La cruda realidad

Por Horacio Rovelli

La deuda externa como mecanismo de despojo y de dependencia

(Por Horacio Rovelli) En toda la historia Argentina la deuda externa se utilizó para detraer riquezas, afianzar la dependencia al capital extranjero y beneficiar a una minoría en desmedro de la mayoría de la población que termina abonando la misma “con sangre, sudor y lágrimas”, como dijo en el año 1877 el por ese entonces Presidente de nuestro país, Nicolás Avellaneda. Deuda que no se tomó en la guerra de la independencia, sí lo hizo la burguesía comercial porteña que se endeudaba hipotecando los destinos del país, cuando Bernardino Rivadavia, como Ministro de Martín Rodríguez en 1824, tomó el crédito con la Baring Brothers, cediendo en garantía del empréstito la hipoteca de todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su venta (se cedía su uso en enfiteusis, mediante el cual se arrendaban contra el pago de un canon). La deuda fue de un millón de libras esterlinas, una parte menor llegó al país para financiar las importaciones principalmente de Inglaterra, pero se terminó pagando más de veinte veces esa suma hasta saldarla en la presidencia de Manuel Quintana (quién antes y después de ser Presidente de la República fue abogado principal del Banco de Londres en el Río de la Plata), en el año 1904.

Deuda ampliada por el gobierno de Bartolomé Mitre en 2.500.000 libras esterlinas para financiar la guerra contra el Paraguay, y vuelta a refinanciar y a ampliar en todos los gobiernos conservadores que sucedieron a Mitre hasta el gobierno constitucional de Don Hipólito Yrigoyen. La crisis de 1890 demostró palpablemente que el país para pocos era incluso insustentable por la deuda y la necesidad de importar la mayoría de los bienes industriales, principalmente de Gran Bretaña, a la vez que el precio de nuestras exportaciones también lo fijaba Gran Bretaña, de donde eran la mayoría de las embarcaciones comerciales y el seguro.

Yrigoyen impulsó desde el Estado la defensa de cierta independencia, se desendeudó como lo hicieron todos los gobiernos nacionales y populares, protegió a la producción y al consumo nacional, y propició el desarrollo y la nacionalización de los principales resortes de la economía del país: “La política del Poder Ejecutivo es mantener en poder del Estado la explotación de fuentes naturales de riqueza, cuyos productos son elementos vitales del desarrollo del país... El Estado debe adquirir una posición cada día más preponderante en las actividades industriales que respondan principalmente a la realización de servicios públicos” H.Yrigoyen

Con la crisis del 30 se derrocó al gobierno constitucional y los conservadores retomaron el camino de la deuda y de la dependencia con Gran Bretaña, que incluso llevó al vergonzante Pacto Roca-Ruciman que le aseguró al imperio alimentos a bajos precios y se les permitía a sus empresas remitir sus utilidades en oro.

Se produce la Segunda Guerra Mundial y nuestro país le vendió a los dos frentes, lo que generó un fuerte superávit que acumulado permitió cancelar toda la deuda externa e incrementó las Reservas Internacionales del BCRA (Banco Central de la República Argentina); en esa época los estancieros y exportadores ahorraban en pesos fuertes; el peronismo ya en el gobierno nombra Presidente del BCRA a Don Miguel Miranda, quién duplicó la base monetaria (la cantidad de billetes emitidos y puestos en circulación por el Banco Central) y de esa manera transfirió recursos de los exportadores a los trabajadores y a la industria, y estatizó los FFCC y los teléfonos que eran ingleses.

Pero esa independencia económica duró hasta septiembre de 1955 en que lo derrocan a Perón y se acuerda con el nuevo fiscalizador de la deuda que es el FMI (Fondo Monetario Internacional), que siempre propone la misma receta para conceder créditos, que ahora se denomina Programa de Ajuste Estructural (PAE) y que consiste básicamente en reducir el desequilibrio fiscal de los países prestatarios a como dé lugar, por ejemplo reduciendo salarios y gastos sociales, y a levantamiento de restricciones a la importación y a la exportación con lo que ello implica sobre nuestro trabajo y nuestra producción (sustitución inversa, se importa lo que debemos y podemos producir)

