Una jueza comercial designó a un «veedor informante» luego de un pedido del hermano del ex Presidente. «Se advierte, prima facie, la posible existencia de irregularidades», sostiene la resolución. Los antecedentes que entregó Mariano Macri a la Justicia con denuncia de vaciamiento y hasta un síndico fallecido.
( Por Irina Hauser/ Página 12) Ante un pedido de Mariano Macri la jueza comercial María Cristina O’Reilly resolvió intervenir la empresa Socma Americana S.A. con la designación de un «veedor informante» durante tres meses. «Se advierte, prima facie, la posible existencia de irregularidades», señala la resolución. El hermano del expresidente había enviado a fin de año cartas documento al resto de los familiares que son accionistas en la firma, corazón del grupo Macri, donde ya les pedía explicaciones –que no obtuvo– sobre la venta de bienes «que integran el patrimonio societario» y señalaba maniobras de ocultamiento y vaciamiento. Había denunciado, además, que los socios y directivos le impedían acceder a los balances y que en la última asamblea tampoco le permitieron dejar constancia de sus cuestionamientos, no sólo alusivos al desprendimiento de bienes sino, por ejemplo, a que hasta habían nombrado como síndico a una persona fallecida. Las decisiones de esa reunión, de octubre del año pasado, como la votación de los estados contables, quedaron suspendidas también por la misma decisión judicial.
La resolución
La presencia de un veedor tiene como finalidad la confección de una suerte de radiografía del funcionamiento de la empresa. El hombre designado es Enrique H. Kiperman, un contador y doctor en Ciencias Económicas conocido en el mundillo del derecho comercial. La resolución dice que su función será informar: «la marcha del giro social; el estado de situación patrimonial de la empresa, su estado financiero y los principales problemas que a su entender puedan perjudicar el resultado económico del giro comercial; podrá inspeccionar cualquier tarea de la empresa y confrontarla con el objetivo de cumplimentar el objeto social dando cuenta de toda irregularidad que advierta en la administración».
La jueza dispuso «la intervención del órgano de administración de la sociedad Socma Americana S.A., en grado de veeduría» ya que consideró necesario establecer una forma de «vigilancia, control y fiscalización» para «tutelar los intereses y derechos controvertidos». Este control, sostuvo O’Reilly, «brindará un mejor panorama en resguardo de los intereses sociales y mayor claridad en cuanto al manejo que se está efectuando de la sociedad y lo ocurrido en su seno, no siendo dable suponer que pueda generar perjuicios a la sociedad o significar una intromisión desmedida en los órganos sociales».
El eje de la denuncia
Mariano Macri había planteado que en Socma se venían tomando decisiones contra los intereses de la propia empresa. Sus denuncias además apuntan, como es evidente, a no quedar arrastrado él mismo por irregularidades y varias causas judiciales que pueden comprometer a la firma, de la que él posee un 20% de acciones, mientras que el paquete mayoritario lo tiene Gianfranco con 40% (que se quedó con la parte que originalmente Mauricio Macri le había cedido a sus hijos), Florencia Macri cuenta con otro 20% y el 20% restante es de los hijos de Sandra Macri (quien falleció), Rodrigo y Franco. El expresidente no figura en los papeles pero es ostensible su manejo del negocio familiar.
Cuando ya el año pasado Mariano señalaba el desprendimiento de bienes por parte de Socma, una de las hipótesis centrales era que el intento de reducir el patrimonio de la empresa o volverla insolvente podía ser útil para eludir la posible extensión de la quiebra del Correo Argentino, declarada hace casi un año por la jueza Marta Cirulli. Socma Americana es controlante de Correo, que está inactiva y arrastra una deuda millonaria de 20 años con más de 700 acreedores, incluido el Estado nacional. Por eso, la Procuración del Tesoro (que se ocupa de la defensa de los intereses del Estado) había planteado que Socma debería ser la que respondiera por la quiebra. Con la especialidad de ganar tiempo y cosechar decisiones a su favor, el grupo Macri consiguió recientemente que la revisión de esa medida quede en suspenso con un controvertido fallo de dos juezas de la Cámara Comercial que pusieron todo entre paréntesis hasta que la Corte Suprema resuelva si acaso corresponde, como piden ellos, que todo sea revisado por el Tribunal Superior de Justicia porteño, donde el expresidente cuenta con una mayoría de su total confianza.
