La cruda realidad

Por Sebastián Premici

La apropiación originaria de tierra de la Sociedad Rural Argentina

(Por Sebastián Premici) El último comunicado de la SRA difundido el 8 de agosto remite en varios a aspectos a una solicitada de la misma entidad publicada en marzo de 1977, al cumplirse un año del Golpe Cívico Militar.

En el `77 y en el 2017, la SRA afirmó que una parte de la sociedad era “víctima del hostigamiento y el violento ataque de grupos delictivos”. Hace 40 años, los destinatarios de esas palabras eran las organizaciones guerrilleras y ahora, el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El pasado 5 de agosto, el actual presidente de esta entidad, Luis Miguel Etchevehere, fue un poco más allá en una nota publicada por el diario La Nueva Provincia (histórico house organ de los militares, conducido por la familia Massot), al sostener que en la Argentina debería haber “seguridad institucional” y eso requería hacer lo que acontece en Brasil. Si bien no lo dice textual, bien podemos intuir que hablaba de la persecución política hacia Lula Da Silva bajo la excusa de la corrupción o su aval al derrocamiento de Dilma Rouseff por mismas excusas. La contracara de esa persecución política es, para Etchevehere, la reforma laboral (flexibilización neoliberal) propuesta por Temer.

Ya sea en 2017 como en 1977, la Sociedad Rural Argentina persigue los mismos objetivos. Su estirpe es la apropiación originaria de recursos, el apoyo a todos los Golpes de Estado ocurridos en el país y la consolidación de un esquema económico donde muy pocos sean los más beneficiados.

El comunicado de la SRA sobre la comunidad mapuche está en sintonía con las pretensiones del Gobierno nacional –de la mano de Patricia Bullrich- de construir un chivo expiatorio (RAM) a partir del cual profundizar la estirpe represora de los integrantes de la Alianza Cambiemos, que es compartida por la historia misma de la Sociedad Rural.

Los medios hegemónicos porteños podrán ocultar la verdadera cara de la Sociedad Rural, pero nadie puede escapar de su propia historia. La Historia violenta de la SRA fue construida sobre la base de una violencia originaria, una apropiación originaria de poder, de tierras, de riqueza.

La Campaña del Desierto estuvo organizada para establecer las fronteras del Estado nación y fue financiada por quienes se apoderaron de las tierras usurpadas durante la expansión territorial. A partir de la ley 947 se beneficiaron 391 personas con 8.548.817 hectáreas repartidas en La Pampa, Río Negro y Neuquén (Jorge Páez –La Conquista del Desierto).

La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882, por su parte, puso a disposición de enormes terratenientes la cifra de 5.473.033 hectáreas de tierras fiscales pampeanas y patagónicas y lo mismo ocurrió con 820.305 hectáreas fiscales vendidas a un centenar y medio de particulares, a través de la ley 1552, titulada de “derechos posesorios”.

El 5 de septiembre de 1885 fueron otorgadas 4.679.510 hectáreas en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego a 541 personas.

En total, para aquel año ya se habían “transferido” desde el Estado a los grandes terratenientes un total de 19.621.665 hectáreas. Jacinto Oddone elevó a poco más de 34 millones de hectáreas de tierras entregadas, en donde 24 terratenientes habían engrosado sus pertenencias con 200 y 650 mil hectáreas cada uno.

En 25 años fueron entregadas más de 30 millones de hectáreas, es decir el equivalente a la extensión de tierras que hoy están bajo cultivo en la Argentina. Cuando la Sociedad Rural reclama “el fin de la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur” lo hace parada sobre su estirpe represora, autoritaria, oligarca. Lo hace desde su pertenencia de clase, que coincide –otra vez- con los representantes del Poder Ejecutivo.

(*) Fuente: CadenadelSur

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