Llega al gobierno de Arturo Frondizi y propicia la inversión extranjera principalmente en petróleo y en la industria automotriz. Estrangulado el sector externo por los intereses de la deuda, la compra de equipos y el giro de utilidades de las empresas extranjeras, quisieron compensarlo con un fuerte ajuste del gasto público incluyendo el congelamiento salarial, para ello reemplazan a Rogelio Frigerio por Álvaro Alsogaray quién anuncia el plan con su frase “Hay que pasar el invierno”, abriendo un período de resistencia de gran parte de la población, se decidieron paros, planes de lucha y ocupaciones de fábricas que el gobierno respondió con represión generalizada aplicando el Plan Conintes (Conmoción interna del Estado).

Con la proscripción del peronismo ganó Arturo Illia la presidencia de la República que asumió el 12 de octubre de 1963. Retomó la defensa acérrima del mercado interno, canceló los leoninos contratos petroleros, controló las inversiones y los precios de empresas extranjeras en las automotrices y en medicamentos, y fijó el control de cambio. En tres años de gobierno, Illia logró superar la dura recesión heredada. Durante 1964, el PBI aumentó en un 10,3% y, al año siguiente, fue del 9,1%, una extraordinaria cantidad de bienes y servicios adicionales puestos a disposición de la sociedad. La actividad de las industrias manufactureras, que representaban entonces la tercera parte del PBI (la producción agropecuaria era un sexto), registró un aumento del 18,9% en el primer año y del 13,8% en el segundo, y su participación en el PIB en 1964 fue del 32,5% y alcanzaría en 1965 el récord histórico de participación del PIB del 33,9%, ni antes ni después logrado.

Ante la suba constante de los precios de los empresarios y la falta de acción del gobierno para impedirlo, más el desgaste permanente de la CGT conducida por el “vandorismo”, que le hace decir años más tarde a Andrés Framini, el Gobernador electo de la Pcia. de Buenos Aires en las elecciones de marzo de 1962: "Había un pacto militar sindical para sacarlo a Illia del poder. Muchos no estábamos de acuerdo pero sí los que manejaban más la cosa: Vandor, Coria, Alonso". También es claro el trabajo de inteligencia de la embajada de los EEUU en los medios, con la burocracia sindical y con las FFAA.

El golpe de Estado del 28 de junio de 1966 para derrocar a Illia se genera con el pretexto de impedir las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero estaba patrocinado por la embajada y las empresas extranjeras, y tenía como ariete popular a la burocracia sindical que, de saco y corbata, fue a la asunción como presidente de facto del General retirado Juan Carlos Onganía, recibiendo a cambio la administración de las obras sociales.

El plan benefició a las grandes empresas y sobre todo a las extranjeras, de manera tal que mientras para 1956, unas 75 de las 100 grandes empresas censadas por la revista “Panorama de la Industria Argentina” eran argentinas, para 1967 la participación había descendido a sólo 50 empresas, y en 1970, el predominio de las empresas extranjeras ya era decisiva, onda que siguió cuando observamos que en la encuesta del ENGE - INDEC del año 2013, de las 500 primeras empresas 315 eran de capital extranjero. Esto es, no es que nuestra burguesía sea una maravilla, al contrario, es rentística y se apoya en el Estado para desarrollarse, pero con Onganía se recomienza el proyecto de extranjerización y subordinación al capital financiero internacional de la época de Frondizi.

Los conflictos sociales fueron incrementándose de manera tal que en el año 1969 se producen una serie de incidentes estudiantiles y obreros. En Rosario, Corrientes y Resistencia por el cierre del comedor escolar mueren Juan José Cabral y Adolfo Bello. En Córdoba la agitación sindical es por las quitas zonales y la supresión del sábado inglés, lo que genera la movilización de conductores de ómnibus y de trabajadores mecánicos de IKA-Renault, y el llamado a una huelga general seguida de agitación estudiantil. Los dirigentes sindicales cordobeses, con el apoyo de la CGTA (Confederación General del Trabajo Argentino, liderada por Raimundo Ongaro) organizan el 29 de mayo una marcha sobre Córdoba. Al sumarse los estudiantes y buena parte de la población, se genera un motín que desborda a la Policía. Interviene el Ejército, que debe enfrentar barricadas y francotiradores. Hay catorce muertos según las cifras oficiales, numerosos heridos y detenidos, entre ellos los dirigentes sindicales Agustín Tosco y Elpidio Torres, condenados luego por un tribunal militar a ocho y cuatro años de cárcel respectivamente.

