( *por Emilia Trabucco)
Los hechos que rodearon un nuevo día del trabajador y la trabajadora en Argentina merecen algunas reflexiones de fondo. Una movilización de todas las centrales sindicales, como hacía años no sucedía, volvió a tomar las calles bajo la consigna “La Patria no se Vende”. Sucedió a menos de 24 horas de la aprobación en la Cámara de Diputados de una nueva “Ley Bases”, que de lograr en las próximas semanas la sanción en Senadores, daría el esperado marco legal al gobierno de Javier Milei para consumar una reforma de la Constitución Nacional, en sintonía con las transformaciones que viene operando la derecha conservadora en la región latinoamericana y caribeña.
El 30 de abril, el gobierno nacional logró la media sanción de la ley en la Cámara Baja, con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. El acompañamiento de los bloques dialoguistas mostró la efectividad de las negociaciones del gobierno nacional con los gobernadores y las fuerzas políticas, quienes fueron cómplices del avance de una iniciativa legislativa que representa una transferencia brutal de ingresos desde las mayorías trabajadoras a los grupos económicos concentrados y una entrega total de los recursos estratégicos nacionales a intereses privados.
A pesar de que el gobierno de Milei avanza a una velocidad inusitada con su proyecto de destrucción de las condiciones mínimas de subsistencia de les trabajadores, con recetas ya conocidas en la historia reciente, sigue gozando de aceptación social en amplios sectores. Ello evidencia la efectividad de un discurso que logra hasta el momento dividir las aguas en las bases de representación, a través de la instalación de una nueva grieta que puede resumirse en “los argentinos de bien versus la casta política y sindical”, a pesar de los efectos negativos evidentes en la vida cotidiana de millones de argentines, sin distinción.
Esta situación evidencia profundas transformaciones en el mundo del trabajo que se expresa en una crisis de las lógicas de construcción política y las formas de organización, que pone a disposición a las mayorías trabajadoras para ser acaudilladas por un proyecto que, paradójicamente, persigue intereses opuestos. La derecha ha sabido interpretar este nuevo tiempo en todo el mundo, montando un dispositivo de construcción de sentido común basado en el uso de las plataformas digitales, que logra interpelar el malestar social intentando poner en jaque a las organizaciones tradicionales que organizan los intereses populares. El 1 de mayo, desde el gobierno nacional lanzaron un video que lo expresa con claridad: ¿quién es el bueno o el malo? ¿el que declama derechos que no existen? ¿o aquellos que queremos sacar a la gente de esta miseria?
Mientras el gobierno pide al pueblo argentino soportar los sacrificios para “la reconstrucción de la Argentina”, avanza en una profunda reforma laboral, previsional y fiscal que beneficia a los actores económicos, principalmente al “Círculo Rojo digital”, aquellos ligados al mundo de las finanzas y la digitalización, con despliegue global, que pretenden avanzar en la destrucción de controles que le permita profundizar la fuga de capitales y destruir el entramado productivo, factor que preocupa a parte del empresariado, como la Unión Industrial Argentina. “El Círculo Rojo está cada vez más analógico, no entiende nada de lo que hacemos, a nosotros la era digital nos quedó corta”, dijo el propio Milei en marzo, en el Foro IEFA Latam.
Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta, en su discurso del 27 de abril en la ciudad de Quilmes, hizo referencia a quienes son hoy los grandes ganadores del proyecto en posición de gobierno. Mostró los beneficios impositivos de Mercado Libre, líder de comercio electrónico en Argentina, cuyo dueño, Marcos Galperín, es el hombre más rico del país. Tuvo una exención impositiva en el año 2023 de 103 millones de dólares, monto más que suficiente para cubrir funcionamiento anual de Universidades y hospitales. Hoy es un unicornio que cotiza en Nasdaq, “¿Pero es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones?” dijo la vicepresidenta.
