Economía nacional

Por Leandro Renou

Linaje rico y rebelde contra el aporte solidario

Las familias del polo, constructores y la descendencia de Nicky Caputo, el amigo de Macri, interpusieron cautelares. Mientras, la mayoría ya arrancó a pagar.

Mientras el mundo, Estados Unidos y el propio Fondo Monetario afinan el lápiz para plantear la necesidad urgente de crear un aporte para que las grandes fortunas contribuyan a la salida económica en plena pandemia, en Argentina un puñado de empresarios se volcaron a la Justicia para no cumplir con el tributo solidario que votó el Congreso. Según información a la que accedió Página I12, hay cerca de 80 nuevas medidas cautelares interpuestas en la Justicia en diferentes juzgados Contencioso Administrativo de la Capital Federal.

Lo llamativo del caso es que buena parte de esos 80 son integrantes de una misma familia. El dato no es menor si se miran los números: el tributo a Grandes Fortunas exige el pago a aquellas fortunas individuales superiores a 200 millones de pesos, un volumen que tienen 13 mil personas en Argentina. Ergo, esos millones están repartidos en linajes familiares que representan mucho menos que 13 mil personas distintas. Una distribución de la riqueza mucho más concentrada. Entre ellos destacan familias del polo, grandes constructores, inversores financieros y algunos célebres, como casi todos los Caputo, hijos y sobrinos del mejor amigo de Mauricio Macri, el empresario multipropósito Nicolás “Nicky” Caputo.

En la otra esquina, mientras se dan estas judicializaciones, la gran mayoría del establishment alcanzado empezó a tramitar el pago del tributo o, directamente, a pagar lo que porcentual les corresponde.

Una vista al listado de cautelares interpuestas en las últimas horas, refleja nombres de peso. El caso de los Caputo es uno. Presentaron medidas judiciales Milagros, Sebastián, Matías, Marcos y Fátima, hijos y sobrinos; y María Candelaria, su hija. Fue ella la primera del linaje en ir a la Justicia, quedó alcanzada por el tributo por haber sido accionista de Caputo Saicyf, la constructora de la familia que se le vendió al grupo TGLT. Caputo, además del rubro constructor, tiene actividad en Tierra del Fuego, con la ensambladora de electrónica Mirgor. Curiosamente o no, Nicky no presentó cautelar. No es extraño viendo antecedentes: ningún ceo con roce político o interacción con el poder se inclinó en trabar el pago. Incluso aquellos que están en contra, pagan a regañadientes, como varios casos públicos, entre ellos el del rey de la soja, Gustavo Grobocopatel. Naturalmente, si alguna judicialización prospera, será otra historia y muchos irán atrás.

Otro caso de pago sería el del empresario inmobiliario y creador de Nordelta, Eduardo Costantini. En un encuentro en el Rotary Club, en el que expuso este miércoles, habló del tema ante una consulta de este diario. “Fue algo sorpresivo, no dialogado, muy cercano a un aumento muy elevado de un impuesto a bienes personales. Eso genera rechazo. Los que van a la justicia, dan sus argumentos y un tribunal decidirá si está bien o mal, lo importante es no evadir”, expresó. En su entorno, aseguran que estaría dentro del pelotón de pagadores en desacuerdo.

Polo, ladrillos y financistas

Caputo no es el único con descendencia de tendencia al litigio. Los hermanos Pieres, Gonzalo, Facundo y Nicolás, hicieron lo propio. Clásica familia del polo y fundadores del equipo La Ellerstina, tienen además negocios en el exterior. Cada uno de ellos, con una fortuna al menos superior a los 200 millones. Constancio Carlos Vigil, heredero del ex dueño de editorial Atlántida, también se plantó en la Justicia por un reclamo en ese sentido.

La excusa de la cautelar es, en general, que el tributo es una especie de doble imposición sobre lo que ya se paga de Bienes Personales, los más extremos reclaman inconstitucionalidad. A tales fines, son varios los estudios de contadores y tributaristas que están motivando ir al litigio.

Moises Smolarz es un financista de muchos años en la Argentina. Su nombre saltó a la esfera pública en el caso de las cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra, que sacó a la luz el empleado infiel europeo Hervé Falciani. Moisés es uno de los que presentó cautelar, pero no el único: de su familia aparecen acciones individuales de Aída y Tomás. El resto del listado de cautelar está monopolizado por pymes o ceos de menos renombre.

Mario Ludovico Rovella es el jefe de una de las firmas importantes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Rovella Carranza. Oriundo de San Luis, lo apodaron el Paolo Rocca de Cuyo, por sus múltiples negocios y poder. Es además uno de los dueños de Edesal, la distribuidora eléctrica de la provincia de la Punta. Él fue uno de los que presentó cautelar en Buenos Aires, pero también sus hijos, Agustín y María Pía.

Los cumplidores y la tendencia global

En las últimas horas, el Fondo Monetario salió a considerarse “muy de acuerdo” con establecer un tributo mínimo a empresas, para paliar la crisis del COVID. El tema ya estaba en agenda desde el momento en que el Tesoro de los Estados Unidos decidió que era necesario ir en esa línea, buscando así un esquema de mayor igualdad en la recuperación.

Meses antes, Argentina ya había jugado su ficha en esa línea con una ley de Aporte Solidario, por única vez, para aquellos 13.000 individuos con más de 200 millones de pesos de fortuna personal. Iniciativa que apoyaron todas las fuerzas, con excepción de Juntos por el Cambio.

En este contexto, el escenario actual a nivel local tiene doble frente: las judicializaciones, por ahora menores; y otro pelotón mayor de ceos que arrancaron a pagar antes de tiempo o bien a hacer el trámite. Según supo este diario, ya pagaron antes del vencimiento último (16 de abril), más de 1000 empresarios con una recaudación para el fisco superior a los 6000 millones de pesos. El gesto no es menor porque lo hicieron por anticipado, cuando en general el cumplimiento es ex post.

Pero a ese pelotón hay que sumarles un volumen que duplica esa cantidad. Son aquellos empresarios que abrieron sesión en el sistema de fisco para llenar los formularios pero que aún no terminaron de hacerlo. Y luego aquellos que ya determinaron el tributo, finalizaron el trámite, pero aún no pagaron.

Hoy, en el mercado estiman que post 16 de abril podría crecer el número de judicializaciones hasta llegar a entre 500 y 800. Aún en ese contexto, los que se oponen a pagar serían muchos menos de los que, aún en desacuerdo, decidieron cumplir.

Fuente: Página 12v

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