Las luchas obreras, la aparición de organizaciones armadas, y los serios problemas económicos reflejados en la inflación y en la caída del PIB, obligan a las fuerzas armadas usurpadoras del gobierno a llamar a elecciones. La llegada del gobierno popular estuvo condicionada desde el principio por las grandes empresas extranjeras que operan en nuestro país y los grupos locales más concentrados, que se opusieron al plan pergeñado por un importante sector empresarial nacional distribuido en todo el país, encabezado por la Confederación General Económica que, apalancado sobre los trabajadores, proponían un acuerdo con el Estado que básicamente invertiría en infraestructura y a la vez mediante planes promocionales permitiría que crezca más la burguesía nacional que la extranjera. Esto se plasmó en el denominado Pacto Social (“congelamiento” de salarios y precios, con nacionalización del crédito y del comercio exterior) y se proyectó en un plan trienal de crecimiento y expansión de los mercados internacionales con los países del este europeo.

Muerto Perón el 1 de julio de 1974, el avance de las grandes empresas locales y extranjeras fue sistemático, el solo hecho de abrir el comercio a Rusia y obligar a las empresas automotrices extranjeras, principalmente de los EEUU, venderle a Cuba, condicionaban la política de apoyo a la burguesía local poniéndole fin a la experiencia, con lo que José Ber Gelbard debió renunciar el 21 de octubre de ese año.

La lógica del capital monopolista fue la que primó, quienes se fijaron como objetivos el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Sumados al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación), a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales.

“Rodrigazo” mediante, plan inspirado y guiado por Ricardo Mansueto Zinn, hombre del Grupo FIAT (y miembro del “grupo Azcuénaga” que fueron los que elaboraron el plan económico de Martínez de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL - MACRI) que fue Vice Ministro de Celestino Rodrigo en junio de 1975, quién en agosto del año 1976 publicara un libro titulado “La Segunda Fundación de la República, y en él va a sostener: “… cuando un país cae en la decadencia, la única salida posible es el aniquilamiento de un modelo para reemplazarlo por otro”.

En ese marco se produce el golpe militar del 24 de marzo de 1976 con el objetivo de romper la alianza de hecho entre los trabajadores y las empresas que venden al mercado interno y que necesitan del poder adquisitivo de la población para acrecentar sus ventas.

El Profesor Mario Rapoport va a decir: “A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros”.

El plan de la dictadura militar respaldado en las fuerzas armadas y el control militar de la Nación, es de una estructura muy sencilla y se instrumenta en tres medidas básicas:

a) Retrasar el tipo de cambio (Ejecutado por Martínez de Hoz en una “tablita” cambiaria que prefijaba el valor del dólar muy menor al del crecimiento de los precios)

b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas para arancelarias (desprotección aduanera)

c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar

De esa manera propiciaba el ingreso de capitales especulativos atraídos por tasas de interés que eran mayor que el crecimiento de los precios y muy superior a la evolución cambiaria, a su vez que se encarecía el crédito a las empresas y a las personas, siendo confiscatorio de su capital, generando una brutal transferencia de la producción y del consumo al favor del sector financiero, basándose en el excedente de los países petroleros árabes, con lo que el sistema financiero mundial debía colocar los petro-dólares, a tasas muy bajas. La burguesía local pedía préstamos en el exterior (en dólares) a bajas tasas y compraban títulos públicos o acciones o depósitos a plazo fijo en pesos, ganando la diferencia y luego se volvían al dólar retirando la renta. Renta que se abonó con más endeudamiento externo y cuando no se pudo pagar ni los intereses de la deuda (default), se cedieron los más preciados activos públicos: YPF, FFCC, SEGBA, Gas del Estado, se privatizaron las rutas, puertos y hasta el sistema previsional, etc.

