, que los salarios (promedio) deberían ser compensados con una suma de $40.000, y el salario mínimo, vital y móvil con una de $70.000 para volver al punto de partida (2015) en que comenzó el derrotero de pérdidas acumuladas hasta hoy, y que las paritarias deberían asegurar un piso que supere la inflación anual, no es pensar en un gasto o en un costo, sino en una inversión estratégica en el “recurso” más valioso con que cuenta el país: su pueblo, el sujeto político que porta la responsabilidad histórica de construir la grandeza de la Nación.
Por cierto, sería, además, un piso razonable para pensar un acuerdo de precios y salarios que tenga como propósito frenar la inercia inflacionaria que no para de trepar, escalón tras escalón, desde que a fines de 2015 comenzó la carrera devaluatoria que llevó al dólar de $9,70 a $60 (más de 500%) a fines de 2019, y que hoy ubica el tipo de cambio oficial en $160 por dólar (166%).
Pero digamos algo más sobre la cuestión salarial, porque no podemos pensar nuestro país prescindiendo del contexto internacional. Sobre todo, porque estamos en un mundo en plena transformación que nos obliga a una mirada atenta. No solo porque hay dos bloques que se están disputando el tipo de orden y los liderazgos a nivel geopolítico y, en efecto, hay una guerra.
Sino porque, como surge de los documentos de la OTAN y el Comando Sur, en los movimientos que en especial China y EE.UU. vienen desplegando —cuestiones que EE.UU. asocia a la seguridad nacional, como la producción de chips y semiconductores—, queda claro que esos bloques están pujando por autonomizarse de la interdependencia que hoy existe en las redes de suministro globales y hacerse de redes “estables” y “seguras” (desde la perspectiva estadonunidense: sin participación china o rusa) de suministros de materias primas como alimentos, energía y minerales críticos como el litio.
De manera que las principales potencias del mundo se están peleando por los bienes comunes estratégicos, de los que nuestro país y nuestra región disponen en abundancia. Así, lo que aparece como una oportunidad también encierra muchos riesgos. Digamos, muy sintéticamente, que esa ventaja tiene que ser aprovechada para sustentar el proyecto de país que los argentinos y argentinas queremos para nosotros mismos y para nuestra descendencia, y no para consolidar el subdesarrollo entregando nuestra riqueza estratégica y afrontando el costo de la depredación de nuestros bienes naturales comunes, a cambio de “chauchas y palitos” para pagar una deuda fraudulenta en su origen que, como bien resaltó la relatora independiente de la ONU en materia de deuda y derechos humanos, exige la construcción de un “mecanismo de la verdad”, tal vez, como paso previo para llegar a la justicia.
Más en momentos en que la política monetaria contractiva (suba de tasas) de la Reserva Federal está encareciendo los servicios de la deuda, generando condiciones para una potencial crisis de deuda sistémica (como ya sufrimos en América Latina en la década del 80), impulsando la salida de capitales de las economías de mercados emergentes, provocando presiones devaluatorias, inflación y una mayor transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital y, especialmente, hacia el sector financiero y los vinculados al comercio exterior, dominados por capitales extranjeros.
Desde esa misma perspectiva, es crucial entender que en ese contexto de disputa, el bloque occidental encabezado por EE.UU. está buscando relocalizar la producción que había deslocalizado en China y otros países. Sin embargo, el móvil con el que antes la producción se deslocalizó fue precisamente el de bajar los salarios y por ende mejorar la tasa de ganancia del capital transnacional.
Por lo tanto, si ahora, por razones geoestratégicas, EE.UU busca llevar la producción a Occidente, una condición que el capital considerará necesaria es bajar (más) los salarios en todos nuestros países. Que los salarios resulten cada vez más bajos puede ser consistente con los objetivos del capital transnacional, pero atenta contra el éxito de los proyectos nacionales de los países en desarrollo.
Por eso, defender el salario, no solo como país sino como región, solidariamente con todas las naciones y pueblos del mundo que no tienen como proyecto convertirse en una maquila o en una plataforma extractiva de RRNN, “atractiva” para las inversiones extranjeras al costo de salarios de hambre, es un imperativo nacional.
