La Secretaría de Comercio citó a las principales empresas alimenticias, en la repetición de una estrategia que hasta ahora fracasó. El actual gobierno aplicó congelamientos de precios en dos oportunidades, con decisión y fortalezas dispares. Por qué el equipo de Massa rechaza esa medida.
( David Cufré )La convocatoria de la Secretaría de Comercio el próximo lunes a empresas líderes de consumo masivo se produce en medio de un recalentamiento del debate en el oficialismo sobre qué hacer con la inflación. El tiempo para sostener el «plan aguantar» es demasiado largo hasta las elecciones de 2023, con perspectivas poco estimulantes, ya que prevé una baja del IPC -en el mejor de los casos- al 60 por ciento el próximo año, pero el plazo para intentar un plan de estabilización, más ambicioso y también más riesgoso, parece insuficiente y no estarían dadas las condiciones políticas, de reservas en el Banco Central ni de ordenamiento macroeconómico.
El gabinete económico sigue enfocado en trabajar en el frente cambiario y en los números fiscales y monetarios. Hace meses que la Secretaría de Comercio abandonó la política de aplicar multas y sanciones a empresas que no cumplan con el abastecimiento o suban precios muy por arriba de su estructura de costos, dando lugar a un incremento extraordinario de los márgenes de ganancias. El cumplimiento de Precios Cuidados, que esta semana volvió a cambiar de composición, roza apenas el 50 por ciento en la mayoría de las categorías.
El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó 6,7 por ciento en septiembre, por arriba de la inflación general de 6,2. Allí es donde apuntó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a mitad del mes pasado, al pedir una intervención «más precisa y efectiva» sobre las empresas alimenticias al ministro Sergio Massa.
Los antecedentes de los planes de precios máximos instrumentados por este mismo gobierno muestran resultados dispares. Pero los números de inflación actuales en niveles estratosféricos, con los bienes indispensables subiendo más que el resto, fuerzan a una intervención más decidida del Gobierno. Al menos así lo entienden economistas y referentes del Frente de Todos, en un reclamo cada vez más generalizado aunque sotto voce, porque luego del desastre que ocasionaron las peleas públicas en más de dos años y medio de gobierno, no hay demasiado margen para otra cosa.
Congelar mucho
El 20 de marzo de 2020 el gobierno de Alberto Fernández dispuso el congelamiento de precios de 2300 productos de consumo masivo por la emergencia que desató la pandemia.
«Se han verificado aumentos generalizados de precios en alimentos, productos de higiene y cuidado personal. Dichos aumentos, por parte de empresas de diversa capacidad económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción«, recriminó la resolución 100, de la Secretaría de Comercio Interior, que fijó precios máximos a 80 categorías de fideos, 30 variedades de arroz, todo tipo de aceites, las principales marcas de leche y bebidas, entre muchos otros productos.
«El aumento de precios afecta especialmente el bienestar general de la población en el marco de la emergencia sanitaria», seguía la resolución 100, cuando el gobierno de Alberto Fernández estaba en su máxima valorización política. Los aumentos irrazonables eran del 2,7 por ciento para el rubro Alimentos y bebidas en febrero de ese año, por arriba de la inflación general del 2 por ciento.
El congelamiento que dispuso la entonces secretaria Paula Español, sustentado en la Ley de Abastecimiento, abarcaba un amplio abanico de artículos de consumo masivo, cuyos precios tuvieron que retrotraerse al 6 de marzo, cuando se verificó una aceleración abrupta de las remarcaciones en medio de la propagación del coronavirus. Los precios máximos se aplicaron en toda la cadena comercial, de hiper a mínimercados.
La medida se sostuvo durante un año y tres meses, con dos readecuaciones de precios convenidas con las empresas y otros deslizamientos puntuales de productos considerados por fuera de la primera necesidad. El resultado fue que los alimentos en góndola aumentaron en promedio 15 puntos menos que la inflación general.
A diciembre de 2020, por ejemplo, leche fluida, lácteos y huevos registraron un alza del 20,2 por ciento, contra una inflación del 36,1. Aceites marcó 24,1; pan y cereales, 26,6. A mayo de 2021, último mes de vigencia del congelamiento de los 2300 productos, la inflación general ya era del 48,8 por ciento interanual y leche, lácteos y huevos treparon 37,6; aceites, 43,6, y pan y cereales, 38,6.
Las estadísticas marcan que el plan de precios máximos no logró parar la inflación, aunque es preciso aclarar que ese nunca fue el propósito declarado por el Gobierno, sino que lo presentó como un instrumento para encuadrar las expectativas y moderar las subas en rubros esenciales. En ese sentido, la medida brindó una contención o un resguardo sobre los bolsillos populares que, en comparación, en este momento no existe.
En aquel momento, sin embargo, dentro del oficialismo y entre quienes fueron sus votantes había fuertes quejas porque se consideraba que al Gobierno le había faltado convicción o decisión política para aplicar un congelamiento más fuerte. Además, ese plan luego derivó en el programa Súper Cerca, en junio de 2021, que poco a poco se fue desgajando.
Congelar poco
Con el paso de los meses, el problema inflacionario se había agravado. Ya para septiembre de 2021 la inflación general había llegado al 52,5 por ciento interanual, pero leche, lácteos y derivados trepaban 59,2; aceites, 59,6, y pan y cereales, 46,1. El 20 de octubre el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, firmó una resolución para retrotraer los precios de 1432 productos de consumo masivo al primero de ese mes, y ordenar su congelamiento hasta el 7 de enero de 2022.
También requirió “a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos en el listado a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y asegurar el abastecimiento».
Cuando finalizó el programa, la inflación había menguado levemente, al 50,9 por ciento, y el ritmo de subas en alimentos apenas un poco más, hasta 50,6. Ese rubro pasó de aumentar 1,1 puntos más que el IPC antes del congelamiento, a 0,6 punto menos cuando terminó.
Con el poder político del Gobierno en baja, envuelto en fuertes confrontaciones internas, el segundo congelamiento, más acotado, también tuvo un resultado más deslucido.
Acordar, no congelar
La estrategia del actual equipo económico, como se indicó más arriba, es ordenar la macroeconomía, empezando por las reservas del Banco Central, para establecer una referencia que permita ir disminuyendo los aumentos de precios gradualmente. Mes tras mes, el índice de inflación debería subir un escalón menos.
En esa dinámica, el Presupuesto 2023 proyecta una inflación del 60 por ciento al terminar el próximo año. Por esa razón es que otros sectores del Frente de Todos plantean que se deben encarar medidas más audaces que paren la inercia inflacionaria de manera más contundente.
Pero Massa y equipo evalúan que un nuevo congelamiento de precios sería difícil de hacer cumplir con un ritmo de subas de precios tan acelerado. En lugar de eso, la línea sigue siendo buscar acuerdos puntuales con sectores específicos de modo de ir bajando la espuma de los precios.
El antecedente más directo de ese tipo de convenios es el que se firmó con 60 marcas líderes del sector textil a fines de septiembre. Debe haber sido tarde, porque los incrementos en indumentaria y calzados volvieron a liderar la inflación del mes pasado, con 10,6 por ciento, y 118 de suba interanual.
El lunes, con las alimenticias, el equipo económico deberá buscar mejores resultados.