La nueva Ley Ómnibus, de aprobarse, consolidaría este proyecto económico, donde la eliminación del Estado a favor de las reglas del mercado profundizará los niveles de precarización, informalidad, pobreza y desempleo. El objetivo es hacer recaer las consecuencias de la crisis en las mayorías trabajadoras, en un panorama que tiene que ver más con un “neocolonialismo” que con el “anarcocapitalismo” que defiende el presidente, tal como lo expresó Cristina Kirchner.
«La derecha ha sabido interpretar este nuevo tiempo en todo el mundo, montando un dispositivo de construcción de sentido común basado en el uso de las plataformas digitales, que logra interpelar el malestar social intentando poner en jaque a las organizaciones tradicionales que organizan los intereses populares. El 1 de mayo, desde el gobierno nacional lanzaron un video que lo expresa con claridad: ¿quién es el bueno o el malo? ¿el que declama derechos que no existen? ¿o aquellos que queremos sacar a la gente de esta miseria?»
Algunos puntos de la nueva ley y del paquete fiscal que el gobierno espera lograr aprobar antes del 25 de Mayo, pone en evidencia el rumbo estratégico del programa de gobierno. El blanqueo de capitales, por ejemplo, para las empresas que hayan evadido impuestos, establece que por activos de hasta USD 100.000 el blanqueo no tendrá ningún costo. Se reduce también el impuesto a los Bienes Personales (que solo pagan 125.000 grandes tenedores de tierra) de 1,75% a 0,75%. Otro ejemplo: se crea una moratoria para impuestos adeudados a las grandes patronales con condonación de 70% de los intereses y el 100% de las multas).
Como contracara, se elimina el Monotributo Social, cuyos beneficiaries son les trabajadores de la economía popular (quienes pasarían de pagar $3.200 a $26.600), y vuelve el impuesto a las Ganancias (al salario), para 800.000 trabajadores. Se elimina además la Moratoria Previsional, lo que implica que quienes no lleguen a la edad de jubilarse sin los 30 años de aporte, no tendrán derecho a una jubilación. Esto afecta a 9 de cada 10 mujeres en Argentina.
Lejos de resolver los problemas de fondo, la pretendida “modernización laboral” de la Ley Bases supone la destrucción del mundo del trabajo. Se extiende el período de prueba hasta 12 meses, se obliga al trabajador o trabajadora a pagar su indemnización por despido, se exime de multas a empleadores por tener a sus trabajadres sin registrar, se habilitan los despidos sin causa, y se dedica un capítulo especial al empleo público, quienes no tendrán derecho ni siquiera a la libertad de expresión política, y se podrá pasar a disponibilidad a les trabajadores, permitiendo su traslado sin previo acuerdo, entre otros puntos.
Si se logra la aprobación de dicha Ley en Senadores, será un retroceso muy difícil de revertir para las y los trabajadores y para un proyecto de recuperación de la economía nacional, además de un acta de defunción de un proyecto de soberanía. A ello se agrega el mega DNU 70, aún vigente, que incluye las mismas transformaciones estructurales que la Ley, y que es necesario dar de baja en las Cámaras, contra la negativa de habilitar su tratamiento por parte del gobierno.
El pueblo argentino también viene marcando el pulso en este corto período de gobierno con iniciativas de organización y movilización en las calles, intentando rearticular el tejido social que día a día el gobierno busca destruir con el discurso oficial, que sigue pidiendo sacrificio a los mismos de siempre. Ello en un escenario que se complejiza ante la velocidad del avance del gobierno, que corre en paralelo con profundos debates sobre los límites de las formas organizativas tradicionales en los tiempos que corren.
El segundo paro general del 9 de mayo, encabezado por los sindicatos, se destaca como acción central de los próximos días. Estos días será determinante hacer llegar el mensaje a les legisladores en el Congreso, para que cumplan con su responsabilidad de representar a quienes los llevaron a ocupar las bancas por mandato popular. A solo cinco meses de mandato, está en juego la sostenibilidad de la propia vida de millones de argentines.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad de la Nación. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