En ese lapso juega un papel destacado el FMI como orientador de la política económica de todos los gobiernos que deben subordinarse a sus recomendaciones en interminables acuerdos stand by y de condicionamientos suscriptos desde fines de 1975 hasta el 25 de mayo del año 2003.

Esto es, tras la derrota en Malvinas, los sectores beneficiados por la acción dictatorial se plantearon el inevitable reemplazo del gobierno militar por otro civil que les permitiera y les garantizara junto a la primacía en las decisiones, traspasar su deuda a la población, cuya maniobra iban a perfeccionar con el arribo del gobierno constitucional que iba a legitimar la deuda “estatizada” por los seguros de cambio. Pero la gran banca nacional y extranjera presionó por el reconocimiento de toda la deuda y el pronto y mayor pago posible de los servicios de la misma. El 18 de febrero de 1985 Bernardo Grinspun echó del Ministerio de Economía a Joaquín Ferrán representante del FMI en la Argentina, el 19 Alfonsín le pidió la renuncia, el plan de legitimar la deuda externa y de acordar con los grupos económicos locales se ponía en marcha. En marzo de ese año, el presidente viajó por segunda vez en su mandato a Estados Unidos y, subrayó la necesidad de adoptar medidas de reforma estructural del Estado y de privatizaciones, de manera acorde con la filosofía ortodoxa de los financistas y empresarios norteamericanos (Plan Houston).

Asume en reemplazo de Grinspun, Juan Vital Sourrouille con un equipo compuesto por Mario Brodersohn, Adolfo Canitrot, José Luis Machinea y Roberto Frenkel, entre otros, y aplican un plan de ajuste ortodoxo con cambio de la moneda que se denominó Austral, con el apoyo del FMI y de la Reserva Federal de los EEUU; el por ese entonces Presidente de su Directorio, Paul Volcker, que sólo había venido a nuestro país a pescar truchas en los lagos del sur argentino, avaló con su presencia el acuerdo. Con fecha 1 de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar (y por ende firmado por nadie, por funcionarios de un régimen de facto) a los que la gestión de Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina” firmados por las autoridades puestas por el gobierno constitucional.

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El desmanejo de la Deuda y su empleo en las privatizaciones

El reemplazo adelantado de Menem por Alfonsín tras una impresionante corrida cambiaria es fisgoneado por los grandes grupos locales y la banca extranjera para “cerrar” el circuito de la legitimación de la deuda, ante un Estado insolvente por la magnitud que la misma había alcanzado y por la suba sistemática de los intereses, que se reflejó cuando el 6 de febrero de 1989 el por ese entonces presidente del BCRA, José Luis Machinea reconoció que no podía cambiar un dólar más, dado que las reservas internacionales no alcanzaban a los U$s 500 millones. Ese día, el tipo de cambio oficial era de Australes 37,62, paso la barrera de los Australes 100 en abril y el 9 de julio de 1989 cuando asumió anticipadamente la presidencia de la República Carlos Menem fue de Australes 650.-. Pero siguió la corrida cambiaria y el 1° de abril de 1991, cuando comienza el plan de “Convertibilidad”, el tipo de cambio fijado fue de Australes 10.000.- por un dólar americano, con lo que en un poco más de dos años el tipo de cambio creció en un 266 veces; la híper inflación es hija de la híper devaluación de nuestra moneda.

Semejante dislate demuestra que la valorización financiera del capital se convirtió en el eje ordenador de las relaciones económicas, con lo que la deuda externa para el sector más concentrado y oligopólico deja de ser fuente de financiamiento de la inversión real y es un mecanismo de despojo y dominación.

Inmediatamente asume Menem y envía al Congreso de la Nación los proyectos de Reforma del Estado y de Emergencia Económica que se convierten en las leyes 23.696 y 23.697 respectivamente, que dieron la cobertura legal para las privatizaciones que se realizaron con el fin de laudar y dar una respuesta al conflicto desatado en la década anterior entre los grupos económicos locales y los acreedores externos (representados por el FMI) por el pago de la deuda. En ese momento, la incapacidad de poder pagar la deuda externa hace que el gobierno radical deba dejar de subsidiar a los grandes contratistas del Estado (disminución de la obra pública, limitación a las promociones industriales y otros tipos de promociones impositivas; desprotección arancelaria y cambiaria, etc.), para poder “honrar” la misma. Menem, no bien asume como Presidente de la República, plantea la Reforma Económica y la Reforma del Estado como un medio para superar la crisis, donde la venta de las empresas públicas permite:

  • Restablecer el pago a los acreedores externos.

