Economía nacional

"Si se mantuviera el criterio de Macri, en abril correspondería un aumento del 130 por ciento"

Federico Bernal: "La tarifa justa es la que se define en función del ingreso familiar"

El interventor del Enargas aseguró que "paradójicamente las distribuidoras se perjudicaron con la dolarización del gas, porque el incremento exponencial de tarifas hizo insostenible todo el sistema"

( Por Raúl Dellatorre/ Página 12/ Director de Motor Económico) Las audiencias públicas convocadas por el Enargas, ente regulador del transporte y distribución de gas natural, contó con una cifra récord de participantes. Más de 220 inscriptos como oradores dejaron como saldo "el rechazo casi unánime a los aumentos pretendidos por las empresas", según señaló a Página|12 Federico Bernal, interventor del ente. Aunque todavía no está en condiciones de adelantar cifras, pone el acento en que las tarifas, para ser "justas y razonables", deberán ser "accesibles en función de los ingresos familiares". Recordó que, si se aplicara el criterio de ajuste de Macri y se descongelaran las tarifas, "en abril correspondería un aumento del 130%".

¿Cómo es la relación con las empresas concesionarias? ¿Será posible llegar a un acuerdo que respeten?

No sólo es posible. es necesario y estamos obligados a lograrlo. Porque hay contratos que cumplir, licencias que hay que respetar, si es que apuntamos a completar esos compromisos hasta su vencimiento. Si cumplieron o no con su parte del contrato, es un tema de análisis que le corresponde a la auditoría del Enargas que está trabajando en eso, y que posiblemente le demandará unos meses más para arribar a conclusiones. El punto central es si se cumplió con las inversiones obligatorias, porque las tarifas que recibían remuneraban lo que las empresas invertían. Esto está siendo estudiado y oportunamente tendremos las conclusiones.

¿Qué balance hace de las audiencias públicas?

Hubo informes y presentaciones que estamos analizando. Pero fue notorio el rechazo casi unánime a los incrementos de tarifas que pretendían las empresas prestadoras del servicio. También fue casi generalizada la queja y la demanda de los usuarios por el impacto de las pandemias, no sólo la del covid 19 sino además la pandemia neoliberal. El reclamo es que las tarifas se puedan pagar, y el criterio que sostenemos desde el gobierno, por instrucción del presidente de la Nación, es que la posibilidad de pagarlas se tiene que medir en función de las posibilidades del presupuesto familiar.

No olvidemos que el 40% del universo de los usuarios residenciales terminó en condición de moroso el período macrista, a fines de 2019. Estamos hablando de 8 millones de usuarios. Y si ese mismo indicador se lo calculamos a las pymes, resulta que el 50 por ciento o más terminaron endeudadas.

El congelamiento arrancó en el gobierno de Macri y continuó con el actual, es lo que aducen las empresas para considerarse victimas de este proceso.

No es la continuación de la misma política, sino que el gobierno actual empezó a regularizar las tarifas el año pasado. Lo hizo mediante un congelamiento que tuvo que ver con la pandemia y la definición de nuevas reglas. Como muy bien explicó el gobiernador Axel Kicillof, Macri congeló las tarifas en septiembre de 2019 y eliminó el aumento de octubre por razones puramente electorales, porque si ganaba las elecciones su intención era en febrero de 2020 "poner al día" a las concesionarias con un nuevo ajuste. Fue la decisión de Alberto Fernández lo que extendió el congelamiento a todo 2020, evitando que las tarifas aumentarán 85% en febrero como pretendía Macri. Y si en este mes de abril descongeláramos las tarifas siguiendo el criterio de ajustes que habían establecido Macri y Aranguren, ahora tendríamos un aumento del 130%.

No vamos a dejar que eso ocurra ni las distribuidoras lo van a pedir. Porque son concientes de que la morosidad no sólo es consecuencia de la situación económica y el deterioro de los ingresos, sino también del incremento exponencial de las tarifas. Paradójicamente, resultaron perjudicadas por la dolarización del gas, porque les aumentó los costos pero provocó que las tarifas fueran insostenibles. Puso en jaque a toda la cadena.

¿Qué tarifas van a surgir después de estas audiencias?

Todavía estamos en el análisis de las presentaciones, no puedo hablar de números concretos. Recién lo podremos hacer en un par de semanas. En mi presentación, que abrió la audiencia, dejé en claro qué entendemos por tarifas justas y razonables. Esto quiere decir tarifas socialmente accesibles, que se puedan pagar en función de los ingresos familiares. El sentido es recuperar la prestación del gas como un derecho social.

¿Las empresas aceptarán esos criterios?

Las concesionarias del transporte y la distribución son conscientes de la situación compleja en que nos encontramos. Son conscientes de que se transitó por un sendero insostenible de tarifas. Ya en 2017 y 2018 el gobierno de Cambiemos entró en problemas de diferimientos de pagos, mientras que del lado de los usuarios vivieron el estado de creciente morosidad. No quieren que eso se repita. Lo que le estamos proponiendo, en cambio, es un escenario en el que la energía sea un derecho social, ellos presten el servicio con una rentabilidad razonable pero ofreciendo garantía de mantenimiento de las redes.

¿Cómo se hace para transformar el gas por redes, de mercancía a derecho social?

La propuesta que hicimos al cierre de la Audiencia Pública es convocar a un debate a la ciudadanía para que se encuadre el tema de la energía de otro modo, poniendo el foco en el ser humano y en la energía como una necesidad. Como es el derecho a la salud. La expansión del servicio de gas por redes no se puede medir en función de su impacto en el déficit fiscal o en el comercio exterior para decidir si se lleva a cabo o no. No se decide así en salud o educación. Son derechos sociales que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, no mercancías de una canasta en la que saco una para poner otra. Durante cuatro años se aplicó ese criterio mercantil y ya vimos lo que pasó: en vez de impulsar las inversiones, creció exponencialmente la pobreza energética y se puso en jaque a toda la cadena.

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