Las irregularidades
El fallo de la jueza O’Reilly repasa algunas de las cuestiones denunciadas por Mariano Macri, incluso cuando asistió a la asamblea del 6 de octubre de 2021 acompañado por un escribano ante la sospecha de que sus planteos quedarían, como sucedió, fuera del acta «oficial».
* El hermano del exmandatario, recuerda la resolución, señalaba que entre los accionistas hay una “mayoría automática” que designó como síndico titular de la comisión fiscalizadora a Carlos Eduardo San Miguel, quien resulta que había fallecido el 24 de junio anterior. «Semejante irregularidad –dijo entonces el representante legal de Mariano– demuestra que tanto los miembros del directorio como de la comisión fiscalizadora han actuado con total y absoluta falta de funcionamiento de los órganos societarios de Socma», en contra de la ley.
* Esa mayoría que llamó «automática», «seguiría eligiendo como presidente de la sociedad a una persona de 98 años, enfermo y con internación domiciliaria por lo menos desde 2019″.
* Mariano, repasa la magistrada, había reclamado porque le impedían acceder a los balances, por lo que recurrió a la justicia civil e impugnó asambleas. La Inspección General de Justicia, a cuento de algunos planteos, declaró la «ineficacia» de los estados contables de Socma correspondientes a los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020 y de decisiones asamblearias sobre estados contables. Incluso inició un sumario por lo ocurrido en la asamblea de octubre último, donde había enviado a sus inspectores.
* El fallo señala que el menor de los Macri también había denunciado que la empresa no cumplió con las medidas cautelares de la Justicia que frenaron la aprobación de los balances cerrados en enero de 2018 y 2019 por no reflejar su realidad económica.
* La estrategia de vaciamiento había sido denunciada por la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, como herramienta utilizada por el propio Correo. Mariano señaló que en Socma se ve ese accionar de manera extendida. Según figura en su propia acta asamblearia había pedido explicaciones por algunas operaciones como: la venta de la totalidad de la participación de Sideco Americana (que era socia de Socma) en la empresa Litsa por 10 millones de dólares, a sus espaldas, sobre lo que los accionistas no quisieron informarle; añadió la venta de Ingard S.A., donde dijo que no se dio a conocer el precio, el comprador ni quien valuó las acciones. Lo mismo respecto de Minera Geometales. Mencionó también una compra de acciones en Sidequip S.A. y en Sideco, pero tampoco le daban información.
* Sobre las operaciones en cuestión, el abogado de Mariano Macri había señalado que la venta de participaciones societarias representó «significativos ingresos en dólares estadounidenses» que no se aplicaban al pago de la deuda en dólares de la firma. En ese contexto mencionó y pidió explicaciones en una de las cartas documento, sobre el sospechoso acuerdo del Correo-Socma con el Meinl Bank, que compró la parte más grande de la deuda privada de la empresa postal y aceptó que quedara fijada al valor del dólar de 2013, a 6,5 pesos. Cuando intentó sus últimas ofertas para evitar la quiebra, el Correo se jactaba de contar con la conformidad de ese banco que está inhabilitado y denunciado por lavado de dinero, y con el que se habría hecho un acuerdo a través de una sociedad off shore.
Se supone que con esta intervención al menos parte de la información a la que reclamaba acceder Mariano debería comenzar a aflorar. Será una nueva prueba de fuego para la justicia y la veeduría frente a la costumbre de Mauricio Macri de desacreditar con insistencia a quiénes lo han investigado y denunciado, tanto a él como a las empresas de su emporio familiar.
