La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció este 23 de junio de 2022 la muerte de un manifestante durante los enfrentamientos con policías en los exteriores de la Contraloría y la Asamblea Nacional.
Se trata de Henry Quezada Espinoza de 39 años que, según la organización, falleció debido a un trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones. Esto sucedió en el parque de El Arbolito en el ocaso de la tarde
La voz de los protagonistas de una protesta que ocupa la capital y otros puntos del país
Ecuador: «Fuera Lasso, Fuera», el grito que retumba en las calles
«Esta lucha que se levanta tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno», explica Nelson Erazo, dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuado
( Por Guido Vasallo ) Un potente estruendo pone en pausa la comunicación con Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confenaie). «Estamos en medio de una batalla campal. Hay varios helicopteros sobrevolando en distintos edificios y un enfrentamiento en toda esta parte central de la ciudad», detalla Tapia desde las calles de Quito, donde decenas de miles de indígenas marchan por onceavo día consecutivo con un grito que los unifica: «¡Fuera Lasso, Fuera!».
Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes intentaba irrumpir este jueves en la sede de la Asamblea Nacional, pero terminó siendo reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Los manifestantes que llegan a Quito desde distintos puntos del país recuperan fuerzas por la noche, albergados en dos universidades, y antes del mediodía se dispersan en distintos grupos. Portan palos, escudos artesanales y wiphalas, la bandera multicolor de los pueblos originarios andinos. Cuando las fuerzas combinadas de soldados y policías atajan su marcha, cambian de rumbo. Desafían el estado de excepción en las narices del gobierno, que sacó a los militares de los cuarteles para tratar de recuperar el control de las calles.
Los indígenas no están solos. Los acompaña la militancia estudiantil, el movimiento campesino y los trabajadores de distintos gremios. «Esta lucha que se levanta en nuestro país tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno. Esta lucha ha estado enmarcada desde el inicio de la presidencia de Lasso, toda vez que su política ha significado el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza», explica a Página/12 Nelson Erazo, presidente del Frente Popular y dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).
La mecha del diálogo todavía no enciende
En una economía dolarizada donde los combustibles son subsidiados, el aumento de la nafta encareció el costo de los fletes. Los indígenas alegan que sus productos agrícolas solo dejan pérdidas. Pero la presión no doblega a un Lasso que considera inviables los reclamos. Acosado y aislado por un reciente contagio de covid-19, el presidente se rehúsa a ceder en las condiciones que exigen los indígenas para sentarse a negociar. Entre ellas se encuentra la derogación del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital, con un robusto despliegue militar y toques de queda nocturnos.
«Todos los sectores hemos insistido en convocar al diálogo. Sin embargo, al momento el gobierno nacional ha señalado que quiere diálogo pero reprime al pueblo y encarcela a los luchadores sociales. Nos dice que quiere diálogo, pero acaba de establecer decretos presidenciales en donde se pone como elemento central el despido de servidores públicos y continúa con su política de vender las empresas estatales como el Banco del Pacífico», advierte Erazo. En la misma línea se manifiesta Tapia, quien plantea que el presidente «constantemente llama al diálogo pero no da señales claras de pretender encontrar soluciones a las propuestas de la Conaie».
El dirigente del movimiento indígena amazónico habla con este diario desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un lugar ubicado en Quito que permanecía tomado por las fuerzas de seguridad y que este jueves fue finalmente abierto a los manifestantes. La posibilidad de volver a ingresar a este lugar para instalar una asamblea popular que defina la continuidad del plan de lucha era una de las condiciones exigidas al gobierno por el presidente de la Conaie y principal promotor de las protestas, Leonidas Iza.
El reclamo también es estudiantil
El lunes pasado, en medio de las movilizaciones, el gobierno ecuatoriano publicó el Decreto 457 que establece lineamientos para «optimizar» el gasto público. Organizaciones sociales y estudiantiles exigen que sea derogado porque, según entienden, incluye la finalización de contratos. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), cree que «la intención de Lasso es debilitar la universidad pública» y que este nuevo decreto lo confirma, ya que «se desvincularán varios docentes en las universidades».
«Mientras el gobierno se sigue blindando con la policía y se sigue blindando con el FMI, reprime a nuestros compañeros de sur a norte. Por eso queremos denunciar que las universidades publicas están siendo amenazadas por el gobierno para no ser centros de paz y albergue. Hay que decirles como decía el Che Guevara, la universidad debe pintarse de pueblo, debe pintarse de mulato y de indígena«, expresa Chiluisa desde Quito.
El recuerdo de 2019
En octubre de 2019 los movimientos indígenas avanzaron sobre Quito para que el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno desistiera de un acuerdo con el FMI que, en la práctica, eliminaba subsidios millonarios a los combustibles. Las protestas fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 muertos y más de mil heridos, obligando a Moreno a dar marcha atrás.
Según Erazo, el escenario actual es «mucho más elevado» que el de 2019. «Tienes un país entero peleando, tienes un país entero levantado», sostiene el dirigente sindical. De su lado, Tapia expresa que el conflicto puede seguir escalando «en la medida en que el presidente no tenga la sensibilidad para entender lo que está pasando, continúe minimizando los hechos o simplemente dé largas a los pedidos que se están planteando».