  • Asegurar a los tenedores de títulos públicos una fuerte recomposición de su valor, al poder emplearse los bonos a su valor nominal como parte de los aportes de capital en las privatizaciones.

  • Permitir la entrada de la Argentina al Plan Brady y con ello, poder zanjar la brecha financiera para “honrar” la deuda.

En un principio y por ley, en todas las privatizaciones las UTE (Unidad Transitoria de Empresas) que participaban en las privatizaciones, debían contar con una empresa de capital nacional, pero luego vendieron su parte y, de esa manera la creciente presencia del capital extranjero sobre ellas, las altas tasas de ganancias con que operaron ante un mercado cautivo y estratégico, hace que su predominio sea absoluto, como lo demuestra que de las primeras 20 –veinte- empresas que más facturaron en el país en el año 2001, 17 –diecisiete- sean extranjeras (Repsol YPF; Grupo Promodies; Telecom.; Telefónica; Techint; Cargill; Shell; Grupo Philips Morris; Disco.Ekono; Carrefour; etc.) y solo tres pertenezcan a grupos nacionales (Coto, Clarín y Pérez Companc), dibujando una estructura de la cúpula económica nueva, fundamentalmente extranjerizada , y por lo tanto más dependiente del exterior, y a nivel de toda la sociedad un perfil más regresivo.

El Plan de Convertibilidad

En 1991, bajo la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como Ministro de Economía se implementó por ley el plan de Convertibilidad, se determinó un tipo de cambio fijo que establecía que un peso (por la ley de presupuesto del año 1992 se cambió la moneda local de Australes 10.000 a un peso) sería intercambiable por un dólar. De esta manera el peso argentino se encontraba sobrevaluado, es decir, el dólar era demasiado barato, lo que hacía que todos los productos importados fueran también artificialmente baratos y que, al mismo tiempo, los productos argentinos fueran caros para los extranjeros. Además de las privatizaciones y la contracción del Estado, esta política monetaria fue una de las causas de la acelerada desindustrialización de la Argentina durante la década de 1990.Para sostener esa paridad cambiaria Argentina debió recurrir en forma indiscriminada al endeudamiento externo. Cuando el radicalismo accede al gobierno de la mano de De la Rúa en 1999, decide sostener la convertibilidad, de esta manera, la necesidad de dólares era cada vez mayor, porque el sobreendeudamiento no se empleó para alcanzar un mayor crecimiento o una mejora en la distribución de la riqueza, sino para sostener un esquema financiero que beneficiaba al capital oligopólico extranjero y nacional que opera en el país.

Se aplica una vez más la receta del FMI con su monitoreo constante, Obviamente la resistencia a la desocupación y al ajuste fiscal con el fin explícito de pagar a los acreedores a como dé lugar, hicieron que renunciara Machinea y durara solo una semana su reemplazante López Murphy, y es allí que vuelve Domingo Cavallo al ministerio, y vuelve habiendo acordado con determinados bancos (Francés, Santander –Río, Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan, y Credit Suisse First Boston) y con el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford, que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston.

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La idea era extender los vencimientos en 5 – cinco- años de plazo, reconociendo tasas del 18 al 22% anual en dólares, con lo que dejaba al descubierto la frágil situación financiera del país. Esa situación provocó la corrida de los depósitos y su conversión al dólar, lo que impuso el “corralito” para restringir las extracciones de los bancos, el descontento fue tomando una magnitud tal que primero se llamó al estado de sitio, segundo la gente sale a la calle y se le reprime violentamente, de manera tal que en el país entre el 18 y el 19 de diciembre de 2001 fueron asesinados por las fuerzas de seguridad 38 –treinta y ocho- personas, el Presidente De la Rúa huye en un helicóptero de la casa rosada y la población se convocó en las calles al grito de que se vayan todos.

