Economía Solidaria

Por Enrique M. MartÍnez

Producción Popular de Viviendas: Casa para todos y todas

(Por Enrique M. MartÍnez) Hay un clásico apotegma del campo popular que dice: “Donde hay una necesidad hay un derecho”. Esa máxima confronta decididamente con una idea que el capitalismo ha ido instalando como principio de relación comunitaria: “Donde hay una necesidad hay un negocio”. Esta idea se aplica a escenarios donde hay exceso de demanda sobre la oferta de un bien o servicio, apoyada sobre una lógica elemental del sistema vigente.

Dolorosamente, se aplica también con dureza en los ámbitos de atención de las necesidades básicas impostergables de cualquier ser humano. Especialmente en éstos.

La vivienda es un ejemplo rotundo. A medida que el capitalismo como organización productiva y el lucro como meta excluyente se fueron naturalizando, el “negocio” desplazó a la “necesidad”. El crecimiento relativo de las ciudades como lugar de residencia pone lógica presión sobre la tierra urbana, la hace un bien más y más escaso, es espacio fértil para generar ganancias por el solo hecho de disponer de tierra.

La reacción natural de los ciudadanos ha terminado siendo resignarse a que el acceso a la vivienda, como patrimonio propio, se aleje o -en todo caso- se convierta en una carga creciente sobre el presupuesto familiar. Lógicamente, la exclusión ha crecido sin pausa. En el país el déficit ya llega a los 4 millones de unidades.

Los gobiernos neoliberales consideran a la vivienda como un ámbito más de negocios y su aporte al tema se limita a habilitar líneas de crédito, algunas de ellas hasta perversas, como la inolvidable Circular 1050 o el actual sistema indexado con inflación. Los gobiernos progresistas han apelado al mismo instrumento -el crédito- subsidiando las tasas, pero con el doloroso corolario de financiar por esa vía las ganancias de los especuladores que están sentados sobre ese bien, escaso por definición. A eso han agregado inversiones en las llamadas viviendas sociales, que se entregan a población con muy modestos recursos económicos. Los fondos disponibles, no obstante, nunca han sido suficientes para siquiera achicar la brecha.

No es inexorable que esas sean las únicas opciones.

En la Argentina reciente se han registrado iniciativas públicas -varios municipios- y privadas -pocas- de comprar tierra agrícola periurbana, urbanizarlas y vender los lotes al costo, reduciendo su precio al 20 por ciento de lo que fija el especulativo mercado vigente. En el mundo, hay una historia larga, rica en opciones, y podríamos decir más doctrinaria, buscando defender a ultranza el derecho a la tierra, desplazando al negocio.

El sistema más difundido, con relevancia alta en Estados Unidos, es el de los fideicomisos de tierra comunitaria -community land trusts-, donde se compra o se desarrolla tierra urbana y se la convierte en propiedad común a perpetuidad, eliminando la posibilidad de su compra venta.

Las personas que construyen allí o que compran unidades preexistentes, no son dueñas individuales de la tierra sino de lo construido encima, pagan una proporción definida de su salario y cuando venden deben hacerlo en las mismas condiciones. El límite virtuoso de esta lógica es el que aplicó Singapur, que ha nacionalizado la tierra urbana, dejando solo un 15 por ciento para emprendimientos capitalistas tradicionales y aplicando al resto la dinámica expuesta más arriba.

Los intentos cooperativos son numerosos. En Canadá son moneda corriente. En Suecia el 18 por ciento de las viviendas son cooperativas. Hay historias numerosas que se retraen a principios de siglo 20, donde grupos de personas compraron tierra en que construyeron pequeñas ciudades donde las viviendas fueron cooperativas y una fracción se vendió en condiciones distintas para comercios e industrias, financiando de tal modo parte de las viviendas.

Todos esos sistemas, donde cada habitante es dueño de un 30/40 por ciento de su casa y el resto es comunitario, están hace décadas en luchas defensivas respecto del avance del capitalismo, que seduce a los participantes para que se retiren de la idea colectiva y busquen beneficiarse con la apreciación patrimonial de la tierra escasa.

El tema es muy dinámico y a cada momento aparecen mecanismos que buscan combinar la libre iniciativa de los individuos para elegir dónde y cómo viven con una protección real respecto de la furia por el lucro que caracteriza al capitalismo. Al parecer las mejores perspectivas la tienen las variantes del Community Land Trust (CLT), que es necesario que se investiguen a fondo y se difundan, al menos para creer que se puede escapar de la trampa vigente, que deja fuera ya a más del 30 por ciento de las familias argentinas.

Recuerdo la clave: aferrarse al derecho, descartando el negocio. Sin que confundamos derecho con algo que cae del cielo; pero sin que caigamos en creer que para tener un techo propio debemos eliminar la alegría de nuestra vida cotidiana, llegando a sacrificios tan exagerados como innecesarios.

  • Instituto para la Producción Popular.

(*) Fuente: Suplemento Cash/Página 12

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