Medios y Tecnología

Por Alfredo Moreno

ARSAT entre la discontinuidad satelital y la Ley Corta

Primero fue el ARSAT-3, luego el Centro Nacional de Datos y ahora la Red Federal de Fibra.

(Por Alfredo Moreno (Especial para Motor Económico) El proyecto de convergencia que el gobierno argentino envió al Congreso de la Nación denominado Ley “Corta” de Telecomunicaciones prevé que las empresas privadas del sector compartan infraestructuras pasivas públicas o privadas a fin de acelerar el despliegue de redes en igualdad de condiciones para los actores del mercado de las telecomunicaciones.

La denominada “Ley Corta” fue reclamada por la española Telefónica y la mexicana Claro, dos compañías multinacionales que nunca invirtieron en fibra óptica, y esta iniciativa les permite justamente a las telefónicas dar televisión satelital, obligando a las proveedoras de servicios públicos a ofrecerles su infraestructura.

De esta manera, los licenciatarios privados podrán compartir torres, postes y ductos entre sí. Pero, además, pone a disposición de las empresas privadas las obras civiles realizadas por el Estado Nacional y Provincial referidas al despliegue de redes. Así, la red de fibra óptica de ARSAT (Refefo/Red Federal de fibra óptica) y las infraestructuras de telecomunicaciones desarrolladas por las SAPEN (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) provinciales.

Lo que se comparte es la inversión económica en obra civil de tendido, realizada el gobierno nacional mediante el plan Argentina Conectada (2010), gobiernos provinciales mediante sus SAPEN o Cooperativas que brindan servicios de telecomunicaciones a los ciudadanos.

El artículo 1º del proyecto sostiene: “Los licenciatarios de Servicios de TIC, deberán permitir el uso y ocupación de su infraestructura pasiva, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que utilicen para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo requerido en la prestación de sus servicios, a otros licenciatarios, para el despliegue de sus redes”.

Esta ley en tratamiento parlamentario, beneficia claramente a las grandes corporaciones, básicamente a Telefónica, Telecom-Clarín y Claro. Porque habilita a que todos usen la infraestructura pasiva de todos.

De ser aprobada tal como fuera presentada en el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional, limitaría la participación igualitaria de las pymes y cooperativas en el sector de las comunicaciones, al habilitar el ingreso de las empresas internacionales de telecomunicaciones a dar televisión satelital en todo el país, sin considerar las asimetrías poblacionales.

La ley Corta dificultaría el despliegue de una comunicación federal, al condicionar el desarrollo económico, social y cultural de las pequeñas y medianas empresas del interior del país, al obligarlas a competir de manera inequitativa con empresas internacionales o nacionales asociadas con capitales extranjeros.

Oscar Nocetti, de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, en su visita al Senado dio su opinión en el debate “En Santa Rosa, Telefónica tiene una red de palos de madera antigua, que se caen cuando hay tormentas. Además, no permite que nadie se cuelgue de su red. Pero, además, a la CPE esa red no le sirve, aunque nos la ofrecieran. No resiste nuestros cables. Cablevisión está colgada de nuestra red, por lo tanto, no tienen nada. No tienen infraestructura y paga un canon lamentable, vergonzoso, que lo impuso la APE y que nunca aceptamos cobrar. Entonces, la red de Telefónica no la podríamos utilizar por vieja y vetusta y la de Telecom-Clarín tampoco porque no la tienen. Claro tampoco tiene red.

Entonces, quién pone la red. Las corporaciones no ponen nada y nosotros tendremos que poner toda nuestra infraestructura. ¿De qué igualdad estamos hablando?”.

Otro de los puntos alarmantes es la modificación de la ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27.208, que estipula el carácter preferencial para ARSAT en las bandas de frecuencia reservadas.

Con la nueva Ley Corta esas bandas pasarían a manos privadas ya que se modifica el artículo que reserva el espectro preferencial para la empresa de bandera en el mercado de telecomunicaciones. Las compañías de telefonía celular, Telefónica (Movistar), Claro y Telecom-Cablevisión del Grupo Clarín, han ganado sumas enormes de dinero a través de un servicio desregulado y con un precio caro.

Existe una asimetría desproporcionada y desregulada, en Argentina pagamos la tarifa más cara del mundo en telefonía celular. Al punto que la filial local de Telefónica sostiene la facturación de su casa matriz. Es una vergüenza internacional. Ahora que han tenido ganancias millonarias y poca inversión en infraestructura, quieren que se comparta las redes para todos tener el mismo punto de partida. Es decir, borrón y cuenta nueva.

Las frecuencias que el Estado reservó para la empresa de telecomunicaciones estatal destinadas a telefonía celular son la tentación comercial de las corporaciones expresadas en el proyecto Ley Corta. Hace tiempo que están atrás de esas frecuencias, que estaban reservadas para los proyectos de autonomía satelital de ARSAT y para distribuirlas entre pymes, cooperativas y empresas provinciales de telecomunicaciones.

Ahora, el proyecto de ley establece que ARSAT saque las frecuencias que pudiere necesitar (ninguna ya que tiene discontinuados los desarrollos de posible uso) y que el resto queden en manos del Estado, para subastar o vender. Una privatización de recursos públicos a manos de las corporaciones de telecomunicaciones dejando fuera a pymes, cooperativas y empresas provinciales de dar telefonía celular como operadores de red.