El modelo perverso de sustituir producción local por importaciones y financiarse con deuda colapsó en el año 2001, pero el descontrolado incremento del precio del dólar hizo que se caiga fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores (relación inversamente proporcional entre el poder adquisitivo del salario y el valor de la divisa norteamericana), empujando a la mayoría de la población a la pobreza y a una parte considerable de ella a la indigencia.

La implosión del modelo de valorización financiera se explica por la constante y creciente fuga de capitales que en el año 2001 fue de 29.913 millones de dólares, que se realizaron a través de múltiples firmas controladas, a lo que se sumó que esos mismos empresarios que tenían deuda en dólares en el mercado local se le “pesificó” la misma, fijándolo a un tipo de cambio de un peso un dólar, pero la devaluación real fue incontrolable, en el mercado paralelo y en Montevideo en abril del año 2002 se cambiaba el dólar a 4 –cuatro- pesos lo que impactó en el poder adquisitivo del salario.

Los grandes beneficiados fueron el grupo Pérez Companc, el grupo Techint, el grupo Clarín, SOCMA (Sociedad Macri),el grupo Bulgheroni y empresas como Cargill SA, Telefónica Argentina SA, Repsol SA, Telecom Argentina SA, Nidera SA, Shell SA, Esso Argentina SA, Bunge Cerval SA; IBM Argentina SA, SA Louis Dreyfus y Cía, Ford Argentina SA, Renault Argentina SA, etc., los artífices fueron entre otros José Ignacio De Mendiguren, Ministro de Producción y Jorge Todesca Vice Ministro de Economía del gobierno de Duhalde

En ese contexto se siguió reprimiendo las manifestaciones de reclamo y disconformidad, produciéndose la muerte de los jóvenes Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002 en la localidad de Avellaneda, su sangre generosa obligó al gobierno de Duhalde a llamar a elecciones donde ganó en la segunda vuelta Néstor Kirchner.

El tratamiento de la Deuda Externa en el gobierno de los Kirchner

Fue Néstor Kirchner el que pergeñó el canje de los títulos de la deuda con una quita de un 65% de la misma y reescalonar los plazos que habiéndose realizado en los años 2005 y 2010 alcanzan al año 2038. Cuando asumió Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 la deuda externa representaba el 160% de lo que producíamos, al 31 de diciembre de 2015, último dato de deuda externa Argentina del gobierno de los Kirchner, la misma ascendía a un total de 222.703 millones de dólares, que es el 42,8% del PIB, pero además, de esa suma, 132.421 millones de dólares estaba en poder del mismo sector público nacional (BCRA; Banco de la Nación Argentina, Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, BICE, Fondos Fiduciarios, etc.), por ende la deuda externa en poder de los privados y organismos de créditos internacionales era de 90.282 millones de dólares que representa solo el 18% del PIB. Más allá de la patraña de los fondos buitres avalado por la justicia norteamericana, lo cierto es que la deuda dejaba de ser un condicionante del país. Una deuda externa que por su monto y sus vencimientos era totalmente administrable y hacía que se destinara menos del 2% de lo que producimos por año para cumplir con ella.

En la campaña para presidente Mauricio Macri sostuvo que había que cumplir con la sentencia del Juez Griesa y pagarle el 100% a los “hold out”[1].Tanto su ministro de Hacienda y Finanzas del comienzo de la gestión (Alfonso Prat Gay) como el Secretario de finanzas y después ministro (Luis Caputo), dos empleados jerárquicos del JP Morgan, se abocaron desde el primer día de su designación (y aún antes en forma oficiosa) a acordar con los tenedores de los títulos que no habían ingresado a los dos canjes del gobierno de los Kirchner, de allí que se reúnen con el representante del juez y mediador Daniel Pollack, quién fue el que anunció que las partes alcanzaron un principio de acuerdo por una suma de 4.635 millones de dólares, que fue abonada en efectivo el 14 de abril 2016 con la condición previa y cumplida que el que el Congreso de la Nación apruebe dicho pago y que derogara las denominadas “Ley Cerrojo” y la “Ley de Pago Soberano”.

