Economía Solidaria

La energía colaborativa, una herramienta contra el cambio climático

La transición energética hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente es imprescindible para salvar el clima. Para ello, no solo es necesaria una decidida inversión económica, también, y sobre todo, el que los ciudadanos se impliquen.

Harían falta alrededor de 64.400 millones de dólares de aquí a 2050,unos 1.600 millones anuales, en todo el mundo, para llevar a cabo este proceso, según cálculos de la ONG ambientalista Greenpeace. A pesar de ser un monto elevado, no es mucho mayor que la inversión que se realiza en los combustibles fósiles, que reciben cuatro veces más subsidios que las energías renovables o que la eficiencia energética.

La implicación de los ciudadanos se ve limitada por las dificultades impuestas a la producción individual de energía. Tanto en España como en la UE existen restricciones legales, procedimientos administrativos y tasas que restrigen o anulan esta opción.

Estas barreras frenan el interés y la disposición de gran parte de la sociedad española de involucrarse de forma más activa en este reto, de acuerdo a las conclusiones extraídas por Greenpeace en su informe Energía colaborativa: el poder de la ciudadanía de crear, compartir y gestionar renovables.

El estudio, en el que han participado 3.000 internautas de entre 25 y 65 años, muestra la existencia de un deseo asumir nuevos roles en la producción y consumo de energía que vayan más allá del de mero cliente- consumidor:

  • El 30,9% de los encuestados quisiera ejercer su poder de compra y escoger un nuevo proveedor de electricidad que garantice que produce y vende electricidad 100% renovable, de propiedad distribuida en las manos de miles de ciudadanos. Además, el 73,3% de las personas que quisieran contratar esta electricidad preferirían que esta entidad fuera rentable y eficiente pero sin ánimo de lucro y reinvirtiera sus beneficios en construir más instalaciones de generación renovable.

  • Si existiera la posibilidad de invertir, junto a otros clientes, una cantidad limitada de dinero para ser copropietario de nuevas instalaciones renovables, existe una mayor predisposición a esta figura (54,4% de los potenciales clientes) que a la de sólo cliente (38,2% de los potenciales clientes).

  • El 12,1% de las personas consultadas adoptarían el rol de ciudadano inversor que invierte sus ahorros (sin necesariamente un límite máximo) participando en plantas de generación de energía renovable directamente, sin ser parte de una entidad.

  • El 13% de las personas encuestadas declaran haber considerado muy seriamente instalar autoconsumo en sus hogares o empresas antes de la encuesta. Cuando se propone que haya una entidad ética, renovable y ciudadana que facilite el autoconsumo (selección de instaladores, mantenimiento, financiación, gestión de los excedentes…) se suma otro 25,3% de la muestra.

Estas distintas posiciones no parecen estar relacionadas de manera evidente con la orientación política de los encuestados. Algo que se ve claramente cuando se trata de la inversión directa en renovables. En la opción de autoconsumo y copropiedad la mayoría de personas interesadas son afines a Unidos Podemos y a partidos nacionalistas, seguidos a escasa distancia por cercanos al PSOE y Ciudadanos. Aquellos vinculados ideológicamente al PP no muestran tampoco un interés lejano a la media y se posicionan de manera favorable a roles ciudadanos más activos en la transición energética.

En cuanto al perfil sociodemográfico, aquellos que expresan un mayor interés en establecer un rol más activo destacan por una claro desafección, y resignación, hacia las compañías eléctricas tradicionales. No existe una diferencia clara entre urbanitas y personas que viven en zonas rurales, excepto con respecto al interés por el autoconsumo realizado de forma individual. La mayoría de las personas que muestran un mayor deseo de implicación tienen trabajo y un mayor nivel de estudios.

En base a estos resultados, Greenpeace, defiende la necesidad de que el gobierno español y la Comisión Europea creen “un marco legal y administrativo para proteger el derecho de la ciudadanía a participar en paridad de condiciones en el mundo de la electricidad para producir, consumir, almacenar, intercambiar y gestionar energías limpias de forma individual o colectiva recibiendo un pago justo por sus servicios”. En definitiva, piden que la sociedad pueda asumir con garantías una mayor participación en la transición energética, un paso imprescindible si queremos evitar el cambio climático.

Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.

(*) Fuente: http://ctxt.es

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