Nocetti fue enfático en su crítica al gobierno de Mauricio Macri. “El gobierno que tenemos actualmente es un gobierno entreguista, que trabaja para las grandes corporaciones y se apropió del Estado. Hoy el Estado ha sido cooptado por las grandes corporaciones y sus CEOs que las representan. Los políticos vienen después. Siempre el Estado estuvo en manos de los políticos y las grandes corporaciones tenían el poder mediatizado porque tenían que negociar con la clase política los beneficios que eventualmente pudieran tener. Ahora ya no negocian con la clase política, porque ellos son el Estado”.

El Diputado Zilloto expreso “Vamos a un escenario de mayor y concentración y cartelización con este proyecto de ley”, el legislador pampeano, que desde este año integra la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde se están debatiendo las iniciativas parlamentarias.

En la práctica esta ley propone autorizar a las empresas de telefonía ofrecer servicios de televisión satelital, algo que hoy no pueden. Así Telefónica y Claro podrán competir en la prestación de los denominados paquetes “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, banda ancha de internet y TV por cable). Y supuestamente competirán con el Grupo Clarín. Aunque para garantizarles el negocio a todos, el Gobierno adjudicará nuevas Bandas de Frecuencia 4G, advirtió Ziliotto.

La Ley 27.208 sancionada en noviembre de 2015, tuvo como objetivo reservar Bandas de Frecuencias establece que “El Estado Nacional debe intervenir para garantizar el uso eficiente de este recurso y el desarrollo de las tecnologías y capacidades nacionales para ello” previéndose “el desarrollo de modelos de comercialización para Municipalidades, Cooperativas y Entes de Gobierno que permitan cubrir zonas alejadas y desatendidas, así como también posibilitar un rápido y eficaz acceso a servicios móviles celulares”.

El Encuentro Patagónico por una Ley de Comunicación, Federal, Participativa y Democrática realizado el 20 de Abril en la Sala del Pensamiento de la Legislatura pampeana para abordar los alcances de la nueva “Ley Corta” de Telecomunicaciones, manifestó que dicha ley es una maniobra que amplía el beneficio de los privados, en detrimento de las entidades solidarias y de las pequeñas y medianas empresas.

El movimiento cooperativo pampeano y de otras provincias del país manifestó su preocupación por el artículo 2 del proyecto que justamente obliga a “los prestadores o concesionarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales” a “facilitar” a los licenciatarios “el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos”.

"En un país donde el 25% de la población no tiene acceso, o es muy degradado, a los servicios de telecomunicaciones pagos, da para pensar que todas las recetas implementadas fracasaron en dar una real cobertura universal de comunicación", aseguró Martín Becerra, quien cerró la lista de disertantes. "La ley corta (que impulsa el Gobierno Nacional) es de una asimetría inversa", advirtió.

"Pretenden que las dos grandes empresas de telecomunicaciones utilicen la infraestructura que tienen las cooperativas, sin incluirlas en el negocio", afirmó. Una consigna del Gobierno es ahora todos van a poder "hacer todo". "Es un planteo engañoso", alertó. "Si no se cambian las políticas implementadas, los prestadores chicos tienen cierto riesgo de desaparecer", expresó Becerra.

La sociedad, que es la titular del derecho a informarse y de poder dar su opinión con libertad, es la más afectada, pero esa es la política del gobierno nacional.

La única posibilidad visible, antes de las elecciones del 2019, es la batalla parlamentaria. Para que haya oposición a los objetivos del gobierno y como cuidar otra lógica a la concertación y el negocio sin inversión de los grandes grupos.

El documento producido en el Encuentro Patagónico reseña que las pymes y cooperativas lograron desarrollar el servicio de las comunicaciones (y otros servicios públicos) en lugares con escasa densidad poblacional, con distancias importantes y con una pequeña cantidad de usuarios si se compara con las grandes concentración poblaciones de algunas ciudades y provincias del país que conforman importantes mercados. Los estados, las pymes y cooperativas extendieron las redes en cada rincón del país, acercando la tecnología y las comunicaciones al interior profundo de la Argentina. De hecho, en la actualidad hay más de 600 comunidades donde las cooperativas ofrecen servicios públicos, entre ellos el de las comunicaciones.

También se expresa preocupación en cuanto a la derogación del carácter preferencial de las Bandas de Frecuencia a ARSAT. “La modificación propuesta por la Ley Corta contraría los criterios federales y de participación amplia de la sociedad civil”. “Cualquier norma debería orientarse para asignar paquete de Bandas de Frecuencia a empresas mixtas provinciales integradas por gobiernos provinciales y cooperativas”, señala el documento.

Confluir en un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que garantice el acceso universal a toda la población a una comunicación de calidad, que fortalezca las políticas federales del país, que cuide el patrimonio satelital argentino y los recursos comunicacionales y que se asiente sobre los actores centrales como ARSAT, las pymes, las cooperativas, y los Estados Provinciales y Municipales, nos permitirá recuperar soberanía ante semajante atropello.

  • Computador Científico. Delegado FOETRA ARSAT. Profesor TICs UNM

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