El gobierno de Macri solicita autorización para endeudarse al Congreso de la Nación en la ley de Presupuesto Nacional 2016, que contempla un aumento de la deuda externa en 23.400 millones de dólares, a lo que se le debe sumar los 16.500 millones de esa moneda para pago a los holdouts, y otros (recordemos que el gobierno se endeudó en 4.000 millones de dólares más para financiar el gasto público), lo que conforma un sub total 39.900 millones de dólares, a los que se le agrega los intereses devengados de la deuda del año por 12.400 millones de dólares: TOTAL 52.300 millones

A su vez en la Ley de Presupuesto del año 2017 amplia la deuda en 38.200 millones de dólares y se prevé el pago de intereses por 13.800 millones de dólares. TOTAL: 52.000 millones de dólares.

Quiere decir que en dos años de gestión Macri se endeuda por el 46% del stock de deuda externa al 31 de diciembre de 2015.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que el modelo pergeñado por el macrismo, tiene como acicate el ingreso de capitales a los que le reditúan la perniciosa combinación de revaluación cambiaria y altas tasas de interés, que como ha sucedido en su momento, con Martínez de Hoz y con Cavallo, parten primero de una brusca devaluación para después permitir que, por el ingreso de capitales, se retrase el tipo de cambio, con ello se favorecen las importaciones, y el resultado es la desindustrialización y la menor producción en general, con la desocupación de empleo y de factores que genera.

Esto es, en lugar que el tipo de cambio lo fije la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, lo fija la Cuenta de Capital atraída por la perniciosa combinación de atraso cambiario y altas tasas de interés, base de la inconsistencia del modelo macrista que es la antípoda de los países que crecen, esencialmente los del este asiático en general y de China en particular que combinan bajas tasas de interés con tipo de cambio competitivo

El modelo macrista es insustentable, significa ganancia rápida y no supera el corto plazo. Los empresarios lo aplauden, pero ninguno invierte, tratan de sacarle todo lo que pueden: desgravaciones impositivas, que no los fiscalicen, que puedan seguir importando lo que quieren y sustituir producción por productos extranjeros (desde un alimento a un auto), que le dejen seguir fijando libremente los precios con las altas tasas de ganancia (por ejemplo la leche, a comienzos del año 2017 le pagan al tambero $ 4 o en el mejor de los casos $ 5.- por litro y lo venden a no menos de $ 20.-, peor pasa con la yerba que le pagan al productos $ 4 o $ 5 el kilo y la venden en los supermercados a $55.- o $ 60.-). EEUU y el FMI lo aplauden pero para colocar los productos excedentes que no venden por la recesión mundial.

Conclusión

La deuda externa ha sido el mecanismo de enriquecimiento de los sectores más concentrados de la economía que operan en el país, quienes se endeudaron y lograron traspasar el grueso de esa deuda al Estado nacional, y con ello a la población. Paralelamente fugaron capitales porque se le da todas las posibilidades para que compren y extraigan divisas de la Argentina, esto explica porque la Argentina tiene el raro privilegio de ser la única nación cuyos residentes más ricos, poseen activos financieros (por fuga de capitales) de similar magnitud de su PBI (la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en el país en un año).

Los gobiernos democráticos de Hipólito Yrigoyen, Juan Perón, Arturo Illia y los de los Kirchner lograron reducir la deuda externa y reorientar la economía para un crecimiento autosostenido basado en el mercado interno, donde prevaleció el crecimiento de los salarios y el de la producción en desmedro del capital financiero. Todos los demás gobiernos se subordinaron en mayor o menor medida y la burguesía local adoptaron el rol de socio menor en el mejor de los casos, modelando un país dependiente al capital financiero internacional y funcional a sus intereses

Con el gobierno de Macri se retorna al modelo de valorización financiera del capital, que solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, en ese marco no puede existir proyectos de inversión productiva, se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, máxime cuando no ponen ningún límite, al contrario y por eso lo hacen, facilitan la fuga persistente de divisas del país, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza en el presente y en el futuro, con un efecto anestésico por el ingreso de dólares para un sector de la población en la actualidad, pero insustentable en el tiempo.

Referencias

[1]El informe oficial sobre la deuda muestra también que los pasivos "no presentados al canje", es decir la deuda no performing que en algunos casos todavía se dirime en tribunales internacionales., asciende a 8.468 millones de dólares al 31/12/2016

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPA (Economía Política para la Argentina).

(*) Fuente: Tecla Eñe

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